Algunos de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tienen una suerte de «deja vú», de cosa vivida.
Porque hoy vuelven a reunirse para resolver un incidente de nulidad presentado por la Empresa Municipal de Rivas-Vaciamadrid contra la decisión del último Pleno de la Sala -o sea, ellos mismos- cuya decisión salvó a la banca de pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) desde la contratación de todas y cada una de las hipotecas.
Dicho recurso fue admitido a trámite el pasado 10 de enero, por lo que están obligados a volver sobre sus pasos para revisar el asunto.
El mencionado incidente plantea que se generó una indefensión al no haber sido informado el letrado de la mencionada empresa municipal de dicha decisión.
Esta comunicación es muy importante para conocer la identidad de sus componentes y así, por la cuestión que fuera, poder recusarlos.
Por lo tanto, si no fueron informados de la convocatoria de dicho Pleno, se produjo una indefensión y se vulneraron las garantías procesales.
Ese es el centro de la cuestión.
Si el Pleno fallara en contra, eso les permitiría recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Y es muy posible que así ocurra porque, de hecho, el incidente de nulidad planteado contiene el reconocimiento por escrito, del propio abogado de la Empresa Municipal de Rivas-Vaciamadrid, que supo, a través de la página web del Consejo General del Poder Judicial, que el asunto había sido enviado a Pleno.
Pudo, por lo tanto, actuar en consecuencia en defensa de los derechos de su cliente y no lo hizo. Por ello, es improbable que los magistrados acepten que se haya producido indefensión alguna.
Además, existe un auto previo que le fue notificado comunicándole la abstención del magistrado Octavio Herrero.
El abogado de la Empresa Municipal de Rivas-Vaciamadrid solicita la anulación de las tres resoluciones que inclinaron la balanza, el pasado 7 de noviembre, a favor de los bancos al acordar, el Pleno, por 15 votos frente a 13 que sean los clientes quienes sigan asumiendo, como hasta ahora, el pago del IAJD y no las entidades bancarias.
