El fiscal Guillermo García Panasco, Enrique López, Eduardo de Porres, Xavier Gil Pecharromán y Laura Arán en el panel sobre el Protocolo de Comunicación de la Justicia. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Con la transmisión por TV del juicio del «procés» España está dando un ejemplo de transparencia al mundo
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03/3/2019 06:15
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Actualizado: 03/3/2019 10:36
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«Con la transmisión por televisión del juicio del ‘procés’, la justicia española está dando el mayor ejemplo de transparencia y de imparcialidad que se puede dar al mundo. Ningún otro Tribunal Supremo de Europa, salvo el de Inglaterra, tiene la capacidad de hacer lo que el de España. Y eso es gracias a la apuesta que el Consejo General del Poder Judicial hizo hace 15 años con el Protocolo de Comunicación de la Justicia», según el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, Enrique López, portavoz y presidente de la Comisión de Comunicación que en 2004 puso las bases para lo que hoy todo el mundo puede ver por televisión y a través de Internet.
«A la Justicia española nadie puede darle lecciones de transparencia. Este juicio es la prueba más evidente. Si este juicio se hubiera celebrado en el Supremo alemán, por un caso similar con los separatistas de Baviera, no se habría retransmitido por televisión. Tampoco lo habría permitido el Supremo belga, si los independentistas flamencos hubieran estado sentados en el banquillo de los acusados«, añadió tras su intervención en la Jornada «Administración de Justicia y Libertad de Prensa: Buscando un punto de encuentro», que tuvo lugar el pasado viernes en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
Enrique López, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, e impulsor de la transparencia en el poder judicial, durante su intervención. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La jornada fue inaugurada por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, alumno de esa Facultad. Y clausurado por Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado.
En el panel en el que intervino López, «El protocolo de comunicación de la Justicia», también tomó parte, a título personal, el fiscal Guillermo García Panasco, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y exfiscal jefe de Las Palmas, quien se mostró a favor de la estrategia proactiva.
García Panasco recordó la Instrucción 3/2005, que establece los criterios del Ministerio Fiscal para su relación con los medios, en la que se desarrolla la figura del fiscal portavoz -que él desempeñó durante 10 años en Las Palmas- una competencia que asumen todos los fiscales jefes provinciales.
«Partimos de un desencuentro estructural. Lo que es noticia no lo podemos decir y lo que podemos decir no es noticia», reconoció.
García Panasco enumeró, eso sí, las cosas que preocupan a los fiscales de los medios de comunicación: «Nos preocupa la falta de rigor en la información, las noticias sin contrastar, la frecuenta confusión entre información y la opinión, el uso de las redes sociales, los tuiteros o los ‘yotubers’, que no son periodistas. Tampoco soy partidario del juez o el fiscal tertuliano pero si del juez o fiscal divulgador».
El fiscal Guillermo García Panasco fue fiscal jefe de Las Palmas y portavoz de ese órgano durante diez años. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El periodista Javier Gil Pecharromán, jefe de Normas y Tributos de El Economista, abogó por la autorregulación y por la sensibilidad a la hora de desindexar informaciones en los buscadores de personas que han sido absueltas en los tribunales «porque eso les perjudica a la hora de encontrar trabajo».
La abogada Laura Arán, por su parte, abogó porque el «Protocolo de Comunicación de la Justicia» contemplara sanciones.
En el primer panel de esta jornada, titulado «Libertad de Prensa versus administración de Justicia, intimidad, honor y presunción de inocencia», el magistrado del Tribunal Supremo, Miguel Colmenero, se pronunció a favor de reconsiderar legalmente el secreto de las actuaciones «para que quede claro qué información se puede dar y cuál no».
Carlos Bautista, fiscal de la Audiencia Nacional, planteó una modificación legal con el fin de que consideren los «daños morales» producidos por las filtraciones como anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, y puedan ser compensados.
José Antonio Hernández, periodista del diario El País, afirmó que no todo vale y que las líneas rojas «las marcan el sentido común», en lo que al ejercicio del periodismo se refiere.
La abogada Mercedes Ruiz Rico, por su parte, subrayó que es muy importante que se proteja el derecho al honor y a la intimidad.
EL SECRETO DEL SUMARIO ESTÁ MUERTO
El panel más conflictivo fue el último, «Hacia un nuevo escenario de la relación entre la Justicia y la prensa: futuro contenido y límites del secreto del sumario».
El magistrado del Supremo, Antonio del Moral, en una intervención muy divertida y amena, concluyó que al secreto del sumario «lo hemos matado entre todos: Autoridades, periodistas, jueces, fiscales, policías… la sociedad. Y el inductor de la muerte del secreto del sumario ha sido la libertad de información».
«El secreto, tal como está diseño en la ley, está muerto», afirmó. «Mientras que se diga que todo el secreto, nada es secreto. Habría que diseñar algo distinto, en línea, quizá con el portugués, en el que se puede establecer el secreto, pero es la excepción».
En contra se mostraron el fiscal del Supremo, Salvador Viada, y el profesor titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Complutense, Íñigo Segrelles, organizador de la Jornada.
Viada abogó porque se legisle que la información obtenida ilícitamente sea castiga patrimonial o económicamente.
Segrelles, aunque no llegó tan lejos, sí propuso el estudio de restricciones informativas sobre las causas en fase de instrucción.
Patricia Rosety, presidenta de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) y responsable de tribunales de la COPE, planteó que el periodista es el mensajero. No el que genera la información. «¿Habría que plantearse por qué se filtra y a quién beneficia? Las cosas no son simples», dijo.
Algunos de los intervinientes en esta jornada. De izquierda a derecha, Antonio del Moral, Natalia Velilla, Julián Sánchez Melgar, que clausuró el acto, Patricia Rosety, Salvador Viada, Íñigo Segrelles y Carlos Berbell.
LOS JUICIOS PARALELOS INFLUYEN EN LOS JUECES
Eso fue lo que mantuvo el periodista Arcadi Espada en su intervención, en el panel sobre «Juicios Paralelos», que compartió con la magistrada Natalia Velilla, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y con Mario Conde.
Velilla, muy combativa, alabó el juicio del «procés», pero criticó la política de comunicación del CGPJ y del Tribunal Supremo, cuyo máximo responsable es el presidente Carlos Lesmes Serrano.
Natalia Velilla, Arcadi Espada, Íñigo Segrelles y Mario Conde. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El periodista Arcadi Espada. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La magistrada Natalia Velilla, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La magistrada recordó fracasos comunicativos como el caso de Juana Rivas, «la manada», el asesinato del niño Gabriel o el de Laura Luelmo. «El silencio del CGPJ nos ha obligado a las asociaciones a dar un paso para llenar ese vacío de comunicación, que no debería existir», aseguró.
Velilla reconoció que los juicios paralelos pueden influir sobre los jueces. «Pero eso va a en el sueldo. Somos profesionales de la presión. No es nada nuevo. Todo depende de cada uno», señaló.
Mario Conde, por su parte, contó su caso, por el que pasó dos meses en la cárcel y, después de dos años y medio de instrucción, fue archivado.
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