El magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Manuel Vicente Garzón Herrero, habló a tumba abierta sobre lo que le pareció el Pleno del IAJD.
La convocatoria del Pleno de la Sala Tercera del Supremo por el IAJD fue una imprudencia y un ataque a la independencia judicial
De acuerdo con el magistrado de esa Sala Manuel Jesús Garzón Herrero, recientemente jubilado
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21/3/2019 01:30
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Actualizado: 21/3/2019 02:28
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Así lo expresó el magistrado de dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recientemente jubilado, Manuel Vicente Garzón Herrero, en un seminario organizado por Plataforma Cívica de la Independencia Judicial (PCIJ) y Hay derecho para analizar el trasfondo de la decisión sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y que llevó por título «El Tribunal Supremo e IAJD: Fondo y forma».
Para reflexionar, con la distancia que da el paso del tiempo y entender cómo y por qué sucedió ese acontecimiento. Un Pleno que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2018, y que en una ajustada votación (15-13), resolvió, en sentido contrario de lo que había fallado días antes el tribunal de la Sección Segunda –la especializada en materia de impuestos-, que fuera el cliente el que afrontara el pago de dicho impuesto.
Las intervenciones de los ponentes, el magistrado Garzón Herrero, y el notario Segismundo Álvarez Royo-Villanova, intentaron aclarar algunas de las cuestiones que permanecían aún entre sombras.
Garzón Herrero afirmó abiertamente que aquella avocación al Pleno fue un monumento a la imprudencia «iuris», para luego añadir que “la alteración de la competencia por un órgano de gobierno fue un ataque despiadado a la independencia judicial”.
También reveló que le había llamado la atención que una polémica tan intensa hubiera caído en el olvido más profundo en pocos meses. Y añadió que en la actualidad hay un mayor escepticismo y una pérdida de inocencia en relación a las instituciones.
«Es preciso reflexionar qué es lo que se ha hecho mal”, dijo.
Este magistrado, que ha estado más de veinte años en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, aseguró a los asistentes que se produjeron claras vulneraciones procesales. Y es vital no vulnerar el proceso.
“Yo debo resolver conforme a Derecho pero si me invento la justicia no estoy oyendo a las partes”, explicó.
Por su parte, el notario Alvarez Royo-Villanova señaló,en su turno de palabra, que la crisis institucional generada por el IAJD fue resuelta por el Real Decreto Ley y la comparecencia posterior del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Recordó que se venía pidiendo una reforma del IAJD desde el 2009 pero que el legislador hizo caso omiso.
«Lo que hizo que este asunto al final recayera en las decisiones de los jueces”, opinó.
Alvarez explico los vaivenes en cuanto a cambio de punto de vista sobre este tema en diferentes sentencias que se han conocido estos últimos años tanto en la Sala de lo Civil, como en la de lo Contencioso-Administrativo sobre esta cuestión.
Y llego a comentar que cuando el Tribunal Supremo realizó el cambio de criterio jurisprudencia, tras el Pleno, se pudo generar un problema de seguridad jurídica.
También recordó que «los juristas debemos decidir según marcan las leyes pero no podemos olvidar el contexto y las consecuencias de nuestros actos. La seguridad juridica es la gran aportacion del Estado de Derecho”.
El segundo por la izquierda, el magistrado Manuel Garzón, Elisa de la Nuez y Segismundo Alvarez.
MALA GESTIÓN DE ESTE ASUNTO
Las reacciones de los asistentes a este debate fueron claras.
Para Manuel Ruiz de Lara, magistrado de lo mercantil y fundador y portavoz de la PCIJ, “hay que alabar la claridad de exposición del magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Garzón, quien ha dejado claro que lo peor de este asunto ha sido la nefasta gestión del presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, avocando un asunto al Pleno de la Sala una materia que ya estaba decidida por tres sentencias anteriores”.
De acuerdo con este magistrado, “el problema de fondo no es tanto la interpretación de un precepto que puede entenderse en un sentido u otro, sino la gestión que se ha hecho de este asunto, que genera una crisis institucional notable por el cambio de jurisprudencia. De hecho, como ya sabemos el resultado del Pleno para cambiar de nuevo la interpretación del sujeto pasivo del IAJD es muy ajustado de 15 a 13, a favor del cambio”.
Y es que para todos los asistentes a este encuentro es posible que hubiera otros criterios jurídicos los que invitaron al presidente de la Sala Tercera a convocar aquel conflictivo Pleno.
“La nota de prensa que emitió en su día Díez-Picazo, donde habla de efectos en orden público económico, no fue muy afortunada. Un criterio que nunca es jurídico”, declaró Ruiz de Lara.
Por su parte, la abogada Elena Sáenz de Jubera, asistente a este debate, señaló que “el magistrado Garzón ha reconocido que hubo claras vulneraciones procesales. Y es que la avocación al Pleno de la Sala Tercera en esta cuestión del IAJD supuso una alteración de la competencia judicial, que corresponde a la Sección Segunda de dicha Sala, la especializada en tributos, por su propio órgano de gobierno y con toda improvisación, lo que como ha indicado en su intervención supuso un ataque claro a la independencia judicial».
Además, destacó que “el hecho de que en menos de un mes tuviéramos sentencias contradictorias; la segunda del Pleno con un resultado tan ajustado de 15 magistrados a favor y 13 en contra, en un ambiente enrarecido de comunicados y aclaraciones y rectificaciones de Díez-Picazo, manifestaciones del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, generaron un daño a la confianza en el poder judicial. Es muy importante en cualquier país impulsar la seguridad jurídica siendo esencial en un Estado de Derecho desde la confianza en las instituciones”.
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