La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha enviado hoy una carta a las asociaciones de jueces y fiscales en respuesta a las 11 propuestas básicas «para mejorar la Justicia» que le plantearon el pasado lunes.
Según ha informado su Departamento en un comunicado, en la misiva, «además de reiterar la plena disposición del Ministerio para seguir avanzando en las conversaciones con los representantes de ambas carreras, Delgado les ha informado del estado de tramitación en que se encuentran la mayoría de ellas».
La ministra les ha indicado que «tres de las 11 iniciativas, no corresponden al ámbito de competencias del Ministerio», sino que su puesta en marcha corresponde a otros organismos del Estado otros organismos y poderes del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial o las Cortes Generales.
Además, les ha trasladado que «ocho de las 11 propuestas planteadas por las asociaciones de jueces y fiscales al Ministerio de Justicia están ya en plena tramitación o implementadas«.
«Gran parte de las demandas expresadas por estas asociaciones en los meses anteriores ya se encuentran recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial gracias a la reforma aprobada el pasado diciembre», expone Delgado.
El pasado lunes, las asociaciones también pusieron fecha a las movilizaciones que llevarán a cabo. Anunciaron un primer paro de tres días en horario de audiencia (entre las 10.00 y las 14.00 horas) para los días 5, 6 y 7 de marzo.
“El resto de paros y medidas se irán concretando según vayan evolucionando las negociaciones con el Gobierno”, informaron las asociaciones y advirtieron que “en el caso de no avanzarse en ellas, los paros podrán verse repetidos en meses sucesivos, pudiendo incrementarse la frecuencia a paros quincenales, semanales e, incluso, paros indefinidos”.
LA CARTA, AL DETALLE
«El pasado día 28 de enero, este Ministerio acusó recibo de la carta remitida por varias asociaciones de jueces y fiscales en las que se enumeraban un conjunto de “Propuestas básicas para la mejora de la administración de Justicia”, y se señalaba la convocatoria de un conjunto de paros y movilizaciones a desarrollar a medida que se continuaban las negociaciones con el Ministerio de Justicia para el logro de dichas reivindicaciones», comienza el escrito de la ministra, al que ha tenido acceso Confilegal.
A continuación, Dolores Delgado reitera «la plena disposición del Ministerio de Justicia para continuar el dialogo establecido desde el mes de junio con las asociaciones», y les informa de que desde este Departamento «se cree conveniente hacer una serie de matizaciones a las propuestas señaladas en la carta, al efecto de situar los debates en sus justos términos».
En primer lugar, en relación a la propuesta de “desarrollar reglamentariamente el artículo 437.2 en órganos judiciales sobrecargados, asignándoles dos jueces de manera permanente, con el correlativo aumento de plazas de fiscales en las mismas condiciones”, la ministra dice que «el Ministerio de Justicia ha mostrado su plena disposición a colaborar en esta dirección».
Sin embargo, aclara que «la iniciativa para la formación de juzgados y, en su caso, secciones integradas por juzgados de instancia, corresponde al Consejo General del Poder Judicial, no al Ministerio de Justicia».
Delgado señala que «el Ministerio sí tiene la competencia exclusiva de ordenar lo oportuno respecto de las unidades de apoyo directo que hayan de atender a esas “secciones”» y que, por tanto, «una vez que el CGPJ haya determinado qué posibilidades hay de configurar tal organización judicial, el Ministerio de Justicia redactará las disposiciones reglamentarias precisas para avanzar en la dirección antes indicada».
Respecto a la “derogación urgente del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», la ministra informa de que «desde el Ministerio se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que la iniciativa que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados en este sentido siga su curso».
Apunta que «pese a que el propio Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley manifestando su voluntad de derogar de forma inmediata el artículo, aún no ha sido posible que el Partido Popular y Ciudadanos desbloqueen en la mesa de la Cámara la tramitación de esta iniciativa que, sin embargo, cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos políticos».
En lo referido al recurso del Real Decreto-Ley para este fin, Delgado dice que «desde el Ministerio se entiende que tal posibilidad encuentra un obstáculo en el hecho de que exista una iniciativa que se está tramitando en el Congreso con el mismo objeto, lo cual supondría un riesgo de que el Real Decreto-Ley fuese llevado ante el Tribunal Constitucional por cualquier grupo político alegando que se están usurpando funciones al Legislativo».
La tercera de las propuestas que hacen las asociaciones es la de la de la “paralización de la Justicia Digital, replanteo de su implantación, aplicaciones y solución de problemas de la herramienta informática”.
Al respecto, Dolores Delgado recuerda que como dijo en su primera comparecencia en el Congreso el 11 de julio, «el Ministerio es plenamente consciente de la necesidad de hacer una correcta evaluación de la implantación del expediente digital y que para ello se debe contar con la opinión de los profesionales».
