Cualquier residente de la Unión Europa tiene derecho a disponer de una cuenta de pago básica en cualquier país de la Unión.
En España esas cuentas no serán gratis, el gobierno ha fijado una comisión máxima de 3 euros al mes.
En el Consejo de Ministros de este viernes se aprobaba el Real Decreto que establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas con riesgo de exclusión financiera.
Como ha explicado la ministra de Economía, Nadia Calviño, este tipo de cuentas básicas, cuya creación emana de la transposición de una normativa europea, permitirá hacer gestiones del día a día.
«No hay inclusión social sin inclusión financiera», indicaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En concreto, dará acceso a algunos servicios financieros básicos como una tarjeta de débito para realizar pagos, el uso de cajeros, o un máximo de 120 operaciones al año de domiciliación y transferencias dentro de la UE.
Los bancos no podrán cobrar más de tres euros al mes por este servicio, aunque para las personas más vulnerables será gratuito.
La propia ministra de Economía y empresa señalaba que para determinar si se encuentra en situación de vulnerabilidad se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).
El criterio utilizado es, básicamente, el mismo que el que se emplea para establecer el acceso a la justicia gratuita.
Asimismo, se ha simplificado la certificación de la situación de vulnerabilidad.
Bastará con acreditar el número de personas que componen la unidad familiar y el nivel de renta.
Se establece también que, ante la imposibilidad de aportar esta documentación, bastará con un informe de los servicios sociales del correspondiente Ayuntamiento.
Por otro lado, las entidades financieras tendrán la obligación de informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación.
En el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del real decreto aprobado este viernes, el Ministerio de Economía y Empresa realizará un informe para evaluar el acceso a las cuentas de pago básicas y la definición de situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.
La gratuidad de la cuenta básica se mantendrá por un plazo de dos años.
Cuando finalice, el banco solicitará al cliente actualizar la información.
Tanto durante la primera solicitud como en las actualizaciones, esta información podrá ser recabada telemáticamente por la entidad, si el cliente lo autoriza.
Asociaciones de Consumidores piden transparencia
Las primeras reacciones han sido de las asociaciones de consumidores, sobre esta medida que creen necesaria pero debe simplificarse su tramitación para poder acceder a dicha gratuidad en determinados casos.
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se recuerda que en 2014 el Parlamento Europeo aprobó una Directiva que, entre otras cosas, regulaba el acceso a una cuenta básica para garantizar que cualquier persona residente en la Unión Europea pudiera disponer de una cuenta de pago en cualquier país de la Unión.
Desde esta asociación se piensa que en la práctica la normativa beneficiará a una mínima parte de los potenciales usuarios.
Por ejemplo a los usuarios que sufren «exclusión tecnológica», personas mayores en entornos rurales, que no pueden acceder a cuentas sin comisiones en bancos online y que tienen que conformarse con una cuenta en la entidad con oficina en su localidad, seguramente pagando comisiones .
Pero en la práctica, el limitado beneficio unido a la excesiva documentación disuadirá a muchos de hacer la solicitud.
Así está sucediendo en casos similares, en que muchos beneficiarios potenciales no reciben la ayudas a las que tienen derecho (por ejemplo, en el caso del bono social eléctrico, que solo han reclamado una pequeña parte de los posibles usuarios).
Desde ADICAE lamenta que en España las cuentas de pago básicas no serán universalmente gratuitas, pese a que desde Europa se incentivaba en la directiva precisamente lo contrario.
La asociación considera que se trata de una normativa con un defecto de fondo, que sigue amparando los intereses y el lucro de la banca a costa de usuarios “poco atractivos”, puesto que el establecimiento de cualquier tipo de comisiones vulnera la garantía recogida en el principio de acceso universal a los servicios financieros.
El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, considera que la normativa se queda corta y advierte de que las condiciones para acceder a las cuentas de pago básicas podrían producir exclusión financiera.
“En España no existía exclusión financiera, habría que tener mucho cuidado para que no se produzca en las actuales circunstancias. La vulnerabilidad en España ha avanzado hacia unos niveles que podrían contradecir el espíritu de la directiva, que es eliminar cualquier posibilidad de exclusión financiera”, señala.
La asociación cree que el Real Decreto se olvida de la realidad social. Por eso ADICAE pide que se extiendan los supuestos de esta vulnerabilidad para que sean más los consumidores los que se puedan beneficiar de las ventajas de la gratuidad.
Considera que deberían tener en cuenta otros factores como la situación de dependencia o incapacidad laboral, parados mayores de 52 años, víctimas de violencia de género o aquellas personas que paguen más del 40% de sus ingresos netos de la unidad familiar en una hipoteca.
“Las cuentas básicas no son atractivas, son muy restrictivas las condiciones que se ponen para acceder a ellas. Las cuentas básicas llegarán a tener que ser gratuitas porque el negocio de la banca tiene que ser otro. Corren el riesgo de no llevar a cabo esa labor social que quería Europa y convertirlo en posible causa de marginación”, concluye Pardos.
