El empresario mallorquín Bartolomé Cursach ha negado hoy ante el juez que insultara al antiguo instructor del ‘caso Cursach’, Manuel Penalva, llamándole «subnormal» cuando acudió a las dependencias judiciales a entregar su pasaporte tras salir de la cárcel en abril de 2018.
Según el juez Penalva, que ha declarado como testigo, dos funcionarias, las tramitadoras del ‘caso Cursach’, le contaron que el empresario se había referido así sobre él hasta en tres ocasiones.
Según ha explicado, éstas escucharon a Cursach hablando con su abogado sobre la entrevista que él había dado esa misma mañana en relación a su preocupación por los testigos protegidos de la causa y en esa conversación fue cuando lo insultó.
Además, Penalva ha calificado como una humillación que le insultaran ante el personal de su Juzgado, el de Instrucción número 12 de Palma, y ha destacado que esta «presunta organización criminal» ha sometido a «acoso» y a «hostigamiento» a los testigos de la causa.
El juez también ha señalado que «con Cursach, a nivel personal» no tiene nada. «Es más si hubiera pedido disculpas, a lo mejor no estaríamos aquí», ha dicho.
Cursach ha negado que hablara con su letrado sobre este asunto a su paso por los juzgados o que utilizara esa expresión ya que, tal como ha dicho, no la usa «jamás» por respeto a unos amigos suyos y porque la considera de «muy mal gusto».
El abogado del empresario, que ha declarado como testigo, ha dicho que la conversación se limitó a interesarse por cómo estaba, por cómo había pasado la noche tras salir de prisión.
«No hubo ningún incidente», «ninguna salida de tono» ni ningún «ataque personal a ningún funcionario de la administración de Justicia»; «no mantuvimos ninguna conversación sobre ningún funcionario ni sobre Penalva, ni sobre el fiscal», ha manifestado.
Por su parte, las dos funcionarias que supuestamente escucharon a Cursach referirse en los citados términos sobre Penalva han corroborado la versión del juez.
«Ahora dice que le preocupan los testigos, subnormal», ha dicho una de ellas que le oyó decir de manera irónica.
Tras terminar de declarar los testigos, el representante de la Fiscalía ha presentado sus conclusiones definitivas y su informe. Considera a Cursach culpable de un delito de «injurias contra la autoridad pública».
APARTADO DEL CASO POR ‘PERDIDA DE APARIENCIA DE IMPARCIALIDAD’ EN MARZO DE 2018
Manuel Penalva dirigía la investigación de la macrocausa de corrupción policial de Palma hasta que en marzo de 2018, fue recusado por las defensas y opartado por «pérdida de apariencia de imparcialidad». Penalva fue sustituido por el magistrado Miguel Florit.
Asimismo, fue el juez que envió a prisión en marzo de 2017 al empresario, propietario del Grupo Cursach, acusado junto a otro empleado del grupo de 16 presuntos delitos.
La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años y medio de cárcel para Cursach, a quien atribuye los presuntos delitos de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones. También reclama 15 años de inhabilitación especial para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo, así como una sanción económica de unos 60.000 euros.
El pasado junio, la Fiscalía Anticorrupción propuso que se investigue a Penalva, y al fiscal Miguel Ángel Subirán por presuntos delitos de revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la Justicia cometidos cuando investigaban la citada causa contra el empresario balear.
La Fiscalía solicita en dicho informe, que firma el fiscal adscrito al departamento de Anticorrupción en Madrid Tomás Herranz, que se eleve la causa al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), dado que Penalva y Subirán gozan de la condición de aforados.
El fiscal considera que «concurren indicios de la posible comisión de distintos delitos» por parte del juez y el fiscal en el ejercicio de sus funciones.
Según señala, los indicios se basan, fundamentalmente, en los chats de un grupo de ‘whatsapp’ en el que participaban tres de los cuatro policías nacionales imputados en la pieza -antiguos integrantes de la Unidad de Blanqueo de Capitales- así como el fiscal y el juez.
Estos mensajes fueron hallados en el teléfono móvil de uno de los agentes, incautado cuando fue detenido en diciembre.
La Fiscalía considera que de estos mensajes se desprende la posible comisión de un delito de prevaricación.
Apunta que el fiscal y el juez pudieron generar de manera «deliberada e injustificada», circunstancias para poder acordar una medida cautelar de prisión contra imputados en la macrocausa de corrupción policial, «y no para avanzar en el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación».
Tras analizar los chats, el fiscal Herranz también aprecia indicios de una posible revelación de secretos y obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional a raíz de las informaciones periodísticas publicadas sobre la causa, que estuvo largo tiempo bajo secreto.
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