«Este ha sido el camino seguido hasta ahora y que ha llevado a la puesta en marcha de un Plan de Calidad que está permitiendo mejorar la gestión administrativa de todas las oficinas judiciales existentes en el territorio sobre el que tiene competencia el Ministerio de Justicia», apunta.
Asimismo, informa que este Plan de Calidad se está traduciendo, entre otras cosas, en la «paralización de las actuaciones en marcha hasta la llegada del nuevo equipo ministerial, el contacto con los profesionales para conocer de primera mano sus necesidades a través de múltiples visitas de la directora general de Modernización de la Justicia a cada uno de los territorios dependientes del ministerio y el establecimiento de una serie de conclusiones a través de las que, con la debida priorización, se están mejorando y corrigiendo todas aquellas deficiencias transmitidas por los propios usuarios».
La cuarta propuesta de las asociaciones es la que habla de “convocar 300 plazas en las carreras judicial y fiscal”. Sobre este asunto, la ministra manifiesta que «tal y como se ha anunciado en los días previos, la convocatoria prevista por el Gobierno es de 500 plazas, la mayor de los últimos 25 años».
Anuncia que en los próximos días, a través de enmienda se corregirá el error incluido en el proyecto de ley de Presupuestos en el que se señalaba que el número de plazas a convocar sería de 100.
Afirma que «esas 500 plazas serán convocadas en caso de que el texto del proyecto consiga los apoyos necesarios» y que «si no se aprobaran los Presupuestos, al prorrogarse los de 2018, las plazas a convocar serían 300».
Las asociaciones también señalan que es necesario un “efectivo incremento de unidades judiciales (75) y de la plantilla de fiscales (80) previsto en el ejercicio presupuestario del año pasado”.
La ministra dice que «el Ministerio está totalmente de acuerdo y, de hecho, la propuesta ya se encuentra contemplada en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado».
Detalla que ya se han recabado los informes a las comunidades autónomas y se está a la espera del que debe emitir el Consejo General del Poder Judicial sobre este incremento.
En lo referido a los 80 fiscales, señala que el Ministerio de Justicia espera la respuesta de Hacienda para poder llevar a cabo el aumento de plantilla.
En el capítulo retributivo, las asociaciones sugieren que la retribución de las guardias se realice “conforme a la responsabilidad del cargo, modificando para ello la Orden PRE/1416/2003, de 3 de junio, por la que se regula las retribuciones complementarias por servicios de guardia de las carreras judicial y fiscal”.
La ministra les comunica que su Departamento «ya ha comenzado los trabajos para que se establezca una regulación acorde a las Directivas vigentes en materia de jornada y descanso y para atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias, una retribución acorde con las responsabilidades de jueces, magistrados y fiscales».
Por otro lado, apunta que «para poder llevar a cabo esta mejora, es necesario reformar el Reglamento 1/2005, de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales del Consejo General del Poder Judicial, órgano al que ya se ha solicitado la creación de un grupo de trabajo encargado de dicha reforma».
La séptima propuesta, también salarial, es la que se refiere a la “retribución de las sustituciones de manera completa, conforme al Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo”. Delgado alude a que el propio Real Decreto 431/2004 establece que el porcentaje máximo de retribución del complemento de destino en las sustituciones puede alcanzar “hasta el 80% del mismo”.
«En la práctica totalidad de los casos, las sustituciones se cobran ya alcanzando ese 80%, aunque no exista disposición alguna que señale que dicho porcentaje deba cubrirse en su totalidad, pudiendo ser inferior en función de la menor carga de trabajo del órgano judicial correspondiente, para evitar situaciones de agravio comparativo en los excepcionales casos en los que dicha carga sea sustancialmente diferente», manifiesta.
En lo que se refiere a la octava propuesta de mejora sobre el “desarrollo del complemento de carrera profesional, introducido en la reciente reforma de la LOPJ (art. 403.2), para fijar sus criterios, requisitos y cuantías de este nuevo concepto retributivo”, la ministra dice que «efectivamente» y que «el Ministerio ya trasladó a las asociaciones el 19 de enero la conveniencia de desarrollar este concepto».
«Es necesario hacer evidente que, antes de empezar a hablar de complementos, se requiere definir el desarrollo de la carrera profesional que se desea. Así se está haciendo, por ejemplo, con los médicos forenses, y así se ha ofrecido a los colectivos», añade.
Continuando en las reclamaciones económicas, la novena es la que hace referencia a la “recuperación del exceso de bajada retributiva sufrido injustificadamente por las carreras fiscal y judicial con relación a la media de bajada que sufrió la función pública, aceptando un plan progresivo en este ejercicio y en los inmediatamente siguientes”.
