Consuelo Castro, abogada general del Estado.
La Abogacía del Estado corrobora lo que avanzó Confilegal: No puede emitir informe sobre los avales porque es parte
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22/9/2021 06:49
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Actualizado: 22/9/2021 06:49
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Ya lo adelantó Confilegal el 28 de julio pasado: El abogado del Estado es parte en el procedimiento sobre los avales presentados por la Generalitat de Cataluña, a través del Institut Catalá de Finances (ICF), ante el Tribunal de Cuentas.
«Es altamente irregular y anómalo que una delegada instructora le pida un informe a una de las partes. Jamás ha ocurrido esto antes», publicamos.
Y añadíamos: «Su informe podría ser objeto de impugnación por parte de las defensas de los encausados».
Esto es lo que ayer vino a decir el Ministerio de Justicia en un comunicado: «La Abogacía General del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, considera que no procede que, en el marco de la función consultiva que la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas atribuye al Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal, pueda emitir el informe, ya que tiene la condición de parte en la fase de actuaciones previas a la que dicho informe se incorporaría».
El informe había sido solicitado por Esperanza García, delegada instructora en la causa abierta en el Tribunal de Cuentas contra los 34 exaltos cargos y funcionarios de la Administración catalana, como los expresidentes Artur Mas y el prófugo Carles Puigdemont,los indultados Oriol Junqueras y Raül Romeva, además de Francesc Homs y Andreu Mas-Colell, por su supuesta implicación por los gastos indebidos en la promoción del «procés» en el extranjero entre 2012 y 2017.
Y lo hizo a través de su jefe, el consejero José Manuel Suárez Robledano. La única vía posible.
A García le habían entrado serias dudas sobre la legalidad de los avales presentados del ICF; sobre si podían garantizar la posible responsabilidad contable de 5,4 millones de euros de altos cargos y políticos de la Generalitat.
Ya lo había avisado Rafael García Monteys, abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, que señaló que la realización del informe que se le había encargado sobre la «suficiencia y legalidad» de los avales asegurados por el ICF podía plantearle un «conflicto de intereses» por ser los Servicios Jurídicos del Estado parte en este procedimiento.
García Monteys advertió, además, de «riesgo de nulidad» del procedimiento si se «rompe el equilibrio» entre las partes.
Por ello, elevó una consulta a la Abogada General sobre la conveniencia de realizar o no dicho encargo que este martes ha resuelto en el mismo sentido.
Y este ha sido el resultado. El que apuntamos en su momento desde Confilegal. El único posible.
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