La directora de servicios de la Consejería catalana de Presidencia durante el 1-O, Teresa Prohias, ha asegurado que su departamento no cerró contratos con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por los anuncios de promoción del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, pese a que la entidad remitió dos facturas, y reclama el pago.
Prohias, que fue condenada en el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en la gestión de la consulta popular ilegal del 9 de noviembre de 2014, ha declarado hoy como testigo en el juicio del ‘procés’.
No ha sabido explicar por qué este ente público remitió dichas facturas, una de 93.179 euros y otra de 184.624 euros, y que afirma que conoció por un requerimiento de la secretaria de Estado de Hacienda.
A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal y de la abogada del Estado Rosa María Seoane, ha respondido con evasivas sobre su conocimiento de la gestión económica de dos campañas realizadas en semanas previas al 1-O, una referida al Registro de Catalanes en el Exterior y otra denominada «Civisme».
Sobre la primera de ellas, Prohias ha reconocido que se trataba de un contrato menor que recuerda haber firmado, aunque, tras conocer las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, consultó a la asesoría jurídica de su departamento que emitió una nota recomendando la suspensión del pago basándose «en un artículo de la Ley de finanzas», según ha manifestado.
Respecto a las dos facturas que constan en la causa del Juzgado de Barcelona como relacionadas con la campaña «Civisme» y que fueron emitidas por la Corporación de Medios catalana, que tenía firmado un contrato-marco con la Generalitat para la difusión de sus campañas institucionales, ha rechazado que su departamento solicitara un servicio que pudiera generar dichas facturas.
Prohias ha relatado que tras conocer la reclamación sobre las mismas, solicitó igualmente su opinión a la asesoría jurídica, que emitió una nota en la que hacía mención a que la Corporación «tiene unos compromisos de servicio público» y ya había que considerarlas como pagadas.
Ha detallado que remitió un escrito a Hacienda el 20 de febrero de 2018 explicando esta incidencia. «En este caso no había expediente de contratación, y si no hay expediente, no existe ese gasto», ha señalado en varias ocasiones.
Tampoco ha podido dar cuenta de unas facturas encontradas en Unipost -la empresa donde la Guardia Civil se incautó de miles de tarjetas censales dirigidas a la consulta ilegal- por un gasto superior a 240.000 euros.
Ha reconocido dos pedidos menores anteriores por 6.000 y 12.000 euros.
«¿Se lo inventó Unipost?», le ha preguntado la fiscal, a lo que la testigo ha contestado que ella no había dicho tal cosa, y ha explicado que tras ser informada de la factura de Unipost por la Guardia Civil revisó la plataforma informática de expedientes de la Consejería «y no había ninguna» por ese importe.
