Un periodista de Europa Press blandiendo un cartel por el derecho a la información durante la concentración que han secundado los trabajadores de la agencia en la sede de Madrid.
Europa Press, el Diario de Mallorca y los dos periodistas afectados se querellan contra el juez que ordenó la incautación
Lo acusan de los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista
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13/12/2018 14:38
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Actualizado: 13/12/2018 23:20
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La Agencia Europa Press, el Diario de Mallorca y los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou han presentado hoy una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma de Mallorca, Miguel Jesús Florit Mullet.
El pasado martes, el juez Florit, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, ordenó la incautación de los teléfonos móviles de los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou, el registro de las redacciones de ambos medios y la aprehensión de ordenadores y documentación de Europa Press, con el fin de investigar un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el caso Cursach.
De la sede de Europa Press en Baleares se llevaron dos ordenadores. Intentaron registrar la del Diario de Mallorca, pero la directora del periódico, Maria Ferrer, manifestó a los agentes que no se haría entrega voluntaria del ordenador que buscaban, ante lo que los éstos manifestaron que volverían en otro momento.
Los querellantes consideran que el auto del juez Florit constituye «un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia» y que se ha producido una conculcación del secreto profesional del periodista «disparatada e insólita».
Lo acusan de los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas.
Además, piden que la investigación se amplíe a «las demás personas que resulten ser partícipes de los hechos».
Y solicitan al juez y a la Policía Judicial «la inmediata devolución a sus propietarios de los materiales incautados y la «inmediata eliminación de cualquier dato o copia que se haya extraído de los mismos, que se haya hecho constar en cualquier soporte material o virtual, en papel o informático».
Respecto al delito de prevaricación, la querella señala que el auto de entrada y registro e incautación de material periodístico constituye «una arbitraria conculcación del derecho al secreto profesional del periodista, disparatada e insólita, que resulta increíble que haya podido ser dictada por un integrante de un Poder Judicial, como el español, que ha de actuar en todo momento comprometido con el cumplimiento de la Constitución y de la Ley y, muy especialmente, con pleno respeto por las garantías esenciales que permiten reconocer un sistema legal como plenamente democrático, entre los cuales la libertad de prensa se encuentra en primera línea».
La querella indica que un breve y somero repaso de la jurisprudencia europea sobre el derecho al secreto profesional del periodista para subrayar que ello «resulta más que suficiente para situar el auto dictado por el magistrado querellado como un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia».
También destaca que el auto del juez Florit «es groseramente antijurídico y carece de justificación alguna», porque, además, se dicta en un proceso penal destinado a investigar la autoría de filtraciones de material reservado relativo a otra causa penal, el cual, «por fuerza se dirige contra autoridades o funcionarios públicos y no contra los periodistas, que no son investigados, como expresamente se les advirtió a los agentes».
Los querellantes consideran que el juez «ha tratado de burlar el secreto profesional ‘jibarizando’ artificiosamente su contenido mediante su reducción a un mero derecho a rehusar el testimonio, absolutamente inútil para alcanzar el fin de protección de la norma constitucional» si los dispositivos en los que los periodistas introducen su material de trabajo pueden ser registrados o incautados.
Según ha informado Europa Press, las diligencias, que son secretas, se abrieron a raíz de la publicación de una noticia titulada «La Policía acusa al Grupo Cursach de defraudar 51 millones a Hacienda y otros 14 a la Seguridad Social«, que fue difundida por la citada agencia y el Diario de Mallorca el pasado 5 de julio.
CONCENTRACIONES EN EUROPA PRESS Y EL DIARIO DE MALLORCA
A la una de la tarde, los periodistas de Europa Press se han concentrado a las puertas de la sede de Madrid para «solidarizarse con los afectados y mostrar su condena a la actuación judicial, solicitada y apoyada por el Ministerio Fiscal», «contraria al derecho a la Información y al derecho al secreto profesional, amparados por la Constitución española».
En ella, han portado carteles con el lema ‘Por el derecho a la información #ElSecretoNoSeToca’.
Una imagen de la concentración de los periodistas de Europapress. Foto: EP
«Nuestros compañeros solo han hecho su trabajo: informar a la sociedad. Hacer periodismo no es delito y sin respeto al Derecho al Secreto Profesional, que nos permite proteger a las fuentes de información, no se puede informar ni hay libertad de prensa», ha manifestado el Comité de Empresa en un comunicado.
El presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, ha resaltado que «el compromiso de Europa Press con la libertad de expresión es fundamental».
«Está en nuestro ADN, llevamos 60 años defendiendo este principio y lo vamos a defender a muerte», ha destacado, al tiempo que ha defendido la preservación de las fuentes como algo secreto que no se tiene por qué divulgar.
El presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, haciendo estas declaraciones durante la concentración. Foto: EP
«El atropello que se ha producido en nuestra delegación en Baleares es inaceptable», ha añadido, y ha informado de que se ha presentado una querella criminal en contra del juez que dictaminó «este asalto».
«Y no vamos a escatimar esfuerzos para defender nuestros intereses y los de nuestra gente», ha sentenciado.
Los periodistas del Diario de Mallorca también se concentraron ayer tarde ante la sede del periódico, encabezados por su directora.
Exhibieron sus móviles como símbolo de repulsa ante «un ataque al ejercicio libre de la profesión amparado por el artículo 20 de la Constitución».
Los trabajadores de Diario de Mallorca, móvil en mano, nos solidarizamos con nuestro compañero Kiko Mestre, y mostramos nuestro rechazo por el auto judicial emitido para el registro de la redacción del periódico, en el marco de la investigación del Caso Cursach.#LibertaddePrensa pic.twitter.com/g7YLBG9bZZ
— Diario de Mallorca (@diariomallorca) 12 de diciembre de 2018
UNA LEY QUE PROTEJA EL SECRETO PROFESIONAL
El Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares (SPIB) y la Asociación de Periodistas (APIB) han convocado para esta tarde, a las ocho, una concentración en la plaza de Cort de Palma en defensa del secreto profesional.
