El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, denunció ante la Fiscalía General del Estado y ante el Tribunal de Cuentas los gastos de publicidad del referéndum ilegal del 1 de octubre, los pagos del Diplocat por los observadores internacionales, el posible desvío de fondos para crear la Hacienda catalana y los gastos por el viaje de 200 alcaldes a Bruselas.
Así consta en el informe remitido por el Ministerio de Hacienda que él dirigía al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que ha instruido el sumario del procés que se está juzgando desde hace dos semanas contra un total de doce procesados.
El exministro Cristóbal Montoro compareció el pasado miércoles como testigo ante la Sala del Tribunal Supremo.
Las defensas de los imputados se habían acogido hasta el momento a las declaraciones del exministro en las que aseguraba que el 1-O no se había pagado con dinero público.
Sin embargo, el miércoles pasado, Montoro sorprendió desvelando que había remitido denuncias tanto a la Fiscalía como al Tribunal de Cuentas y que todas ellas constaban en un informe que exhibió ante una pregunta del abogado de Vox Pedro Fernández.
«¿Recuerda usted un informe de 27 de abril de 2018 que presento ante el excelentísimo instructor de esta causa?», le inquirió el letrado.
«Sí, claro. Este es el informe que me acompaña, que tengo en la mano», afirmó el exministro, quien a lo largo de su declaración expuso que era «perfectamente compatible» el control presupuestario que había realizado el Ministerio de las cuentas en Cataluña con las investigaciones que se llevan a cabo en tribunales, en Fiscalía, etc.
En ese informe el que fuera titular de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy explica que a través de la información de que disponía por los controles del Ministerio y de los seis requerimientos que envió a la Interventora General de la Generalitat había detectado «indicios de delito» en varios asuntos.
LA PRIMERA, SIETE MESES ANTES DEL REFERÉNDUM
Por ello, relata cuatro denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, la primera de ellas es del 14 de febrero de 2017, siete meses y medio antes de que se produjera el referéndum.
En ella, el Ministerio pone en conocimiento del fiscal todo lo relacionado con los requerimientos de información y respuesta de la Generalitat sobre la difusión de la «campaña institucional por el referéndum».
El segundo escrito, firmado por el secretario de Estado de Hacienda a la Fiscalía General es de 20 de septiembre de 2017 sobre la negativa de la Generalitat a aportar la relación de contratos de auditoría y de prestación de servicios bancarios requeridos en el marco del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de 15 de septiembre -cuando se estableció el sistema de «control reforzado» del Presupuesto catalán–.
Un tercer escrito fue remitido por Hacienda al Fiscal General el 29 de septiembre sobre los últimos acontecimientos que habían ocurrido en Cataluña y «en particular, lo relativo a la partida ‘publicidad, difusión y campañas electorales'».
El cuarto escrito al Fiscal por parte del Ministerio que dirigía Montoro es del 4 de octubre de 2017, por que la Generalitat no había remitido la información requerida sobre los gastos del Diplocat de 2017, en concreto, los relativos a programas relacionados con «misiones de observación electoral o cualquier otro expediente relacionado con el referido referéndum».
A todas estas denuncias, se suman los seis requerimientos que Montoro envió a la Interventora General de la Generalitat para pedirle información, el primero de ellos el 15 de enero de 2018 y el último, el 5 de marzo de ese mismo año. Toda la información recabada lo fue a instancias del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y se remitió al juez.
GASTOS DE LA GENERALITAT, OMNIUM Y ANC
Además, el Ministerio había ido enviando denuncias ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
La primera de ellas el 20 de octubre de 2017, relativa a las actuaciones de la Generalitat relacionadas con el referéndum del 1 de octubre y de las entidades Ómnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Cinco días después, el 25 de octubre, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas emitió un escrito por el que acordó incoar diligencias pre procesales y trasladó lo actuado a la Sección de Enjuiciamiento.
El 7 de noviembre, Hacienda amplió la primera denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, con una información que había publicado El Confidencial siete días antes en la que aseguraba que la Generalitat había desviado fondos de Asuntos Sociales para montar la Hacienda catalana.
Una semana más tarde, el secretario de Estado de Hacienda se vuelve a dirigir a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por posible «responsabilidad contable» contra 200 alcaldes que habían viajado a Bruselas para apoyar a Carles Puigdemont en una conferencia la situación de Cataluña, fletando un avión privado.
El 20 de noviembre de ese mismo año, el Ministerio remitió una carta a la delegada instructora del Tribunal trasladando un informe y la documentación que la sección de Enjuiciamiento de este tribunal había requerido a la Generalitat de Cataluña.
Y el 7 de feberro de 2018, Hacienda traslada a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas la información recabada con los requerimientos que le ha realizado a la Interventora General de la Generalitat los días 15, 23 y 29 de enero, completando de esa manera la información remitida en las denuncias anteriores.
El informe que exhibió el ministro y al que ha tenido acceso Europa Press exponía que los mecanismos de control que estableció el Ministerio implican información de carácter «estrictamente presupuestario y contable» pero dejaba claro que ello no debe «suponer que la realidad fáctica o material sea coincidente». Es decir, que estos «mecanismos de control no son incompatibles con la investigación judicial». EP.
