Granados fue el único de los tres condenados que recurrió en casación. Foto: EP
El Supremo confirma la condena de dos años de cárcel para Granados por el chivatazo de la Púnica
EL SOPLO LE PERMITIÓ OCULTAR UN MILLÓN DE EUROS EN EL ALTILLO DE LA VIVIENDA DE SUS SUEGROS
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14/3/2019 11:30
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Actualizado: 13/9/2019 08:51
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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel impuesta al exconsejero madrileño Francisco Granados por la Audiencia Nacional, por un delito agravado de aprovechamiento de secreto relacionado con el chivatazo que le dio un guardia civil sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido en la denominada ‘Operación Púnica’.
El soplo permitió a Granados ocultar un millón de euros en el altillo de la vivienda de sus suegros, como luego se comprobó en los registros judiciales.
El agente que dio el aviso, José Manuel Talamino, fue condenado a dos años de cárcel, y José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excendecia, a año y medio de prisión y a cuatro de inhabilitación especial para cargo o empleo público.
El único que recurrió en casación fue Granados, exalcalde de Valdemoro, exconsejero de Presidencia e Interior madrileño, y exsecretario general del PP de Madrid.
Granados ya cumplió dos años y medio de prisión preventiva por el caso ‘Púnica’, que aún se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional.
El tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo revisó la condena por el chivatazo el pasado 20 de febrero en una vista pública, y hoy se ha conocido su veredicto.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Confilegal, la firman los magistrados Pablo Llarena Conde; Vicente Magro Servet; Susana Polo García; Eduardo de Porres Ortiz de Urbina; y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, que ha sido el ponente.
El tribunal ha ratificado la condena de la AN al entender que esta revelación originó un grave daño a la investigación policial, permitiendo a Granados tomar ciertas cautelas, entre ellas la de ocultar ese millón de euros.
También ha confirmado las condenas de dos años de prisión para el guardia civil José Manuel Rodriguez Talamino, y de un año y 6 meses para el agente en excedencia de este Cuerpo José Luis Caro Vinagre.
Estos hechos se remontan a septiembre de 2014. Dentro de la investigación por delitos de corrupción de la llamada ‘operación Púnica’, el agente José Manuel Rodríguez Talamino recibió la orden de colocar en la localidad madrileña de Pinto una cámara oculta en la puerta de las oficinas de otro de los investigados, David Marjaliza.
La noche del 5 de septiembre, durante las fiestas de Valdemoro, el agente alertó a Granados de que la UCO estaba actuando en Pinto y que vigilaba la sede de Éboli, donde se encontraba el despacho de Marjaliza.
Granados comunicó a su amigo Marjaliza la investigación de la que estaba siendo objeto por el pago de comisiones irregulares, una versión que el propio empresario defendió en calidad de testigo durante la vista oral.
Dijo que su exsocio le mandó quemar “en un día de niebla” todos los documentos que él guardaba en sus oficinas del edificio Éboli de Pinto. Entre estos documentos citó una libreta con pagos en negro a cargos políticos regionales.
Tras el soplo, el tribunal de la Audiencia Nacional señaló que hubo dos “consecuencias inmediatas”: la retirada del dispositivo de videovigilancia que se había colocado en las puertas de las oficinas de Marjaliza y la “adopción de cautelas” por parte de Marjaliza y su exsocio al conocer la existencia de esta operación.
La sentencia de la AN precisaba que se frustró la posibilidad de grabar a “concejales, asesores y exconcejales” que acudieron a su despacho.
El juicio fue el primero de la trama Púnica.
En él, tanto el expolítico popular como los dos acusados negaron que se filtrara esa información.
Granados dijo que Rodríguez Talamino le había hablado de una operación de la Guardia Civil de carácter económico, pero que en ningún momento le nombró a Marjaliza ni le desveló el contenido de la misma.
DAÑO A LA INVESTIGACIÓN
El tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo rechaza que se haya violado la presunción de inocencia de los condenados.
Explica que la filtración de la investigación de la UCO derivó de modo inmediato en que tanto Granados como Marjaliza adoptaran nuevas cautelas, distintas de las que hasta entonces habían observado.
Los magistrados consideran evidente el daño que causó la filtración a la investigación que determinó “la imposibilidad de verificar mediante grabación u observación directa la identidad de las personas que acudían a las oficinas de Marjaliza, donde se suponía que se pagaban comisiones a personas que, ocupando cargos municipales, favorecían sus intereses”.
Indican que la revelación “no sólo determinó la retirada de las cámaras, suprimiendo la posibilidad de grabación, sino la misma observación policial, pues, lógicamente, esos encuentros, en caso de que fueran a producirse como sospechaban los investigadores, habrían sido suspendidos o trasladados a otro lugar”.
Asimismo, destacan que la filtración determinó “la imposibilidad de continuar esa línea de investigación, cercenando no solo la observación visual, sino cualquier otra que la pudiera sustituir, dadas las elementales precauciones que desde ese momento adoptarían con toda lógica los sospechosos”; y que permitió a los investigados llevar a cabo actos de protección como resulta de sus conversaciones orientadas a la desaparición de documentos, “entorpeciendo» la marcha de una investigación que afectaba, además, a delitos de tanta gravedad como los relacionados con la corrupción.
BENEFICIO ECONÓMICO PARA GRANADOS Y MARJALIZA
El tribunal relata que la utilización de la información recibida se tradujo directamente en un “beneficio económico” para Granados y Marjaliza, “mediante la ocultación del dinero que poseían en metálico y su inicial sustracción a la investigación concreta y avanzada a la que supieron que estaban siendo sometidos”.
Señala que Granados, además de pedir a Marjaliza que destruyera la documentación que lo relacionaba con sus negocios, escondió el dinero que poseía en metálico (casi un millón de euros) en casa de sus suegros; y que Marjaliza, por su parte, ocultó el que guardaba en metálico en su caja fuerte y lo llevó a una caja de seguridad de una entidad bancaria.
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