Leerán un manifiesto en el que pedirán a los políticos una ley que proteja el secreto profesional y «exigirán» a la Fiscalía, a los jueces y a las fuerzas de seguridad que respeten y hagan respetar el derecho fundamental a la libertad de información.
El SPIB también ha hecho un llamamiento a los profesionales de la información de toda España para que se fotografíen tapándose la boca y suban las imágenes a Twitter bajo el hashtag #ElSecretoNoSeToca.
El objeto de esta movilización es mostrar apoyo a los periodistas ante un «atropello sin precedentes».
Una muestra de las imágenes que ya corren por las redes bajo ese hashtag:
Sin periodismo no hay democracia. Los compañeros de Diario de Mallorca seguimos luchando. #elsecretonosetoca #Libertaddeprensa pic.twitter.com/FjgqOJ1Y0t
— Diario de Mallorca (@diariomallorca) 13 de diciembre de 2018
Periodistas menorquines ahora mismo ante los juzgados de Maó #ElSecretoNoSeToca pic.twitter.com/pkGM3mWNQU
— APIB (@APIBaleares) 13 de diciembre de 2018
¡Muchas gracias! Que quede bien claro: #ELSECRETONOSETOCA. Colgad vuestras fotos con la boca tapada para apoyar a los compañeros @Piomoa43 y @BPouS y protestar por este atropello sin precedentes. Defendemos nuestro Derecho a la Información y a la Libertad de Prensa. pic.twitter.com/5OAxmIqZpg
— SPIB (@SPIBviu) 13 de diciembre de 2018
Desde la Audiencia Nacional, con nuestra herramienta de trabajo en una mano y la otra en la boca que nos quieren tapar. «Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información» #ElSecretoNoSeToca pic.twitter.com/WeIYp8o784
— Nieves Albarracín (@nievesadan) 13 de diciembre de 2018
Periodistas de @elconfidencial se suman a la campaña ‘Nuestro secreto profesional, tú derecho a la información’ #ElSecretoNoSeToca #PeriodismoNoEsDelito pic.twitter.com/0gkzTDzO2n
— Roberto RBallesteros (@RRBallesteros) 13 de diciembre de 2018
? En la radio pública de Canarias estamos convencidos de que #ElSecretoNoSeToca y apoyamos a nuestros compañeros de Baleares @piomoa43 y @BPouS. Esto nos incumbe a todxs. pic.twitter.com/u1uXx6v5eN
— Tomás Galván (@TomasGalvanM) 13 de diciembre de 2018
Sabemos que muchos no podréis estar físicamente en Mallorca a las 20h. Pero periodistas de todos los rincones nos acompañarán esta tarde para recordar que #ElSecretoNoSeToca. Colgad vuestras fotos tapándoos la boca y con el hastag #ElSecrectoNoSeToca pic.twitter.com/cadEKT4KVB
— SPIB (@SPIBviu) 13 de diciembre de 2018
PERIODISTAS DE TODA ESPAÑA REPROCHAN A SEGARRA ESTA ‘INTROMISIÓN INTOLERABLE E INÉDITA’
200 periodistas de distintos medios y provincias, “sumamente alarmados” escribieron una carta a la fiscal general del Estado, María José Segarra, reprochándole que la Fiscalía haya avalado una “intromisión intolerable e inédita” en el derecho a la información, al apoyar la incautación de teléfonos y ordenadores de redactores.
La periodista María Peral, de El Español, en representación del colectivo, entregó ayer en mano la misiva a Segarra, durante la inauguración del V Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española.
Los firmantes, de distintos medios y provincias, denuncian en ella que lo ocurrido es “un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna”.
La fiscal general dijo entender la “inquietud” generada, pero afirmó que los jueces y los fiscales velan por la libertad de expresión y por el secreto de las fuentes periodísticas.
María José Segarra, en el Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía General del Estado, donde la periodista María Peral, le entregó la misiva. Foto: Confilegal
La carta también fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, donde ayer se reunía el Consejo Fiscal.
El Pleno del Consejo Fiscal lanzó un comunicado señalando que no iba a manifestarse al respecto.
“Siendo sensibles a la preocupación señalada en el escrito remitido, en nuestra condición de vocales del Consejo Fiscal no nos corresponde manifestarnos en modo alguno ni entra dentro de nuestras competencias pronunciarnos sobre un procedimiento penal en tanto en cuanto podríamos interferir en el desarrollo de una investigación judicial”, expuso.
Más de 650 periodistas -658- también enviaron una misiva al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comunicándole su preocupación para que se exprese en apoyo del derecho fundamental a la información.
“Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas misiones esenciales es procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos, no puede permanecer ajeno a este despropósito. Apelamos, por ello, a su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas”, le trasladaron.
La Comisión Permanente del CGPJ, el máximo órgano entre los Plenos mensuales, ha contestado hoy al escrito manifestando su «compromiso y su defensa del derecho fundamental a la libertad de información”. Ha afirmado que «sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática».
Ayer también fue preguntado por este caso el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, durante un coloquio en el ‘Foro ABC’. Un grupo de periodistas le planteó de forma conjunta si el ministro considera “que, en un país moderno y democrático de la UE puede entrar la Policía en una redacción requisando móviles y ordenadores, violando el secreto profesional”.
La moderadora del debate aclaró que la pregunta se refería a lo sucedido en Palma.
Borrell respondió que no tenía “ni la menor idea de lo que pasó en Palma”. “Yo pensaba que había pasado en Venezuela”, manifestó.
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