El 30 de abril de 2025, la asociación Abogados Cristianos presentaba una querella contra el cuñado del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gómez. Una acusación, por presunto tráfico de influencias, que actualmente aún no ha tenido contestación por parte de la Justicia. Y es que, tal y como lamentan desde Abogados Cristianos a Confilegal, aún se desconoce siquiera cuál será el tribunal sobre el que recaiga el caso.
El 30 de abril de este año, la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una querella criminal por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación contra Miguel Ángel Gómez Fernández —cuñado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— y contra Francesc Vallès Vives, ex Secretario de Estado de Comunicación. Sin embargo, tres meses después, no consta públicamente ni la admisión a trámite ni siquiera la designación del órgano judicial competente.
Una querella que apunta directamente a un posible entramado de intereses privados y familiares en torno a la producción del documental institucional Moncloa: Cuatro estaciones, y que cuestiona la transparencia de los convenios suscritos por la Secretaría de Estado de Comunicación con productoras vinculadas mercantilmente a Vancouver Media, empresa donde Gómez Fernández ostenta desde 2018 un cargo directivo de alta responsabilidad.
La acción penal, interpuesta por la procuradora María Pilar Pérez Calvo y el abogado Pablo Jarque Casabón, sostiene que la contratación del cuñado del presidente por Vancouver Media coincidió con la obtención por parte de esta productora de deducciones fiscales por valor de 16,3 millones de euros entre 2018 y 2021. Estas deducciones, otorgadas por la Agencia Tributaria bajo el concepto de “producciones cinematográficas extranjeras”, fueron recibidas pese a tratarse de una sociedad de producción nacional.
El escrito también documenta la cesión gratuita de instalaciones públicas a dicha empresa tras la incorporación de Gómez Fernández, en contraste con los pagos efectuados anteriormente por los mismos servicios, así como una eventual vinculación con el convenio institucional de 2022 para la filmación del citado documental.
En base a estos hechos, la querella atribuye a Gómez Fernández un delito de tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal, y a Vallès Vives —y eventualmente al propio presidente del Gobierno, cuya citación como investigado se solicita— un delito de malversación del artículo 432.
Sin novedades sobre el caso del cuñado de Sánchez
Pese a la gravedad de los hechos denunciados, y a que la acción fue presentada ante el Tribunal de Instancia de Madrid en fecha señalada, a día de hoy no se conoce resolución alguna sobre su admisión a trámite ni se ha hecho público el juzgado de instrucción al que le haya correspondido por reparto. Esta inactividad procesal comienza a ser objeto de preocupación por parte de la entidad querellante, máxime teniendo en cuenta que el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a los jueces de instrucción la obligación de resolver de forma inmediata sobre la admisión de las querellas.
La falta de transparencia sobre el estado de esta acción penal contrasta con la habitual agilidad en la tramitación de causas similares en las que concurren indicios de delitos contra la Administración pública. Desde la Fundación Española de Abogados Cristianos insisten en que seguirán impulsando todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, al considerar que lo denunciado afecta a pilares esenciales del Estado de Derecho: la imparcialidad institucional y la correcta administración de los recursos públicos.
Mientras tanto, la querella —formalmente presentada, sellada y registrada— permanece, a día de hoy, en un limbo judicial.
