Nicolás González-Cuéllar, abogado de Diario de Mallorca y de la Agencia Efe, junto al periodista del primer medio, Kiko Mestre, en una instantánea tomada ayer mientras se dirigían al TSJIB. Foto: EP.
«La verdad no puede ser obtenida a cualquier precio», González-Cuéllar en su informe final del juicio contra el magistrado Florit
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28/2/2020 00:29
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Actualizado: 28/2/2020 00:30
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Nicolás González-Cuéllar, abogado del periodista Kiko Mestre, del Diario de Mallorca, y también representante de la Agencia EFE, recordó, en su intervención final del juicio contra el magistrado jubilado, Miquel Florit, una cita del Tribunal Supremo alemán: «La verdad no puede ser obtenida a cualquier precio».
«Hay límites de variada naturaleza, y uno de ellos es el secreto profesional de los periodistas pues es vital para la confianza de los informadores para poder generar noticias que tengan interés público», añadió, ante la mirada atenta del tribunal colegiado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), presidido por su máxima autoridad, Antoni Terrassa, que enjuició durante todo el día de ayer a Florit.
Las acusaciones particulares que representaron a Diario de Mallorca, Agencia EFE y Europa Press y a la Asociación de Medios de la Información (la patronal de los medios) –como acusación popular–, solicitaron al tribunal que se le imponga al magistrado una pena que junta suma 42 años de inhabilitación por los delitos de vulneración del secreto profesional, interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y contra la inviolabilidad del domicilio,
González-Cuéllar recordó a Florit, a la Fiscalía y al tribunal que está prohibido vulnerar «el secreto profesional para la persecución de la infidelidad de empleados públicos o privados que sean desleales».
El abogado de Diario de Mallorca y de la Agencia EFE recordó las palabras del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que declaró desde Madrid, por videoconferencia, quien reveló que la idea de incautar los móviles de los dos periodistas, acaecida el 11 de diciembre de 2018, por orden de Florit, para investigar las fuentes que les estaban alimentando sobre el «caso Cursach», tuvo su origen en una reunión de un mes antes.
Y concretamente sobre las sospechas de que los que podrían estar filtrando podían ser el anterior juez o el fiscal del caso.
En vez de mandar el asunto al TSJIB, competente por el aforamiento de los supuestos sospechosos, se optó por esta vía de incautación de los móviles que, al final, ha desembocado en el enjuiciamiento del magistrado.
La abogada del Estado, Dolores Ripoll, el magistrado enjuiciado, Miquel Florit, y su abogado, José Zaforteza. Foto: EP.
CON ESTAS DECISIONES JUDICIALES SE PONE EN PELIGRO EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN VERAZ
Por su lado, el letrado de Europa Press y Blanca Pou, Javier Crespo, puso de manifiesto que el 11 de diciembre se pintó un auto y 10 días después, sin mediar petición de nadie, el juez acordó la devolución de los dispositivos.
Así, consideró que el verdadero motivo de este cambio fue «la presión» a la que se sentía sometido Florit a raíz de que sabía que se le iba interponer una querella.
«El motivo de la devolución es tratar de desandar lo andado, pero por desgracia los autos no se pueden reescribir», dijo.
Para terminar su exposición, Crespo dijo que no debe generalizarse este tipo de actuaciones pues, de lo contrario, «se pone en peligro el derecho a recibir información veraz» pues de lo contrario este devendrá en «ilusorio y en perjuicio de la sociedad».
Tras Crespo, intervino el fiscal superior de las Islas Baleares, Bartolomé Barceló, que se mostró en contra de las argumentaciones de ambas acusaciones, afirmando que «Florit no es un delincuente» pues no ha cometido ningún delito, por lo que solicitó su absolución.
En su informe final o alegado, dijo que «si la fuente no dice que quiere ser anónima el periodista no tiene por qué no revelarla».
También se refirió al código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
La abogada del Estado, Dolores Ripoll, por su parte, argumentó que no se había podido acreditar que Mestre, para quien González-Cuéllar pide una indemnización de 30.000 euros, se haya visto afectado por el caso y que tampoco se ha justificado que haya sufrido daños materiales y profesionales, tal como expuso durante el juicio.
«No se sabe si la vida se le ha cambiado para mejor», señaló.
Plano general del juicio segundos antes de arrancar, la mañana de ayer. Foto: EP.
EL ABOGADO DEL JUEZ: «LA DECISIÓN PUDO SER EQUIVOCADO PERO NO PREVARICADORA»
El abogado de Florit, José Zaforteza, dijo que, reconociendo que los tres primeros autos de Florit para ordenar las diligencias tienen «un déficit de motivación», no hay ninguna sentencia que exprese que por esto, la falta de motivación, se haya cometido prevaricación.
Admitió que la decisión «pudo ser equivocada pero no prevaricadora por ser contraria a derecho».
Además, aseguró que el derecho del secreto profesional «no es absoluto» ya que en ocasiones puede «ceder frente al derecho al honor o a la intimidad».
«¿Por qué debe prevalecer frente a otros derechos?», planteó el abogado.
PARA FLORIT ERA MÁS IMPORTANTE AVERIGUAR EL DELITO QUE EL SECRETO PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS
En su declaración Florit –que se jubiló de manera anticipada, tras la puesta en marcha de este caso– manifestó que pensaba que «era más importante averiguar el delito, que el derecho profesional de los periodistas» en cuanto a que sus fuentes «no eran tan secretas» puesto que «los mismos periodistas ya decían en sus publicaciones que lo conocían a través de fuentes policiales».
El fiscal Anticorrupción, Carrau, que declaró como testigo, con toga y sentado en el lado de la defensa -lo que fue objetado por González-Cuéllar por carecer de sentido ese privilegio-, señaló que, tras la incautación de los dispositivos móviles, Florit, que fue quien dio la orden, le dijo: «Estoy muy presionado, voy a devolver los teléfonos».
Por su lado, el periodista Mestre explicó que cuando la Policía le requirió su dispositivo móvil no vio una alternativa a entregarlo pues los agentes tenían una orden judicial: «¿Cuál era la alternativa, ser acusado de un delito de desobediencia, tirarme al suelo?».
Por otro lado, Pou reveló que la Policía accedió a su móvil durante el registro a Europa Press.
Señaló también que antes de que le requisaran sus efectivos en papel pidió hablar con la asesoría jurídica de su empresa pero los agentes policiales se lo impidieron.
«Tú no tienes que hablar nada, esto es la ley», le dijeron, explicó la redactora antes de decir que le insistieron con que tenían una orden judicial.
POU: «MI DERECHO PROFESIONAL QUEDA EN PAPEL MOJADO»
Ante esto, Pou les dijo a los agentes que, si actuaban de esa manera, su secreto profesional «quedaba en papel mojado» y estos le respondieron que «aquí se investiga un delito y con lo cual tu secreto profesional pasa a un segundo plano».
Cabe recordar que la documentación aportada al TSJIB, después de la presentación de la querella contra Florit reveló que éste también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre, Pou, una periodista de ‘EFE’ y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma.
Estas medidas fueron dictadas por Florit a instancias de la Policía y avaladas por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau.
Por su lado, la Agencia EFE, como acusación particular, y la Asociación de Medios de la Información (AMI), como acusación popular, se adhirieron a la querella y, en consonancia, piden también 42 años de inhabilitación.
De esta manera, el juicio por el ‘caso Móviles’ quedó ayer las 20.50 horas, visto para sentencia, después de más de 11 horas de vista oral.
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