Jesús Gascón, director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), afirmó ayer que los modelos de «compliance» tributario tienen validez como mecanismo de autorregulación.
“En ningún caso deben ser entendidos como un escudo cuando se incurra en incumplimiento de las obligaciones fiscales», manifestó.
Gascón hizo estas declaraciones durante su ponencia en el marco del Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters, que tuvo lugar en el Auditorio Rafael del Pino, en Madrid.
El interviniente anunció que la AEAT estudia crear «una especie de sistema de puntos» para empresas cumplidoras, que podrían así evitar hacer frente al IVA en compras intracomuntarias, al obtener la calificación de sujeto pasivo certificado.
Todo ello en el contexto de la futura modificación de la gestión del IVA comunitario.
El evento, dirigido por Margarita Santana, socia directora de Santana Lorenzo Abogados, reunió a cerca de 200 profesionales expertos en una materia de absoluta actualidad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
El director general de la AEAT intervino en el panel «Qué es el Compliance Tributario: situación en España» en el curso del cual dijo el organismo que dirige no tiene previsto impulsar cambios normativos que conlleven una rebaja de las sanciones.
“Lo que hay que hacer es ver qué podemos mejorar con el sistema normativo actual. No descarto un cambio normativo a futuro, pero primero hay que ver qué queremos hacer antes de cambiar las normas. Hay mucho recorrido con el marco normativo actual», aseveró.
Gascón añadió, por último, que para la AEAT “lo fundamental es el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Necesitamos fomentar los modelos cooperativos”.
¿Exención de la responsabilidad penal?
Sobre esta cuestión, Alejandro Luzón, fiscal Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, aseguró que “el cumplimiento de la UNE 19602 no garantiza que no se cometan delitos, tal y como reconoce la propia norma”, máxime “si los cometen los subordinados”.
La norma UNE 19602 establece el estándar de los sistemas de gestión de compliance tributario. Es un mecanismo de autorregulación de las empresas que la Agencia Tributaria puede tomar en consideración como evidencia para analizar el grado de cumplimiento y cooperación, cumplimiento y control de los procedimientos y obligaciones tributarias.
Fue creado bajo el paraguas de Asociación Española de Normalización (UNE) y la participación de un grupo de expertos formado por representantes de grandes empresas, administraciones públicas, universidades, asociaciones profesionales y despachos.
De acuerdo con Luzón, deberá acreditarse, vía certificación, que el programa existe, “pero que nadie crea que una pegatina de acreditación va a eximir de responsabilidad…eso lo harán los tribunales”.
Según Luzón, es fundamental que las empresas “se doten de recursos para permitir detectar riesgos
tributarios, que no son solo financieros”, como es el caso de “los planes de contratación con socios estableciendo con ellos cláusulas que limiten riesgos”.
Los empresarios dicen que prima el sistema represivo frente al de la prevención
En contraposición a las tesis defendidas por los representantes de la administración tributaria, Bernardo Soto Siles, secretario de la Comisión Fiscal y jefe del Área Tributaria de la CEOE, declaró que “tenemos un sistema tributario en el que aún prima el modelo represivo frente al de prevención. Va más encaminado a castigar al incumplidor que a primar el cumplimiento”.
Por eso cree que la UNE 19602 “es un buen primer paso para incluir el ‘compliance’ tributario en la normativa española”.
Bernardo Soto sostuvo que los empresarios “me transmiten que en materia tributaria navegan en aguas revueltas, con sucesión de normas cambiantes, con criterios en la administración también cambiantes y que se establecen en un tiempo posterior a la entrada en vigor de la norma”.
Recordó, por último, que hay un problema en las liquidaciones tributarias, “como se ve en la excesiva litigiosidad”.
A su juicio, se requiere un cambio de actitud por parte de la administración tributaria, “que impone miles de sanciones que saben que muy probablemente serán rectificadas por los tribunales.
