Imagen de afectados de talidomida en el Congreso.
Si el Gobierno tramita el Real Decreto de ayudas, los afectados por la talidomida irán a los tribunales
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25/2/2019 06:15
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Actualizado: 24/2/2019 22:22
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Mal, a destiempo y con unas cantidades económicas que podrían rondar los veinte millones de euros, frente al cálculo realizado desde la Asociacion de Víctimas de la Talidomida (AVITE), fijado en 300 millones de euros.
Este colectivo ha rechazado de plano el «Proyecto de Real Decreto de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1.950-1985”, cuyo trámite de audiencia pública abrió este miércoles el Ministerio de Sanidad.
Para Ignacio Martínez, abogado de esta asociación de afectados esta propuesta del Gobierno, “realizada de forma unilateral, sin debate parlamentario ni consulta a nuestra propia asociación vulnera todos los acuerdos previos establecidos y dista mucho de defender los intereses de los afectados».
En consecuencia, presentarán las alegaciones correspondientes en el plazo abierto hasta el 15 de marzo.
Como tabla salvadora para este colectivo, todo parece indicar que no habrá tiempo para su tramitación parlamentaria.
Este jurista recuerda que en el 2010, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley de Presupuestos de 2009 estableció un millón medio para todo este colectivo.
Eso hizo que solo se reconocieran como víctimas a 24 personas que recibieron entre 30.000 y 90.000 euros, cantidades muy insuficientes por los daños recibidos.
“Ahora hay más dinero presupuestado. Sobre los veinte millones, que sigue siendo escaso para la totalidad del colectivo. Parece como si se quisiera adaptar el dinero a las víctimas, con lo cual se quedarían fuera muchas”, explica.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una de sus recientes intervenciones. Pool Moncloa.
La Asociación, que ha enviado una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmada por su presidente José Riquelme, advierte al Ejecutivo de que los afectados no quieren este proyecto, como ya se transmitió al Ministerio de Sanidad.
La decepción es profunda en este colectivo, que no entiende este planteamiento de última hora que reciben del Gobierno, “sin respetar lo que ya habíamos consensuado”.
Martínez aclara que el texto pactado del citado Real Decreto Ley hace ya algunos meses no tiene nada que ver con el que se hizo público hace unos días.
No obstante, en la carta a Sánchez, Riquelme advierte de que en caso de aprobarse esta normativa se haría en contra de la voluntad de las víctimas, por lo que sería recurrido ante los tribunales de manera contundente.
Porque esta nueva propuesta está basada «en cifras manipuladas, falseadas y carentes de criterio y no recoge las reivindicaciones del colectivo» y vulnera los Presupuestos Generales del Estado de 2018 «en los que tiene origen y razón de ser en materia de cálculo de cantidades a pagar según grado de discapacidad».
Además, considera que «es contrario al sentido común, la no discriminación y a la Proposición No de Ley de noviembre de 2016 aprobada con los votos del PSOE en materia fiscal».
De hecho el asunto de la exención fiscal de las indemnizaciones no se alude en este texto legislativo, lo que genera más incertidumbre jurídicas a estos afectados.
Según ha podido saber Confilegal, las relaciones existentes entre Sanidad y AVITE están rotas por muchos motivos.
En esta asociación de afectados no ha gustado el talante del secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, en las últimas reuniones y la lentitud de cómo va este asunto, donde los reconocimientos a las víctimas de la talidomida están parados de forma sorprendente.
De izquierda a derecha, Ignacio Martinez, Rafael Basterrechea y José Riquelme, presidente de AVITE. EP.
SE CAMBIAN PLANTEAMIENTOS UNILATERALMENTE
Martínez ve con preocupación como los temas ya consensuados se han modificado de forma notable.
“Este Real Decreto del que hos hemos enterado hace unos días, no puede ir en contra de la ley que lo desarrolla. Sí, en la Disposición 56 de los Presupuestos Genérales del Estado se habla de la discapacidad reconocida por cada afectado. Pero introducen un matiz. Esos 12.000 euros por punto que van a recibir se imputará a la talidomida. Eso hace que el resto de las enfermedades derivadas de la misma no se tengan en cuenta”.
El abogado de AVITE cree que con esta maniobra “se pretende reducir el montante que el Gobierno pague a los afectados. Hay personas que con esa enfermedad hay afectados que tienen escoliosis o fibromialgia, eso hará que su grado de dependencia pueda bajar de forma notable. Y lo que es peor que las compensaciones podrán bajar. Creíamos que estaba claro que los puntos eran por todas las cuestiones de discapacidad”.
Para este jurista “este nuevo planteamiento puede generar bastante litigiosidad entre los propios afectados y Sanidad. Ahora habrá que ver cual es la cantidad de gente que señalan que es afectado realmente por la talidomida. Desde ahí tienen otra formula para reducir la factura global a pagar por todo este colectivo”.
Al parecer la partida prevista para zanjar este asunto es de 20 millones de euros, muy lejos de los 50 millones que Blanco aseguraba a Avite tener para el 2018.
Por eso se tiene el temor que eso haga reducir el numero de afectados reconocidos.
Algunos de los afectados por la talidomida.
“Habíamos llegado a un acuerdo sobre este tema y faltaba el tema fiscal por aclarar. Ahora vemos con sorpresa que ese acuerdo se lo saltan de manera unilateral”, asevera.
Otro tema que molesta en Avite y que viene reflejado en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2019 es que las ayudas podrían ser compatibles con otras recibieran.
Sin embargo, ahora el documento advierte de que «se deducirá de su cuantía cualquier otra ayuda o prestación de análoga naturaleza y finalidad. Eso hace que aquellos 24 que recibieron prestaciones en el 2010 tendrán que deducírselas.”
En sus alegaciones, que presentarán dentro de unos días, la asesoría jurídica de AVITE contemplará todas las cuestiones indicadas.
«El contenido del Real Decreto es parecido al que se aprobó en el 2010 donde ahí se hablaba de la exención fiscal, aunque la cantidad que el Gobierno guardaba era muy insuficiente. Ahora nos dicen verbalmente que tendremos que pagar los impuestos correspondientes”.
AVITE no aceptará esta propuesta y acudirá a los tribunales a defender sus derechos.
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