Asegura que "promocionar la transexualidad en menores de la edad legalmente requerida puede suponer un delito y, por tanto, no puede ser subvencionado".
Dictamina que el reparto de dichas guías ha vulnerado el derecho de los alumnos a no ser discriminados ni ridiculizados por razón de sus creencias religiosas, y el de los padres a decidir la educación de sus hijos.