Después de las fuertes públicas recibidas por parte de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) por no haber contado con su opinión, el Consejo Fiscal decidió ayer formar una comisión para estudiar a fondo las «partes esenciales» de la reforma que el Ministerio de Justicia ha llevado cabo del Reglamento del Ministerio Fiscal, una norma redactada originalmente en 1969.
Dicho reglamento contempla que el fiscal general del Estado de turno, una vez complete su mandato, «quedará adscrito, a su elección, a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a cualquiera de las fiscalías cuyo jefe pertenezca a la categoría primera».
Así se contempla en su artículo 62.
En las condiciones actuales, la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, tendría que volver a ser fiscal «de a pié», en Sevilla, donde ocupaba, hasta su actual nombramiento, el puesto de fiscal jefe provincial.
Ambas asociaciones consideran que dicha reforma tendría que contemplarse en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y no en el Reglamento, que es una norma de rango inferior.
Otra de las críticas vertidas es la premura para su aprobación, cuando se trata de una de las reivindicaciones históricas del la carrera fiscal.
Según dice el preámbulo de la reforma, realizada por la cartera que dirige Dolores Delgado, la urgencia para revisar la regulación actual se justifica en que está vigente desde la dictadura franquista y por tanto es una «norma preconstitucional».
También porque se considera una «norma preestatutaria», ya que el «diseño constitucional y democrático» de la Fiscalía se establece con la publicación de su Estatuto Orgánico, que se aprueba en 1981.
El Ministerio tiene previsto aprobar esta reforma a través de un Real Decreto Ley. La comisión que analizará el contenido del proyecto de reglamento lo hará «durante las próximas reuniones de este curso», según ha informado la propia Fiscalía en un comunicado.
