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El Tribunal de Cuentas rechaza los avales públicos presentados por los independentistas para afrontar la fianza

Reclama 5,4 millones de euros a 34 excargos por su responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las 'embajadas catalanas' y el Diplocat28 de los 34 excargos a los que se les exige fianza presentaron avales vinculados al ICF de la Generalitat. Foto: EP
| | Actualizado: 14/10/2021 16:21

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García Moreno ha rechazado este jueves los 28 avales presentados por excargos del Govern de la Generalitat para cubrir su parte de la fianza de 5,4 millones de euros que les fue impuesta por su responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat.

En un escrito de cinco páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora indica que no admite que sea la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) quien presente avales.

La decisión llega sin informe de los servicios jurídicos del Estado sobre la idoneidad de este mecanismo de aval, después de que Abogacía del Estado entendiera en septiembre que no procedía dado que son parte personada.

En concreto, la delegada instructora indica que «atendiendo a la coherencia del sistema de indemnidad del agente público», y a la interpretación de las normas jurídicas conforme al artículo 3 del Código Civil, «el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado».

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«En relación con el contexto, cuyo ámbito no puede desligarse del sistema de responsabilidad judicial, penal y contable existente en nuestro Ordenamiento Jurídico y en el propio objeto del Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya, cabe concluir que el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos (…)no puede quedar legalmente amparado«, explicita.

En el marco de su argumento, ha citado también el Régimen Jurídico del Sector Público, que «no contempla que se pueda proceder, en ningún caso, a dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros».

En este sentido, ha desestimado los avales y ha avisado de que dado que ya se ha vencido «con exceso» el plazo para depositar o afianzar las presuntas responsabilidades contables, por lo que «procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales» del ICF.

Entre esas personas se encuentran tanto los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, como el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva o Andreu Mas-Colell.

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Según consta en el escrito, 28 de los 34 excargos a los que se les exige fianza presentaron avales vinculados al ICF de la Generalitat.

Según el escrito de la instructora, el ‘exembajador’ del Govern en Austria Adam Casals Jorba, el exsecretario de Economía y Finanzas Albert Carreras de Odriozola, la exjefa de relaciones institucionales del Govern Francesca Guardiola Sala y la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal Ortí ya «afianzaron correctamente la cantidad correspondiente».

Por su parte, el delegado del Govern ante la Unión Europea Pere Puig Anglada y Luis Bertrán i Saura «procedieron al reintegro de la cantidad requerida».

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En el marco de la resolución, la instructora ha recordado que por ley está obligada -«una vez haya sido declarada la presunta responsabilidad contable y antes de que el procedimiento pase a fase jurisdiccional»– a «adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para que el presunto alcance a los fondos públicos se encuentre asegurado».

Asimismo, ha avisado de que contra esta resolución cabe recurso ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, que se debe interponer en el plazo de cinco días, contados desde la notificación. Ha precisado, sin embargo, que esto no implica la suspensión de las actuaciones.

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LA SALA DE JUSTICIA DEBE RESOLVER LOS RECURSOS

Al margen de la decisión adoptada por la instructora sobre los avales, aún está pendiente que la Sala de Justicia dé respuesta a los recursos interpuestos por las defensas contra el acta de liquidación en el que se fijó la fianza solidaria de 5,4 millones de euros.

La Abogacía del Estado ya se pronunció sobre el contenido de las alegaciones y envió una batería de escritos al órgano fiscalizador en los que desestimó los argumentos de los excargos del Govern.

La Fiscalía también contestó a los recursos de las defensas y rechazó sus alegaciones.

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Y aprovechó para subrayar que el hecho de que la Generalitat no se manifieste como perjudicada por la actuación de los 34 excargos del Govern «no impide la actuación» del Tribunal de Cuentas para reclamar la fianza.

PLAZO PARA DEMANDAS

Según establece la normativa del órgano fiscalizador, una vez que se haya resuelto la cuestión de los avales de las fianzas y se haya dado respuesta a los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada –en este caso la Generalitat– y a las demás acusaciones —Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes— para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

De presentarse demanda, el procedimiento continuará en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante –quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar–, a quien por turno le correspondió este asunto, han confirmado fuentes del órgano fiscalizador.

Según el acta de liquidación, al que ha tenido acceso Europa Press, se les reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, pero todos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones de euros.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras –también beneficiado por la medida de gracia– figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.