«Decir que hace falta mandar observadores al juicio del ‘procés’ es un insulto a la inteligencia», según el decano de los abogados de Madrid
El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, a la derecha, junto al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, a la izquierda. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

«Decir que hace falta mandar observadores al juicio del ‘procés’ es un insulto a la inteligencia», según el decano de los abogados de Madrid

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30/1/2019 12:59
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Actualizado: 30/1/2019 14:54
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José María Alonso, el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), tiene «auctoritas», concepto entendido en el sentido romano de la palabra: poder moral, basado en el reconocimiento o prestigio de la persona. Es indudable e innegable. Por su trayectoria, sus conocimientos y su personalidad.

Hoy Alonso ha utilizado esa «auctoritas» para decir alto y claro algo que se necesitaba escuchar públicamente sobre la intención del Consejo de la Abogacía Catalana de mandar observadores al juicio del «procés», que comenzará la próxima semana en el Tribunal Supremo: «Decir que hace falta enviar observadores a este juicio es un insulto a la inteligencia. Porque es un juicio público que va a ser retransmitido por televisión y que va a ser cubierto por los medios de comunicación».

La pregunta que le hicieron esta mañana en el marco del Foro Justicia ICAM, un desayuno público en el que la figura invitada fue el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ángel Garrido, y en el que Alonso actuaba de anfitrión, nada tenía que ver con el tema.

Pero el decano Alonso aprovechó el trapo para conjurar cualquier atisbo de duda que pudiera haber acerca de lo que piensa.

«NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY»

«Nuestra Justicia es independiente e imparcial. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al que le corresponde enjuiciar el caso, es la más excelsa de los últimos tiempos. Si alguien quiere poner en tela de juicio a la Justicia española se equivoca. Y vuelvo a repetir que nadie está por encima de la ley«, añadió.

Es la segunda vez que el decano Alonso se pronuncia con esta claridad sobre el tema, y la primera que lo hace en persona, públicamente.

El pasado 21 de enero el ICAM hizo público un comunicado en el que le recordaba a Ignasi Puig, el nuevo presidente del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), organizacion que representa a los 14 colegios de abogados de Cataluña (40.000 colegiados), en el que afirmó que “La presencia de ‘observadores de la Abogacía’ en el citado juicio, que estudia el Consejo de la Abogacía Catalana, sólo tendría sentido en procedimiento opacos y arbitrarios más propios de Estados autoritarios que nada tienen que ver con el Estado español”.

Era la contestación a las palabras de Puig, también decano de Terrassa, que reveló en una entrevista en Catalunya Radio, tres días antes, que estaban estudiando la propuesta de enviar observadores al juicio por el caso “procés”.

Para justificar dicho «estudio” Puig se escudó en que las comisiones de Derechos Humanos del CICAC se lo habían planteado.

El decano madrileño -el ICAM es el Colegio más numeroso de los 84 existentes; cuenta con 77.000 colegiados- rememoró entonces el ABC que todo abogado debe conocer y, de modo especial, el presidente del CICAC, que ha jurado su fidelidad a la Constitución por partida doble, como decano del Colegio de Abogados de Terrassa y como presidente del Consejo Catalán: «En España, el artículo 120 de la Constitución Española garantiza de manera determinante y exclusiva que ‘las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento'».

LO CORTÉS NO QUITA LO VALIENTE

Alonso ha dejado claro que no le gustan las ambigüedades, en especial, en este asunto.

«Esto es lo que pienso. Este es mi punto de vista. Esto no quita para que quiera tener buenas relaciones con mis compañeros de Cataluña. Pero igual que respeto sus declaraciones ellos deben respetar las mías», añadió.

«Este Colegio colabora con el Colegio de Barcelona y seguiremos haciéndolo. Pero estaremos atento a cualquier cosa que pueda perturbar el estado de derecho y, de un modo especial, a todo lo que tenga que ver con este juicio. La Justicia española no necesita observadores de ningún tipo», remachó.

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