La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado hoy un decreto en desarrollo de su decreto del pasado 15 de abril relativo a la reordenación de servicios del Ministerio Público.
Entre las medidas acordadas destaca que continúa siendo una prioridad evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos, potenciando para ello el uso de videoconferencias y el teletrabajo; y que la tramitación y remisión de los procedimientos a los juzgados se realizará de forma escalonada, teniendo en consideración las limitaciones de personal de las oficinas de fiscalía y de los órganos judiciales.
Asimismo, señala que la prioridad en el despacho de procedimientos no debe responder necesariamente a un orden estrictamente temporal o cronológico, como ocurre en condiciones normales, sino que las/los fiscales procurarán priorizar en su tramitación aquellos procedimientos en los que se aprecie un interés público o social, aquellos tramitados por hechos en los que se vean afectados los bienes jurídicos personales de las víctimas y aquellos otros que afecten a colectivos especialmente vulnerables.
Pinchando aquí puede descargarse este decreto complementario, y aquí el del 15 de abril.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha propuesto hoy las primeras 30 medidas urgentes de un total de 60 con el fin de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada.
Según ha indicado, con estas medidas, que han sido enviadas hoy al Ministerio de Justicia, «se pretende mejorar el servicio público, de acuerdo con la vocación de satisfacer el interés general y los derechos de la ciudadanía como principios que informan la actuación del Ministerio Fiscal».
Entre ellas ha propuesto la potenciación del protocolo de actuación para las conformidades en juicio, la creación de órganos de enjuiciamiento de guardia, la asunción por la Agencia Tributaria de toda la ejecución dineraria líquida, sea cual sea su naturaleza, la profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad, así como la actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales.
