Las acusaciones populares que pilota Hazte Oír no han movido un milímetro su artillería cautelar. Mantienen, intacta, la petición de retirar el pasaporte a Begoña Gómez prohibirle salir de España y obligarla a firmar cada quince días en el juzgado.
Y van más allá: piden que la esposa de Pedro Sánchez no pueda tocar ni las participaciones de su sociedad ni las marcas vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Así lo trasladaron fuentes jurídicas a Europa Press tras la audiencia preliminar y la vistilla de medidas cautelares que se celebró este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
A ella estaban citados la propia Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, los tres investigados en el llamado ‘caso Begoña Gómez’.
Para Álvarez, las acusaciones reclaman el mismo paquete de cautelares, con una salvedad lógica: quedan fuera las que atañen a la actividad empresarial de Gómez. ¿Y Barrabés? Ninguna. Para el empresario no se ha pedido medida alguna.
Más de tres horas de sesión. Y, al final, ninguna resolución. El magistrado Juan Carlos Peinado —que propone sentar a Gómez ante un jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca— no resolvió las cautelares planteadas.
Las dejó en el aire. El magistrado tendrá que pronunciarse en los próximos días.
Hubo, además, un movimiento que conviene subrayar: tanto la Fiscalía como las defensas de los tres investigados pidieron, durante la audiencia, el archivo de la causa.
El abogado de Begoña Gómez fue un paso más allá en su escrito de defensa. Reclamó la absolución, si la causa llegara a juicio, al sostener que los hechos investigados por Peinado «no son constitutivos de delito alguno».
Y añadió un reproche de calado: que existe «mala fe» por parte de las acusaciones.
El Ministerio Público se movió en la misma dirección. Pidió el archivo y avanzó que, de abrirse juicio oral por decisión de la Audiencia de Madrid, solicitaría la absolución de los tres.
Enfrente, Hazte Oír. La acusación que tira del carro mantiene un pulso de cifras contundentes: hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente y 22 para Cristina Álvarez —a la que sitúa como «cooperadora necesaria»— por «presunta malversación» y por su papel en los delitos atribuidos a Gómez.
Para Barrabés, seis años de cárcel por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
