La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), organización que agrupa a 787 ayuntamientos de los 948 existente, ha vuelto a sufrir un nuevo revés desde la justicia.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Barcelona ha declarado nula la adhesión de la Diputación de Barcelona a la AMI en octubre de 2015.
Contó con el apoyo de los votos a favor de los diputados de Convergència, ERC y la CUP-PA. Se abstuvieron la Entesa, que integra ICV-EUiA y Barcelona en Comú y las dos diputadas de Unió.
En aquella sesión estuvo presente el entonces presidente de la AMI y alcalde de Girona, Carles Puigdemont, hoy prófugo de la justicia en Bélgica.
La demanda fue interpuesta por Societat Civil Catalana.
En la sentencia, la magistrada Rosa María Muñoz Rodon dice que «en el presente caso estamos en lo que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 31 de octubre de 2014, rec. 153/2014 ha denominado como una actuación marcada por su parcialidad («uti singuli») y adhesión a una determinada opción ideológico-política».
La Diputación de Barcelona, a juicio de la magistrada carece de las competencias atendidas en las finalidades de la AMI, que no es otra que la independencia.
La magistrada argumenta que en otras sentencias similares la AMI «asume finalidades que conciernen a un potencial futuro de toda Cataluña».
Y no sólo excede la de los municipios «sino que se interfiere tanto en las competencias del Estado, como en el resto de entidades locales de Cataluña, (asociadas o no) y que integran el sistema institucional de la Generalitat, como entes en los que ésta se organiza territorialmente».
En los últimos meses varios juzgados catalanes han anulado los acuerdos de los ayuntamientos de Terrassa, Reus y Castelldefels, además de la Diputación de Tarragona, para adherirse a la AMI.
