La Sala de lo Penal del Supremo ha confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia Nacional contra Ana María Cameno Antolín, apodada la «Reina de la coca», y contra su organización por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales tras desestimar íntegramente los recursos de casación.
Cameno Antolín, señalada como cabecilla de la red, junto con su amplio entramado, fueron hallados culpables de gestionar la distribución de significativas cantidades de cocaína, así como de diseñar un sofisticado sistema para lavar las ganancias obtenidas de esta actividad ilícita.
La investigación, que comenzó en noviembre de 2013, reveló cómo la organización operaba con extremas medidas de seguridad, empleando vehículos a nombre de terceros y caletas ocultas para el transporte de la droga.
El fallo –número 302/2024, 10 de abril– rubricado por el tribunal formado por Andrés Martínez Arrieta, presidente, Ana María Ferrer García, Vicente Magro Servet, ponente, Susana Polo García, y Leopoldo Puente Segura, ha sido rotundo.
Han impuesto a la «Reina de la coca» una pena de 16 años de prisión y una multa acumulada de 21,2 millones de euros; 12 años por varios delitos contra la salud pública y 20 millones de euros; y 4 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales, y 1,2 millones de euros.
Entre los condenados también se encuentran Guillermo León Velasco Valencia, José Tomás Moya Mínguez, Rubén Isaac Blanco Ruiz, Graziano Molén, Mª Carmen Cano Rico, David García Asenjo, Marco Antonio Gómez Royer, Guillermo Guadalix Pajares, Jesús Gil Martín, y José Miguel Artiles Ceballos, todos ellos integrantes de la red criminal, quienes enfrentan penas de 5 a 4 años por su participación en los delitos mencionados.
UNA RED MUY SOFISTICADA
La red ejecutaba operaciones específicas de transporte y distribución de la cocaína. Un ejemplo detallado en la sentencia es el caso de un transporte realizado el 31 de julio de 2014, donde el conductor, siguiendo las instrucciones de Cameno Antolín, transportaba la droga en un vehículo manipulado para ocultar 19 paquetes de cocaína.
Además de las operaciones directamente relacionadas con el narcotráfico, la organización contaba con una red de soporte que incluía aspectos técnicos, jurídicos y financieros, esenciales para el lavado de las ganancias obtenidas y la reinversión de estos fondos en la operativa delictiva.
La organización criminal liderada por Ana María Cameno Antolín operaba en Majadahonda, localidad al oeste de Madrid, concretamente en el polígono industrial El Carralero y la Urbanización La Albaida, donde se hacían preparativos para el transporte de la droga. Varios domicilios y propiedades adicionales fueorn utilizados apra almacenar y manipular la droga.
También actuaba en Valdemorillo, otra localidad de la Comunidad de Madrid, La Línea de la Concepción, en Cádiz, Medina del Campo, Valladolid, Marbella y Algeciras. Y finalmente Panamá, .
El sistema de blanqueo de capitales utilizado por la organización liderada por Ana María Cameno Antolín se basaba en complejas operaciones financieras diseñadas para reintegrar en la economía legal las ganancias obtenidas del narcotráfico.
Este entramado implicaba varios pasos clave que incluían transferencias internacionales, uso de sociedades pantalla y entidades financieras, mecanismos de compensación para transferir el equivalente de las sumas de dinero a través de contactos en Panamá, sin mover físicamente el dinero, lo que dificultaba su rastreo, inversiones y gastos de alto nivel y comunicaciones frecuentes y reuniones para coordinar la entrega de dinero, su ingreso en el sistema bancario y la confirmación de las transferencias internacionales.
