El juicio del denominado ‘caso móviles’ en el que está investigado el magistrado Miguel Florit por la incautación de móviles a periodistas y el rastreo de sus llamadas se celebra este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Entre otros delitos, se le acusa de haber vulnerado el derecho al secreto profesional y de la interceptación ilegal de comunicaciones.
Tras un proceso judicial que se ha prolongado durante más de un año, el juicio por el ‘caso móviles’ se celebra este jueves, casi dos meses después de que Florit se jubilara de manera anticipada.
La Sala Civil y Penal del TSJIB ha señalado la vista oral a partir de las 9.30 horas en sesión de mañana y tarde. La causa se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la policía, por orden del juez, se incautó de los teléfonos móviles de dos redactores de ‘Europa Press’ y ‘Diario de Mallorca’ para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al ‘caso Cursach’.
La policía también requisó ordenadores, un ‘pendrive’ y diversa documentación en la sede de ‘Europa Press’ en Baleares. Posteriormente, visitó la sede de ‘Diario de Mallorca’, pero finalmente no accedió a su interior. Estos hechos provocaron cierta indignación en el ámbito de la profesión y se dieron diversas muestras de apoyo y solidaridad en diferentes puntos del país.
Ante esto, la defensa de los medios afectados, así como los dos periodistas —Blanca Pou y Kiko Mestre— presentaron una querella en la que se solicitan penas que suman 42 años de inhabilitación por, además de vulnerar el secreto profesional y la interceptación de las comunicaciones, prevaricación y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.
La agencia de comunicación ‘EFE’, como acusación particular y la Asociación de Medios de la Información (AMI), como acusación popular, se adhirieron a la querella y, en consonancia, piden también 42 años de inhabilitación.
El juez ordenó obtener los listados de llamadas
La documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre (‘Diario de Mallorca), Pou (Europa Press), una periodista de ‘EFE’, así como los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma.
Las medidas fueron dictadas por Florit a instancias de la policía y avaladas por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público pide la libre absolución del magistrado. En su escrito de conclusiones provisionales, afirma que Florit dictó las medidas que afectaban a los periodistas teniendo ya identificados a una serie de funcionarios policiales como presuntas fuentes informantes.
El 4 de enero de 2019, el juzgado devolvió el material incautado a los dos periodistas de ‘Europa Press’ y ‘Diario de Mallorca’. Desde el juzgado se certificó que los dispositivos móviles no se habían inspeccionado durante su estancia en la sede judicial. Sin embargo, no se pronunció sobre las casi 24 horas en la que los dispositivos estuvieron bajo custodia policial.
En el juicio, declarará como testigo el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejando Luzón, por videoconferencia, el fiscal Juan Carrau -que en un principio fue investigado pero acabó siendo desimputado y citado como testigo- y los periodistas afectados, entre otras personas.
