Por su parte, la Fiscalía Europea abrió recientemente sendas investigaciones a raíz de una denuncia del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid sobre posibles irregularidades en los contratos concedidos a las sociedades Vindoré 24k y Air Global Media, denuncia a la que respondió Ayuso publicando en Twitter los datos de los contratos con fechas y precios, y subrayando que "está todo correcto".
La Fiscalía archiva la investigación sobre los contratos vinculados al hermano de Ayuso
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, da carpetazo a los hechos denunciados por PSOE, Podemos y Más Madrid
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23/6/2022 13:29
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Actualizado: 15/3/2023 09:33
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La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante «la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales».
Así lo ha acordado en un decreto, con fecha de hoy, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, dando carpetazo a los hechos denunciados por PSOE, Podemos y Más Madrid.
«Esto es así porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción, porque no he tomado una sola decisión desde que soy presidente de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños», ha señalado Ayuso en el Pleno de la Asamblea.
Y se ha dirigido a la bancada de la izquierda para recordar que «ya van 20 veces contadas» que la han llevado a los tribunales y van «20 veces que la Justicia, jueces y fiscales, han dicho que son todo falsedades». Y ha denunciado que «han utilizado el Parlamento y las instituciones para manchar» su nombre. Ayuso ha dado las gracias al Grupo Parlamentario Popular, a su Consejo de Gobierno, «que lo ha pasado francamente mal durante estos meses», y «especialmente» al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque gracias a que ha confiado en ella hoy es presidenta del partido que sostiene a su gobierno.
Además, ha indicado que lo que ha pasado sería «como para pedir la dimisión de la izquierda al completo empezando por la líder de la oposición», Mónica García.
Luzón expone en el decreto que la investigación «no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el SERMAS -el Servicio Madrileño de Salud- o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet».
Tampoco consta, añade, que el hermano de la presidenta madrileña «aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación, no era en absoluto necesario para presentar la oferta».
En lo que se refiere a la facturación, el pago y el cobro de la comisión, califica el procedimiento seguido de «transparente». Y es así, explica, en tanto que Tomás Díaz Ayuso, «en su condición de autónomo, factura en su propio nombre, como persona física, y por el concepto real». Después «Priviet transfiere el importe» a su cuenta «y ambos cumplen con sus correspondientes obligaciones tributarias».
El fiscal jefe de Anticorrupción manifiesta que el hermano de la presidenta madrileña «ofrece una explicación coherente sobre su intervención en el proceso de venta de las mascarillas, que viene fundamentada tanto por el material documental aportado por su representación como por los diferentes testigos que han declarado».
Un relato que «no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas» por los partidos denunciantes y que, tras la práctica de diligencias, «no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar, siquiera sea provisionalmente, en una tesis inculpatoria», añade.
El cobro de la comisión «trae causa» del trabajo del hermano de la presidenta para Priviet, «consistente en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados».
Esta aportación, relata Luzón, «se produjo en la operación de venta de 250.000 mascarillas al SERMAS pero también en otras», como ha quedado «acreditado» por la representación de Tomás Díaz Ayuso con la aportación de documentación relacionada con varias ofertas realizadas por la empresa. Tomás Díaz Ayuso percibió una comisión de 59.203,52 euros en concepto de bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid.
Respecto a Isabel Díaz Ayuso, la Fiscalía pone de relieve que «no consta intervención directa ni indirecta de la presidenta en este expediente como tampoco de la mediación en su nombre de Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna».
En cuanto a una posible prohibición para contratar con Priviet por una situación de incompatibilidad, recuerda que «para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno».
«No resulta aplicable a Isabel Díaz Ayuso porque no ha intervenido en el procedimiento, habida cuenta de que el Consejo de Gobierno no es órgano de contratación en la Comunidad de Madrid. Solo tiene en algunos contratos de tramitación ordinaria la facultad de autorizar o aprobar su tramitación con carácter previo, por encima de determinados umbrales de precio máximo de licitación que, en el supuesto investigado, no se han superado», aclara.
INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA DE CONTRATOS COVID ADJUDICADOS POR EL GOBIERNO DE AYUSO A DOS EMPRESAS
Contra el archivo de la investigación no cabe recurso alguno, «sin perjuicio de poder ejercitar las acciones penales ante los órganos judiciales que considere competentes».
Luzón no realiza en el decreto «pronunciamiento alguno en lo concerniente a los posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y cohecho, en escrupuloso respeto del marco competencial de la Fiscalía Europea, según quedó establecido en el Decreto de la Fiscal General del Estado de 28 de marzo de 2022».
Ordena que se comunique lo resuelto al investigado, a los fiscales europeos a cargo del procedimiento FEU número 23/22 y al juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, en funciones de juez de garantías de dicho procedimiento.
A través de dos decretos del pasado 3 de junio, la Fiscalía Europea acordó las investigaciones tras una denuncia presentada en abril por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid sobre posibles irregularidades en los contratos concedidos a las sociedades Vindoré 24k, dedicada a la comercialización de vinos espumosos a los que se añaden partículas de oro, y Air Global Media, que tendría como actividad principal la radiodifusión.
La Fiscalía Europea asumió la competencia porque los contratos se nutrieron de fondos europeos, al tiempo que ha visto indicios de «un incremento artificial del precio».
La Comunidad de Madrid respondió a la noticia publicando en Twitter los datos de los contratos con fechas y precios, y subraya que «está todo correcto».
La información que ha publicado:
LA DENUNCIA DE UNIDAS PODEMOS
Según Unidas Podemos, a Vindoré se le habrían otorgado desde la CAM tres contratos entre marzo y abril de 2020 por un total de 7.740.000 euros para obtener material quirúrgico asistencial, de protección individual y de curas para abastecer al pabellón número 10 de IFEMA, donde se instaló un hospital de campaña para los enfermos covid.
En el caso de Air Global Media habría conseguido cuatro contratos entre mayo y junio de 2020 para la adquisición de material quirúrgico asistencial y de curas, mascarillas y monos, tanto para el hospital de IFEMA como para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), por un total de 10.060.500.
En ambos casos, los contratos se habrían tramitado mediante el procedimiento de emergencia, el órgano de contratación habría sido el SERMAS, y el órgano gestor habrían sido los órganos centrales y la subdirección general de gestión de los fondos europeos FEDER.
Unidas Podemos asegura en su denuncia que Vindoré habría obtenido unos beneficios «desmesurados», teniendo en cuenta la partida de aprovisionamiento y, en particular, la referida a «otros gastos de explotación», que ascendería a 10.772.635 euros.
Aunque no se excluye que una parte de dichos pagos se pudieran corresponder con pagos de transporte, señala que la CAM habría sufragado el flete de vuelos con material de protección sanitaria que podrían referirse al material suministrado por Vindoré, añadiendo que en cualquier caso el coste del transporte no sería por un importe tan elevado como 10 millones de euros.
Sobre Air Global manifestó que habría multiplicado casi 50 veces su cifra de negocios durante el estado de alarma, advirtiendo de que podría haberse usado como sociedad instrumental para recibir los contratos de emergencia y ocultar el reparto de pagos de comisiones millonarias.
La Fiscalía Europea explicó que, una vez iniciadas estas pesquisas, se centrará en «la comprobación de los hechos y la concreción de posibles indicios de la comisión de hechos delictivos, cuyos contornos aparecen en este momento difusos, sin que se disponga de elementos que determinen en este momento procesal la concreta imputación de ninguna persona».
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