El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha presentado un incidente de recusación contra la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Felisa Vidal, que instruye la querella presentada por Europa Press y ‘Diario de Mallorca’ contra él y el juez del caso ‘Cursach’ Miguel Florit.
La defensa del fiscal ha cuestionado la neutralidad de la magistrada debido a que ostentó un cargo en el gobierno autonómico balear de Jaume Matas y, como fiscal Anticorrupción, él ha acusado al expresidente Matas en varias causas.
En concreto, Carrau ha argumentado que «la magistrada mantuvo relación directa de confianza» con Matas y ha recordado que esta fue nombrada durante su mandato «alto cargo de confianza de libre designación por parte e su gobierno, en cuyo mérito asumió la Jefatura de los Servicios Jurídicos del Govern».
También ha subrayado que, en su condición de representante del Ministerio Fiscal, Carrau ha intervenido en un total de seis causas dirigidas contra Jaume Matas, incluyendo una que supuso una pena de cárcel para Matas. De hecho, ha incidido en que es el fiscal que más causas ha instruido contra el expresidente.
La defensa de Carrau también ha cuestionado la neutralidad de Vidal porque vincula su nombramiento como magistrada del TSJIB por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al voto de los vocales del PP.
Finalmente, ha destacado que Vidal fue propuesta como testigo, precisamente, por parte de la defensa de Jaume Matas en el denominado caso de ‘Consorcio Turismo Jove’, de próxima celebración, en la que Carrau es el fiscal.
QUERELLA CONTRA CARRAU
La representación legal de los periodistas de Europa Press y ‘Diario de Mallorca’ presentó una querella contra Carrau por la incautación de móviles y ordenadores de dos redactores que cubren el ‘caso Cursach’ y posteriormente se amplió para incluir las órdenes dictadas por Florit para estudiar sus llamadas y el posicionamiento de sus teléfonos.
Los periodistas consideran que los autos dictados por Florit, con el aval del fiscal Carrau, suponen presuntos delitos de prevaricación, interceptación ilegal de las comunicaciones y vulneración del secreto profesional periodístico, entre otros. EP.
