Son hechos que van contra natura, pero se producen. Y en ocasiones las víctimas no son solo menores sino también menores discapacitados. Eso es, precisamente, los que tendrá que enjuiciar la Audiencia Provincial de Baleares el próximo jueves.
La acusada, en ese caso, es una madre para la que la Fiscalía solicita 11 años de prisión por violar en distintas ocasiones a su hijo discapacitado, de 11 años de edad.
De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, entre enero de 2011 y agosto de 2013, la mujer, abusando de las «limitación de facultades mentales» de su hijo, que está diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención (TDA) y presenta una discapacidad del 33 por ciento, aprovechaba que él acudía a visitarla a su domicilio desde el centro hospitalario donde residía para abusar de él.
En esos momentos, le forzaba a que «le penetrara bucal, anal y vaginalmente», usando preservativo en este último caso.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal y con relación de parentesco.
También solicita la prohibición de 15 años de comunicación por cualquier medio, de aproximarse a 500 metros y una medida de libertad vigilada durante diez años, así como una pena de 6.000 euros en concepto de daños morales.
AHORA EL PADRE
En otro caso, este ya enjuiciado por el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, un padre ha sido condenado a 15 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a su hija menor, con la que tuvo acceso carnal durante, al menos, 5 años.
Los hechos sucedieron en la vivienda familiar entre los años 2011 y 2016, cuando la menor tenía entre 10 y 15 años.
Según explica la sentencia, el padre aprovechaba que la madre vivía en Albacete, donde trabajaba en una casa como empleada del hogar interna, para someter a su hija a tocamientos y forzarla sexualmente.
Esta conducta se repetía entre dos y tres veces por semana.
El condenado atemorizaba a la niña con la idea de que iría al infierno si contaba algo y la amenazaba con hacer daño a su madre.
Cuando la víctima creció, comenzó también a emplear la intimidación y la violencia contra ella. Así, le tapaba la boca para impedir que gritara o le golpeaba con las manos u otros objetos si intentaba zafarse de las agresiones sexuales.
El condenado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima durante 24 años. La Sala le priva, además, de la patria potestad de la menor y le obliga a someterse a un programa de educación sexual.
