La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) Felisa Vidal ha dictado este miércoles un auto por el que acuerda seguir por el procedimiento abreviado las diligencias contra el juez instructor del ‘caso Cursach’, Miguel Florit.
Vidal aprecia suficientes indicios de criminalidad en la actuación del magistrado, que ordenó incautarse de los móviles de dos periodistas y obtener sus listados de llamadas y geoposicionamientos.
La instructora decide continuar con las diligencias por si los hechos fueran constitutivos de un presunto delito de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista y de interceptación ilegal de comunicaciones.
Se trata del paso previo a la apertura del juicio oral, por lo que Vidal ha abierto un plazo para que las partes presenten escrito de acusación.
El procesamiento se deriva del caso Móviles, los delitos que Florit habría cometido al dictar cuatro autos, entre septiembre y diciembre del año pasado y en una pieza separada del caso Cursach por revelación de secretos, resoluciones que afectaron a los periodistas de Diario de Mallorca Kiko Mestre, de Europa Press Blanca Pou y una redactora de la agencia EFE.
Fiscalizaba sus llamadas telefónicas
Mestre y Pou no eran investigados en esa pieza separada y pese a eso, y tal y como destaca la magistrada Felisa Vidal, vieron como el juzgado fiscalizaba sus llamadas telefónicas (sin acceder al contenido de las mismas) y la requisa de sus móviles y otros instrumentos de trabajo.
El auto de procesamiento analiza con detalle los cuatro autos de Florit, al que culpa de no haber respetado el secreto profesional de los periodistas, no haber fundamentado correctamente las resoluciones, y haber optado por fiscalizar las llamadas de los periodistas e incautarles sus instrumentos de trabajo para descubrir a los funcionarios que habrían desvelado informaciones secretas del caso Cursach.
Vidal sostiene que los autos eran desproporcionados y que se lesionó el derecho a la información, piedra de toque en un sistema democrático, frente a un delito menor como la revelación de secretos.
La juez apunta en favor de Florit el hecho de que dictó un quinto auto dejando sin efecto el anterior de requisa y análisis de los teléfonos de los periodistas y el que el secreto profesional no esté regulado todavía por una Ley Orgánica.
La instructora da diez días a la fiscalía y a la representación de Diario de Mallorca, Europa Press y Efe para que formule acusación en el plazo de diez días. La fiscalía sostiene que los hechos no son delictivos, por lo que probablemente pedirá el archivo de la causa.
