Ignasi Puig, decano del Colegio de Terrassa, Barcelona, y nuevo presidente del Consejo de la Abogacía Catalana ha tomado partido abierto y claro por los políticos presos que van a ser juzgados próximamente por el Tribunal Supremo: «No hay delito de rebelión», ha declarado en una entrevista a Europa Press.
De esta forma ha abandonado la neutralidad que se le debía presumir al representar a los 40.000 abogados colegiados en la Comunidad catalana y en respeto a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que tiene que enjuiciarlos.
«Pienso que no hay delito de rebelión porque falta, para mí, el elemento en el que una actitud violenta puede doblegar un estado de derecho, y yo pienso que esto no ha existido en ningún momento», ha manifestado.
Y ha añadido, en referencia al escrito de acusación del Ministerio Fiscal: «Esto es un relato que se ha creado desde Fiscalía y que lógicamente yo no comparto».
Puig asumió la Presidencia del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) el pasado 27 de diciembre.
Fue elegido por un año por el Pleno de dicha corporación de derecho público, compuesta por los decanos de los 14 colegios de abogados de Cataluña.
Su elección, por lo tanto, no se produjo elección directa y secreta de todos los colegiados.
Pero Puig, que en todo momento utiliza la primera persona del singular, olvida que, aunque sea indirectamente, representa a los 40.000 abogados de Cataluña, entre los que no existe una visión homogénea sobre este conflicto.
Y a los que no se les ha consultado, según ha podido contrastar Confilegal.
Sobre los delitos de desobediencia y malversación, Puig afirma en la entrevista que «Entiendo que sería lo normal a lo que podrían enfrentarse los inculpados en esta causa, pero pienso que los delitos que les imputa la Fiscalía no tienen razón de ser».
POLÉMICA CON LOS DECANOS DE MADRID Y MÁLAGA POR EL ENVÍO DE «OBSERVADORES»
Recientemente el presidente del CICAC entró en colisión con los decanos de los Colegios de Abogados de Madrid y de Málaga por unas declaraciones en Catalunya radio, el pasado 18 de enero, en las que dijo que estaban estudiando «enviar observadores al juicio del 1-0”.
El primero en responder fue el decano de Madrid, José María Alonso, quien declaró que “Decir que hace falta enviar observadores a este juicio es un insulto a la inteligencia. Porque es un juicio público que va a ser retransmitido por televisión y que va a ser cubierto por los medios de comunicación”.
A Alonso le siguió Francisco Javier Lara, el representante de los abogados de Málaga, quien afirmó que «Con el envío de ‘observadores’ el Consejo de la Abogacía Catalana trata de politizar la justicia y presionar a los jueces”.
Las declaraciones de Lara se produjeron después de que Confilegal publicara que el 18 de enero el CICAC no estaba estudiando nada sino que lo había aprobado en dos Plenos: el del 19 de noviembre y el del 27 de diciembre pasados.
Puig, por lo tanto, no fue fiel a la verdad.
EN CONTRA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA A LOS PRESOS POLÍTICOS
El presidente del CICAC también se pronuncia en la entrevista sobre la prisión preventiva, apuntando a que la «la decisión más acertada» sería que los nueve presos preventivos pudieran estar en un régimen de libertad o de semilibertad y sentados al lado de sus abogados durante el juicio.
Según Puig, este tipo de medidas para poder reunirse adecuadamente con su abogado y enfrentar el juicio son «un derecho fundamental» para personas acusadas de un delito tan grave y que se enfrentan a elevadas penas de cárcel.
Preguntado sobre si cree que será un juicio político, ha recalcado: «Como jurista debo entender que no será un juicio político, porque debo tener confianza en el sistema judicial que enjuiciará a estas personas. Lo veremos en el día a día durante las semanas que pueda durar el juicio».
JUDICIALIZACIÓN
Puig también dice lamentar la «judicalización de la política».
«La política son pactos, son consensos, y a partir de aquí los políticos han de hablar y han de intentar, a través del máximo de consenso, tirar adelante sus iniciativas».
«Querer trasladar los problemas de la política a los juzgados es un flaco favor que pienso que determinadas fuerzas políticas no deberían haber hecho. La judicialización de la política es uno de los grandes pecados que han cometido determinadas fuerzas políticas», concluye.