Al respecto señala que «conviene recordar que en marzo de 2018 se acordó un incremento salarial del 8,5% para toda la Función Pública en tres años» y que «de este incremento salarial ya se están beneficiando los jueces y fiscales, y seguirán recibiéndolo del mismo con el fin de lograr recuperar esas pérdidas salariales aplicadas por el Gobierno anterior».
Apunta a las asociaciones que «el actual equipo ministerial ha ofrecido, además, la posibilidad de estudiar un plan de mejora retributiva plurianual a partir de 2021, cuando deje de tener vigencia el acuerdo adoptado en marzo del año pasado».
Respecto a la reclamación de las asociaciones de la “inclusión de la partida de 7.000.000 € en el capítulo I de los Presupuestos Generales del Estado o, en su caso, la autorización del Ministerio de Hacienda para su reparto entre las carreras judicial y fiscal”, Delgado contesta que el Ministerio de Justicia «comparte» el carácter necesario de llevar adelante una medida de este tipo y que así se comunicó a en la reunión del pasado día 19 de enero.
Informa que el proyecto de ley de Presupuestos contempla la inclusión de esa partida de 7 millones en el capítulo II, y será a través de una enmienda al proyecto de ley como pasarán estas cantidades al capítulo I. Estos siete millones de euros se destinarán a retribuciones variables como guardias o grupos de población, y se suman a los 1,3 millones que mejorarán las retribuciones de los jueces y fiscales que en la actualidad mantienen las condiciones salariales más bajas.
«En total, serán 8,3 millones más para ambas carreras», destaca.
Las propuestas de mejoras trasladadas por las asociaciones incluyen “la derogación urgente de la nueva redacción de los artículos 307, 326 y 347 bis LOPJ, operada por la LO 4/2018 de 28 de diciembre, para volver a la anterior redacción”.
La ministra recuerda que «esta nueva redacción es fruto de las mayorías parlamentarias existentes en el Parlamento español y que es este, en expresión de la soberanía popular, quien ha aprobado la citada reforma y a quien corresponde en último término decidir cualquier cambio legislativo».
«En opinión de este Ministerio, pese a que en alguno de los casos citados el criterio respecto a la reforma coincidía con el de las asociaciones, es poco realista pensar que el Parlamento, a pocas semanas de haber aprobado una norma por mayoría absoluta de 176 diputados vaya a derogar esos artículos con esa misma mayoría», comenta.
Por último, expone que sin salir de la reforma operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial el pasado mes de diciembre, «es necesario recordar que buena parte de las demandas planteadas por los colectivos de jueces y fiscales en los meses anteriores han sido satisfechas con su nueva redacción».
Y cita los siguientes casos:
La sustitución del sistema de funcionamiento presidencialista del Consejo General del Poder Judicial y la vuelta al sistema colegiado anterior, la dedicación exclusiva de los vocales y la recuperación de las competencias que tenía antes de la reforma de 2013.
El nombramiento de los altos cargos judiciales en lo que se refiere a la definición previa de los puestos a cubrir, la trasparencia del proceso de elección, la limitación de mandatos o el nombramiento por mayoría de 3/5 de los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia
La racionalización de la planta judicial, con la implantación en órganos saturados o que requieren especialización de una organización colectiva de trabajo de los jueces mediante secciones, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad y garantizando el acceso a la Justicia de todas las personas.
La restricción de la posibilidad de designar como jueces de refuerzo a jueces de adscripción territorial y la habilitación, mediante acuerdo con el Consejo General del poder Judicial, de un sistema de refuerzos que garantice las medidas que vienen siendo ejecutadas hasta la fecha por los jueces de adscripción territorial.
La recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente antes de su supresión y reducción por la Ley Orgánica 8/2012, así como la extensión del permiso de paternidad.
La ministra Delgado señala que «todas estas medidas operadas con la reforma de la LOPJ de diciembre se unen a otras que también dan cumplimiento a varias de las reivindicaciones de las asociaciones».
«Ejemplo de ellas son las referidas a la implantación de las cargas máximas de trabajo (materializada en el acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el ministerio de 28 de diciembre), los incrementos en el número de jueces antes mencionados, la modernización de los edificios judiciales en marcha, la recuperación de prestaciones o la garantía de una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial a todos sus miembros», indica.
La ministra concluye su misiva diciendo que «este conjunto de mejoras ya efectivas en el funcionamiento de la administración de Justicia muestra la voluntad clara del Gobierno de avanzar hacia el objetivo de conseguir que la Justicia española sea un verdadero servicio público».
«Esta es la razón por la que el Ministerio de Justicia seguirá manteniendo un ánimo sincero de dialogo con las asociaciones de jueces y fiscales para lograr, entre todos, que la Justicia en España sea valorada por los ciudadanos como realmente merece», concluye.
