Uno de los jefes de Unipost reveló que retuvo un envío de tarjetas censales para el referéndum ilegal

El exdirector de Producción de Unipost Francisco Juan Fuentes afirmó ayer ante el tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña que a mediados de septiembre de 2017 retuvo un envío de «seis o siete» palés de sobres de la Generalitat porque con el material no había llegado ningún albarán para poder facturar el encargo, de modo que éste no se tramitó.

Se trata de más de 45.000 tarjetas censales para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y que la Guardia Civil incautó en el almacén de Unipost en Terrassa el 19 de septiembre.

Sin embargo, a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, Fuentes ha asegurado que en aquel momento no supo qué contenían los sobres, aunque sí sabía que el remitente era la Generalitat porque en los sobres se veía «claramente» el logotipo de la misma.

«En ese momento no sabía qué producto había. Sólo sabía que eran envíos de la Generalitat. No tuve claro si eran certificados o cartas ordinarias. La mayoría no llevaban justificante de entrega», explicó en su comparecencia como testigo, en la que especificó que «de los cuarenta y pico mil sobres, sólo unos dos mil llevaban acuse de recibo».

LE LLAMÓ UN TAL TONI

Fuentes señaló que unos días antes de que se entregaran los palés, recibió varias llamadas telefónicas de una persona que se hizo llamar Toni y que decía llamar de parte de la Generalitat y que fue quien avisó del material que iba a llegar a Unipost.

El testigo no pudo identificar a esa persona.

Ante la extrañeza de la fiscal, que insistió varias veces en preguntar por esa persona, el testigo reiteró que el tal Toni no le dijo su apellido y que entonces supuso que «era la persona que hacía la manipulación de los envíos».

«¿Pero no desconfió?», quiso saber Madrigal, a lo que Fuentes contestó que en ese momento no se preocupó porque lo que importaba es que llegara el albarán.

«¿Pero por qué trató con esa persona para un pedido tan importante?», inquirió la representante del Ministerio Público, tras lo cual el exjefe de Unipost se limitó a reiterar que «al no haber nota de entrega» decidió parar el envío.

Otra revelación que causó perplejidad en la sala es la manera en que los palés de la Generalitat llegaron a Unipost.

Según contó Fuentes en respuesta a preguntas de la Abogacía del Estado, él mismo acudió a un punto de encuentro que no especificó y que no era junto a la sede de la empresa -«en las inmediaciones de un bar»- y dos personas -hombre y mujer- llegaron en una furgoneta blanca y dijeron que «eran de la Generalitat».

Descargaron los sobres y éstos se introdujeron en otro vehículo de Unipost, un proceso que hubo que hacer dos veces para poder trasladar todo el material. El testigo admitió que éste no era el procedimiento habitual.

Fuentes relató que los sobres no llevaban ningún tipo de albarán y por eso él mismo retuvo su envío.

«Todo nuestro proceso productivo requiere albarán de entrada».

«Los transportistas no trajeron albarán y como no sabíamos a qué departamento teníamos que facturar, se quedaron bloqueados los envíos. No había documento de entrega, ni un triste papel de quién los traía y lo primero es facturar al cliente», subrayó-

LOS SOBRES PONÍAN «NERVIOSOS» A LOS EMPLEADOS

Los sobres estuvieron en la central de Unipost, ubicada en L’Hospitalet, durante varios días -entre el 16 y el 18 de septiembre-. Fuentes explicó que decidió trasladarlos al almacén de Terrassa porque allí había más espacio y porque los trabajadores de la empresa estaban «nerviosos» al ver el tipo de envío y que éste llevaba el logotipo de la Generalitat.

«Los envíos estaban a la vista, en el pasillo, por donde el personal tenía que entrar. La gente estaba nerviosa, había comentarios en prensa, estábamos en concurso de acreedores… Había opiniones en un sentido y en otro también. Además, estaban cerca de la máquina de café y detecté que había algún comentario inapropiado. Por eso quise quitarlos de enmedio», afirmó.

Un día después de trasladar los palés a Terrassa tuvo lugar el registro de la Guardia Civil en el que se incautaron los sobres con las tarjetas censales. Según Fuentes, cuando él supo de la presencia del dispositivo policial se trasladó hasta el almacén y allí le comunicaron que no tenían ninguna orden judicial y que «no les hacía falta ninguna porque estaban investigando».

«Creo recordar que me dijeron que venían por orden de Fiscalía», apuntó.

La fiscal también le preguntó por un correo electrónico en el que se daba cuenta de un presupuesto para el envío de más de cinco millones de cartas y 56.000 tarjetas censales.

El testigo aseguró que no abrió el archivo adjunto con los cálculos del coste y que se limitó a reenviar el e-mail, provocando una vez más la extrañeza de Madrigal.

«No tenía por qué desconfiar de mis compañeros», afirmó. 

«NINGUNA DIFERENCIA» CON OTROS ENCARGOS

Antes de Fuentes declaró el exjefe de producción para Cataluña y Baleares, Albert Planas, quien manifestó que no tuvo conocimiento de que las más de 40.000 tarjetas censales tenían relación con el referéndum ilegal hasta que el secretario judicial abrió una de ellas en el juzgado delante de él.

Aún así, destacó que no había notado «ninguna diferencia» entre este encargo y otros que habían realizado en el marco de un convenio vigente durante dos años con cuatro consejerías.

Como Fuentes, Planas contó que el envío estaba «retenido» porque en ese momento no había «ni albarán ni orden» del cliente sobre cómo repartir; aunque los sobres estaban preparados con su indicativo de la Generalitat y el destinatario.

En este sentido, a la pregunta del fiscal Jaime Moreno sobre si podría haber algún interés en «ocultar» esa orden de trabajo, el testigo insistió en que no sabe si sería ese el motivo.

Planas añadió que tampoco se puede hacer la facturación del trabajo sin dicha orden, aunque después se desvinculó de cualquier actuación relacionada con esta función porque «no ha sido su responsabilidad» ni depende de su departamento.

El lunes también compareció otro subordinado de Fuentes, Antonio Manuel Santos Falcón, que era el encargado de dirigir el reparto en Barcelona y Badalona.

Este testigo ofreció escasos datos durante su breve interrogatorio, si bien reconoció el e-mail en el que que comunicaba a otros trabajadores la importancia del envío de certificados de la Generalitat, al que que había que intentar «darle salida a la mañana siguiente».

SORPRESA SORPRESA

A preguntas de Consuelo Madrigal, negó que le dieran razón de esta preferencia e indicó que en dicho momento desconocía de qué envío se trataba.

«¿Ahora lo sabe?», le preguntó la fiscal, a lo que el testigo respondió: «No hay ningún español que no lo sepa».

En otro momento del interrogatorio, Santos contestó de forma cortante también a la fiscal, al asegurar que no suele conocer la materia de los envíos: «La mayoría de las veces era sorpresa sorpresa».

Por último, también compareció ante el tribunal el que fuera encargado de proyectos del Centro de Telecomunicación y Tecnologías de la Información (CTTI) David Palanqués, si bien este trabajador, que acudió acompañado por su abogado, se negó a declarar, ya que se encuentra imputado en la causa en la que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga la organización del 1-O.