La Audiencia Provincial de Baleares no ha admitido a trámite el incidente de recusación contra el juez instructor del ‘caso Cursach’, Miguel Florit, planteado por uno de los policías investigados en la pieza por revelación de secretos, quien argumentaba que el juez podría estar «contaminado» por la querella contra él por la incautación de móviles a periodistas.
En el ‘caso Móviles’ se imputa al magistrado, entre otros, un presunto delito de vulneración del secreto profesional periodístico.
Según la defensa de uno de los agentes –ejercitada por Álvaro Martín–, Florit no puede investigar ni a los agentes ni al anterior instructor del caso, Manuel Penalva, ni al fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán.
Para la Audiencia de Baleares no existe causa para considerar que la apariencia de imparcialidad de Florit esté «comprometida».
Además, añade que el trámite se ha promovido «fuera de plazo y de modo extemporáneo».
El tribunal señala que la querella contra Florit, presentada por los periodistas de Europa Press y ‘Diario de Mallorca’ por entender que el juez había vulnerado su secreto profesional y otros derechos fundamentales, no afecta directamente al policía, uno de los agentes que participó en la investigación al empresario Bartolomé Cursach.
Indica que «no cabe invocar genéricamente la existencia de interés directo o indirecto en el juez», ya que «el único interés que podría tener sería defender la legalidad de las resoluciones cuya ilicitud y carácter delictivo y prevaricador ha sido cuestionada en el proceso ante el TSJIB, más ese interés solo lo tendría en el proceso en el que es querellado y solo afectaría a los querellantes», es decir, a los periodistas.
Además, los magistrados recuerdan que si la querella de los periodistas desemboca en apertura de juicio contra Florit, tendrá que ser suspendido y, por lo tanto, apartado de la investigación, pero que de momento no cabe «considerar ese posible escenario a la hora de resolver» el recurso.
QUERELLA POR PRESUNTA PREVARICACIÓN
La querella de Europa Press, ‘El Diario de Mallorca’ y los dos periodistas afectados –José Francisco Mestre, del Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press- ha seguido los trámites en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
Recientemente, la magistrada instructora, Felisa Vidal, ha decidido continuar con las diligencias por si los hechos fueran constitutivos de un presunto delito de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista y de interceptación ilegal de comunicaciones.
El pasado 12 de junio, dictó el auto para seguir por el procedimiento abreviado las diligencias, el paso previo a la apertura del juicio oral.
Vidal aprecia suficientes indicios de criminalidad en la actuación del magistrado, que ordenó incautarse de los móviles de dos periodistas de Europa Press y ‘Diario de Mallorca’ y obtener sus listados de llamadas y geoposicionamientos.
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