No hay matices sino unanimidad entre los 5 abogados penalistas consultados por Confilegal: «Es un escándalo que la Fiscalía haya solicitado 50.000 euros como indemnización a Luis Rubiales por el beso robado a la futbolista de la Selección Nacional femenina de Fútbol Jennifer Hermoso. Se sale de toda medida».
Es lo que opinan Luis de las Heras, Marta Moreta, Juan Antonio Frago, José María Garzón y Juan Gonzalo Ospina.
A juicio de Luis de las Heras, jefe del departamento de Penal de la firma Durán & Durán Abogados, «es un escándalo porque es la misma fiscalía, en los casos que he llevado yo –y que sigo llevando– la que está pidiendo, en casos de agresión sexual con penetración, entre 8.000 y 15.000 euros. La petición se sale de toda lógica. Lo único que justifica esa indemnización es que la jugadora de fútbol ha salido en los medios de comunicación. Sinceramente, no es serio».
Marta Moreta, socia directora de Marta Moreta Abogados, por su parte, añade al calificativo de escándalo el de «barbaridad». Tanto por los 50.000 euros solicitados por el beso robado como por los otros 50.000 euros, también solicitados -lo que suman 100.000 euros– por las supuestas coacciones sufridas tanto por Hermoso como por sus familiares, de las que fueron autores Jorge Vilda Rodríguez, ex entrenador de la Selección Española Femenina de Fútbol, Rubén Rivera Teijido, exdirector de marketing de la RFEF y Albert Luque Martos, exdirector deportivo de la Selección, y Rubiales.
«Yo no he tenido nunca una condena por coacciones en la que hubiera responsabilidad civil. Para que haya lugar a esa compensación es necesario probar los daños psicológicos, mediante los informes correspondientes de los peritos en los que se indique la existencia de algún trastorno psicológico de algún tipo. Es una absoluta desproporción en comparación con el resto de las mujeres víctimas. Sinceramente, la fiscalía, en lo que se refiere a las indemnizaciones, ha descarrilado», subraya.
UN BESO ROBADO QUE NO VALE 50.000 EUROS
Juan Antonio Frago, exfiscal y socio director de la firma Frago & Suárez Abogados Penalistas, explica que está viendo sentencias por agresión sexual -con penetración- en prisión en que las indemnizaciones «no suben de 5.000 euros. Sobran los comentarios sobre la petición de la Fiscalía».
A Frago también le parece otro escándalo los 50.000 euros por las coacciones. «Me he leído el escrito de calificación de la fiscal del caso y opino que no se dan las condiciones para calificar lo sucedido de coacciones. Por un hecho: no existe violencia. Y la coacción exige violencia. Lo que califica la fiscal de coacción no es tal», señala.
Y refiere con cierta sorna un hilo reciente de Linkedin en el que una persona recordaba que «Jennifer Hermoso recibió 25.000 euros por dar las campanadas la pasada Nochevieja. Habría que descontarlo de los 50.000 euros solicitados, ¿no? Ahora, en serio, ambas peticiones son un despropósito».
José María Garzón, socio director de Garzón Abogados, coincide con sus colegas, y recuerda que el «celo acusador es la regla general en la Fiscalía. Exageran las peticiones. La mayor parte de las veces las sentencias no se compadecen con lo que solicita el fiscal».
«La Fiscalía sabe que la petición es estratosférica y que obedece a otros intereses, que tendrán que explicar, que nada tienen que ver con hacer justicia. NI es lógica la petición de 50.000 euros de indemnización por el beso robado a la jugadora de fútbol ni los 50.000 euros por las supuestas coacciones. Ninguna de las dos se sostienen por ninguna parte», manifiesta.
Juan Gonzalo Ospina, socio director de Ospina Abogados, por su parte, opina que ambas peticiones están fuera de baremos. «Son desproporcionadas. ¿Quiero esto decir que la Fiscalía está proponiendo el establecimiento de nuevos baremos? Es de broma. En un reciente caso de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid en el que se dirimió una agresión sexual con penetración lo que solicitó el Ministerio Fiscal fueron 7 años de prisión y 13.000 euros de indemnización al agresor».
«La petición de la Fiscalía en el caso Rubiales no hace más que crear inseguridad jurídica y desconfianza hacia el Ministerio Fiscal. Ni el beso robado ni las supuestas coacciones valen 100.000 euros. La Fiscalía lo sabe. Nosotros, los abogados penalistas, lo sabemos. Los jueces lo saben. ¿A quién quieren engañar?», concluye.
