El magistrado Miguel Florit ha declarado hoy en el juicio por el ‘caso Móviles’ en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que estimó que con su orden de incautación de móviles a periodistas estimó «no comprometía el derecho al secreto profesional de los periodistas».
Ha señalado ante el tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB que con la orden, realizada a instancias de la Policía, «en cierto sentido» sí «tenía la intención de saber quién era el autor» de un presunto delito de revelación de secretos.
Además, ha dicho que tenía fundadas sospechas de quiénes eran los autores del mismo.
«Este informe fue la gota que colmó el vaso» pues, según ha contestado Florit a preguntas del filcal Bartomeu Barceló, ya se habían producido otras denuncias por actuaciones similares y lo consideró un «hecho gravísimo».
Tras un proceso judicial que se ha prolongado durante más de un año, el juicio a Florit por el ‘caso móviles’ ha comenzado, casi dos meses después de que el magistrado se jubilara de manera anticipada.
Entre otros delitos, Miguel Florit está acusado de haber vulnerado el derecho al secreto profesional, por interceptación ilegal de comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.
Tras el interrogatorio de Florit, ha intervenido un representante de la defensa de los medios afectados que ha apreciado una «contradicción» en lo declarado por el magistrado.
Ha dicho que en instrucción Florit dijo no haberse planteado la vulneración de derechos y ante el tribunal hoy ha manifestado que sí valoró que con la incautación de móviles no vulneraba el derecho al secreto profesional.
La causa se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la Policía, por orden del juez, se incautó de los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y ‘Diario de Mallorca’ para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al ‘caso Cursach’.
Los periodistas y sus medios de comunicación presentaron una querella contra Florit por los supuestos delitos de prevaricación, delito contra la inviolabilidad del domicilio y vulneración del secreto profesional periodístico, después de que la Policía incautara, por orden de este juez, los teléfonos móviles de estos redactores en una pieza abierta para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al ‘caso Cursach’.
A la querella se adhirieron posteriormente la Asociación de Medios de Información (AMI) y la Agencia EFE.
EFE, como acusación particular, y la AMI, como acusación popular.
CARRAU DICE QUE SE OPTÓ POR LO MENOS INVASIVO CON EL RASTREO DE LLAMADAS A PERIODISTAS
El fiscal Anticorrupción Juan Carrau, que en un principio fue investigado, pero acabó siendo desimputado, ha declarado como testigo.
Ha explicado que informó a favor del rastreo de llamadas a los citados periodistas porque se estimó que era «menos invasivo» pedir los listados de sus terminales y «aplicar una búsqueda selectiva» con los teléfonos de los policías que «podían haber cometido el delito» para obtener las «evidencias» que pedir el listado de «30 o 40 funcionarios».
Ha manifestado que se mostró a favor de las actuaciones, que también incluyen el decomiso de los dispositivos móviles a los dos periodistas, pues no era «solo el asunto del informe de la Agencia Tributaria, sino que se habían filtrado muchas cosas a lo largo de mucho tiempo».
«Era un delito continuado», ha dicho.
Carrau a detallado que conocían que las informaciones publicadas tenían su origen en funcionarios policiales pues «una foto que se filtra provenía de un ‘chat’ en el que solo intervenían policías».
Por otro lado, el juez Florit, a preguntas de su abogado defensor José Zaforteza, ha explicado que pensó que «era más importante» averiguar el delito de revelación de secretos que el derecho al secreto profesional de los periodistas.
En el juicio también declarará como testigo el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejando Luzón, por videoconferencia.
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