«Dudo que se pueda ofrecer más transparencia cuando el juicio del ‘procés’ se va a retransmitir en directo por televisión por el propio Tribunal Supremo».
Con estas palabras tan claras y contundentes se expresó esta mañana la fiscal general del Estado, María José Segarra, al ser preguntada por esta cuestión en el desayuno informativo organizado por el Executive Forum España, en Madrid.
Sobre los llamados «observadores internacionales» que solicitan las defensas y plataformas afines a los separatistas, la fiscal general del Estado ha recordado que la Justicia española es «plenamente respetuosa con las garantías de todos y a la vez ofrece retransmisión en directo» del juicio en el Supremo.
Segarra se refería así a la señal audiovisual oficial del juicio contra los 12 procesados que la Oficina de Comunicación del Tribunal Supremo va a facilitar a todos los medios que así lo soliciten -desde el minuto 1 hasta el final-.
«Es evidente que en un juicio con tanto interés mediático va a haber mucha información y desinformación también. Lo único que puedo decir es que desde la Fiscalía vamos a intentar explicar y ser lo más diáfanos posible para que se entiendan los posicionamientos que, en cada momento, se hagan», añadió Segarra.
La fiscal general del Estado espera que esta circunstancia frene cualquier intento de desinformación, incluyendo a los que «pretenden elevar el tono de la supervisión internacional».
No es la primera vez que, desde el Tribunal Supremo, se distribuye la señal de un juicio. Desde las sentencias del Tribunal Constitucional de 2004, que reconocieron el derecho de las cámaras de televisión a estar presentes en los juicios, el Tribunal Supremo se dotó de un equipo audivisual profesional, dependiente de la Oficina de Comunicación, que se encarga de hacer la realización y de facilitar la señal «pool» a los medios de comunicación que así lo soliciten.
Así ocurrió en los juicios contra Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas, en 2008, o en los dos juicios contra Baltasar Garzón, en 2012, por poner dos ejemplos.
El Tribunal Supremo de España es, en este sentido, junto con la Corte Suprema del Reino Unido, por este hecho, uno de los más transparentes de Europa.
