La magistrada instructora que ordenó impedir la celebración del seudoreferéndum del 1 de octubre de 2017 no dio ninguna orden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -ni verbal ni escrita- para que detuvieran las cargas policiales.
Mercedes Armas niega haber ordenado, a la Policía Nacional o a la Guardia Civil parar o haber puesto fin a dichas cargas, según una nota enviada al tribunal de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que actualmente está enjuiciando a los 12 políticos que impulsaron dicho referéndum, y que avanza El País.
La magistrada Armas dictó un auto, el 27 de septiembre de 2017, en el que ordenó impedir las votaciones y cerrar los colegios, donde se encontraban los centros de votación, «sin alterar la normal convivencia ciudadana».
Los abogados defensores de los procesados solicitaron al tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena que la magistrada Armas aclarara si ordenó o no que cesaran las cargas, si esas órdenes fueron orales o escritas y a qué autoridad las dirige.
La nota está datada el 21 de febrero pasado. En ella aclara que no dictó ninguna orden para que policías y guardias civiles actuaran de «forma distinta de la que resulta del auto de 27 de septiembre», según la Agencia EFE, que cita fuentes que así lo han confirmado.
