Un documento encontrado «roto» en las dependencias de las secretarias del exresponsable de Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Lluís Salvadó, sitúa a la exconsejera y número dos en la candidatura de Junts per Catalunya a la Alcaldía de Barcelona, Elsa Artadi, como responsable del desarrollo de medidas urgentes a implementar en un futuro estado catalán independiente tras el 1-O.
En el mismo se especificaban las 41 normas que había que aprobar de forma urgente tras la celebración del referéndum de independencia, para lo que se establecían cuatro fases diferentes y se señalaba a los responsables de cada una de ellas.
Asimismo, se situaba a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) como la encargada de las movilizaciones dirigidas al mismo objetivo desde la noche de ese 1 de octubre de 2017.
La existencia de este documento ha sido detallada este lunes en el juicio de ‘procés’ del Tribunal Supremo por el teniente de la Guardia Civil responsable del citado registro, realizado el 20 de septiembre del mismo año en el despacho de Salvadó en Hacienda, situado en la Gran Vía de la Corts en Barcelona.
Para este testigo «lo más importante» del documento era que aparecían las personas que debían desarrollar cada una de estas fases.
Sobre las medidas referidas a estructuras de Estado, como la dirigida a traspasar a funcionarios de la Administración central a los departamentos de una futura república independiente se hablaba del propio Salvadó y de Artadi, según el teniente de la Guardia Civil.
En cuanto a la ANC, se le ha citado en este documento como responsable de actividades para la noche del 1 de Octubre, mientras que en otro documento sobre estas 41 medidas encontrado a Salvadó se sitúa a esta organización como responsable del mantenimiento de la movilización social, ha explicado el agente.
«MEDIDAS PARA LA CREACIÓN DEL NUEVO ESTADO CATALÁN», ARCHIVO ENCONTRADO EN UN USB DE SALVADÓ
Además de este documento, que al parecer se intentó destruir, los agentes encontraron otro también revelador de los planes del ‘procés’ en uno de los ‘pendrive’ incautados a Salvadó titulado «Medidas para la Creación del Nuevo Estado Catalán», que incluía un total de 176 medidas a desarrollar, cada una de las cuales se enunciaba en un folio al que se añadía un anexo a modo de «documento vivo» en el que debían trabajar diferentes departamentos de la Generalitat.
El agente ha detallado algunos puntos del contenido de este archivo cuyo análisis será objeto de la prueba pericial.
Así, ha señalado que de los puntos 1 al 9 se hablaba de medidas para la creación del nuevo estado catalán, incluyendo una declaración solemne del inicio del proceso constituyente que coincide con la resolución que aprobó el Parlament de Cataluña el 9 de noviembre de 2017.
Del punto 10 al 25 se trataban medidas de reconocimiento y de reingreso en organismos internacionales, y del 26 al 30 las dirigidas a reforzar la administración para el funcionamiento de la república durante los primeros meses.
TRIBUNAL SUPREMO EN CATALUÑA
Desde ese punto al 176 se planeaban toda una serie de acciones por sectores, entre los que se incluía el judicial, tal y como ha destacado el teniente ante el interés del fiscal Zaragoza. Entre estas últimas, la convocatoria de plazas para magistrados de un futuro Tribunal Supremo de Cataluña.
Los planes para la futura república catalana se extendían en otros documentos incautados a diferentes exresponsables de la Generalitat como el incautado al secretario de Difusión Antoni Molons, que versaba sobre la sucesión de las licencias a medios de comunicación audiovisual.
Se encontraron incluso las cartas que se planeaban dirigir a medios como Antena 3 y la COPE informando que ya se había creado un estado catalán y se les avisaría de la renovación de sus licencias para operar en el país.
Las explicaciones de este agente han merecido la queja del abogado Javier Melero, que ha llamado la atención sobre el hecho de que se pretendiera hacer una prueba pericial aprovechando la comparecencia de este agente, que además no es quien firma los informes que la Guardia Civil aportó al Juzgado que investigado Salvadó, que es el de Intrucción número 13 de Barcelona.
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha señalado por su parte que el testigo estaba dando datos objetivos y las preguntas no eran improcedentes.
CIVISME Y UNIPOST
Otra de las investigaciones en las que ha participado este agente son las relacionadas con campañas publicitarias para el registro de catalanes en el exterior y la denominada ‘Civisme’, que según los investigadores fue utilizada para llamar al voto.
Según el teniente, existen indicios de que para la segunda se movilizaron los denominados «fondos de contingencia», como lo acredita el análisis de correos que el exconsejero de Presidencia Jordi Turull remitió al exvicepresidente Oriol Junqueras, ambos sentados en el banquillo.
Otro indicio sería la aprobación del uso de dichos fondos por parte de la interventora general de la Generalitat.
En cuanto a los encargos a Unipost -empresa a la que se encargó el envío de tarjetas censales para el 1-O- el teniente ha señalado que también investigó esta actividad y que en el despacho del responsable de la empresa Pau Raventós se incautaron notas de entrega emitidas con sello oficial por cinco consejerías diferentes, que se vinculan con las facturas proforma (no oficiales) con los encargos realizados a esta entidad.
El agente también ha relatado al tribunal cómo pudieron comprobar que en el registro a Unipost se encontraron más de cinco millones de cartas (una cantidad cercana al censo en Cataluña) y otras 56.000 certificadas.
Sobre estas últimas concluyeron que iban dirigidas a presidentes y secretarios de mesa electoral para el 1-O al comparar los nombres aparecidos en algunos con una base de datos incautada a un funcionario de la Consejería de Trabajo y con denuncias realizadas por particulares que denunciaron que les habían llegado.
REGISTRO DIPLOCAT
Otro de los puntos a los que se ha referido este testigo ha sido el registro en el El Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) que a juicio de este agentes arrojó indicios de que «se había podido utilizar para amparar justificar» la participación de observadores internacionales el 1-O.
La investigación permitió identificar según el teniente la participación de diferentes grupos, uno vinculado al The Hague Center for Strategic Studies e integrado por expertos en procesos electorales -del que se han encontrado facturas por 120.000 euros generadas por la Delegación del Gobierno ante la UE aunque no se concluyó que se llegaran a pagar-; y un segundo grupo integrado por parlamentarios y que Diplocat denominó «Programa de visitantes», quienes emitieron una declaración diciendo que les habían pedido observar el referéndum. En este segundo caso se acreditó un gasto de 65.000 euros abonado por el propio Diplocat.
Sobre el tercer grupo, vinculado a la experta Helena Catt, se encontraron carpetas con facturas que acreditan otro gastos por 170.000 euros, según el agente.
Inquirida la Generalitat sobre todo ello se les contestó que no había habido ningún gasto en observadores según ha añadido testigo, que ha apuntado la existencia de correos electrónicos del exconsejero de Exteriores Raül Romeva de donde se deduce «cierta supeditación» a su departamento del responsable del Diplocat, Albert Royo. EP.
