El tribunal del 'caso procés': Andrés Palomo, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena (presidente y ponente), Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral y Ana María Ferrer. Con la reforma de los aforamientos que propone Unidas Podemos, un juicio como este no podría tener lugar en el Supremo.
La reforma de la justicia de Unidas Podemos, en clave catalana: Supresión de aforamientos y reforma del Constitucional
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06/4/2019 14:48
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Actualizado: 06/4/2019 14:54
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«Volver a prestigiar el Tribunal Supremo y modernizar el acceso a la carrera judicial».
Es el punto 146 del programa electoral de Unidas Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias.
«Con la supresión de los aforamientos, la Sala Segunda de lo Penal tendrá menos peso».
Es una sola línea, la primera.
Pero entraña un cambio radical, pensado para que no se vuelva a repetir ningún juicio como el que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra los 12 procesados por los supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia.
Todos ellos eran aforados.
Y algunos volverán a serlo porque van en las listas a las próximas elecciones.
Si no hubiera existido ese aforamiento habrían sido juzgados por tribunales ordinarios de Barcelona.
Precisamente la primera línea de defensa de los abogados de los procesados planteada en las cuestiones previas del juicio que se está celebrando: la Sala Segunda del Tribunal Supremo no era competente sino la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque se aforamiento correspondía a esa jurisdicción y no a la nacional.
La propuesta supone un paso más esa dirección.
LA REFORMA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, TAMBIÉN EN CLAVE CATALANA
También en lo que al Constitucional se refiere.
El Partido Popular hizo una reforma en 2015 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que le confirió una atribución que no tenía hasta ese momento, y de la que hasta ahora no ha hecho uso en su grado extremo: Deponer a aquellas autoridades que no cumplen sus decisiones.
Es el artículo 92. A través del mismo, el Constitucional puede imponer multas de 3 a 30.000 euros «a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado»; suspender de sus funciones a las «autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal»; y «deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».
Durante los días previos a la celebración del seudo referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, el Constitucional hizo uso de este artículo con los componentes de la Sindicadura Electoral, la Junta Electoral creada por los separatistas, a los que impuso fuertes multas si no dimitían. Todos lo hicieron.
Unidas Podemos quiere despojar de este capacidad al Constitucional: «Derogaremos la «reforma exprés» de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional llevada a cabo —unilateralmente y por el procedimiento de urgencia— por el PP en 2015, que le atribuyó competencias ejecutivas, como la suspensión de funciones a autoridades, propias de la jurisdicción ordinaria, pero impropias de la neutralidad institucional del máximo intérprete de la Constitución española».
«DESPOLITIZAR» EL MÁXIMO TRIBUNAL DE GARANTÍAS
También plantea «despolitizar el Tribunal Constitucional» reformando el sistema de nombramientos actual, por el que Congreso, Consejo General del Poder Judicial y Ejecutivo proponen candidatos por otro en el que «prime el consenso» y «no las cuotas partidistas, contraproducentes para la elección de juristas de reconocido prestigio y para la garantía de su independencia respecto de los partidos políticos en el ejercicio de su cargo».
OPOSICIÓN MEMORÍSTICA, FUERA
Desde Unidas Podemos se considera que la oposición memorística actual, compuesta de 375 temas y tres exámenes muy duros, supone un medio de perpetuación de las clases superiores, con más medios, en detrimento de las inferiores.
Por eso, proponen la modernización del sistema de acceso a la carrera judicial.
«Nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, con el fin de superar el sistema de oposición memorística y de preparación privada, que perpetúan el sesgo económico y los vicios de formación del Poder Judicial», dice la formación morada.
TEST PSICOLÓGICOS
El nuevo examen que proponen contempla la realización de test psicológicos a los aspirantes.
«El proceso selectivo estará compuesto por una fase de formación universitaria pública de posgrado, avalada por la Escuela Judicial; unas pruebas de acceso a la Escuela Judicial, con preparación integrada en centros públicos de estudios jurídicos, que incluya test psicológicos; una prueba escrita anonimizada y corregida por el sistema de doble ciego y una prueba oral de argumentación jurídica».
«Y una última fase de formación inicial que incluya conocimientos jurídicos y habilidades y capacidades específicas para un ejercicio acorde a sus fines constitucionales», concluyen en este punto.
LAS SALAS DE LO MILITAR Y DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, EN EL PUNTO DE MIRA
La formación de extrema izquierda también pone en su punto de mira a ambas Salas.
Para la primera, propone su supresión, con lo que sus funciones serán asumidas por «órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares, servidos por jueces o juezas y magistrados y magistradas con la formación adecuada e integrados en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal».
Sobre la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que se vio envuelta en una fuerte polémica tras la decisión de su Pleno, del pasado mes de noviembre, fallando en dirección contraria –a una de sus secciones–, dos sentencias sobre quien debía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
«La aplicación estricta de los principios de mérito, capacidad y paridad de género restablecerá el prestigio perdido de todas sus salas, en especial, la Tercera», dice Unidas Podemos.
El Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Mareas y En Comú Podem, precisamente, apoyó el pasado 20 de diciembre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que terminaba con la arbitrariedad imperante y que introducía estos parámetros para la elección de los futuros magistrados del Supremo, en lo que está trabajando precisamente una comisión del Consejo General del Poder Judicial.
UN CGPJ ELEGIDO DIRECTAMENTE POR LOS CIUDADANOS
Unidas Podemos también considera que la elección parlamentaria de los 20 vocales que componen el órgano de gobierno de los jueces no es la más adecuada –por supuesto, están en contra de que los 5.500 jueces elijan a sus 12 representantes en el CGPJ–, y proponen la elección directa por la ciudadanía.
«Hasta que se apruebe la necesaria reforma constitucional, mejoraremos el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y la transparencia de la elección de las doce vocalías de procedencia judicial, incluyendo la posibilidad de propuesta de candidaturas avaladas por la ciudadanía y las comparecencias públicas iguales a las de procedencia no judicial», dice esta formación.
Y vuelve, en su propuesta 145, a hacer hincapié en el «mérito y la capacidad».
«El CGPJ deberá cumplir escrupulosamente, en todos los nombramientos discrecionales, los principios de mérito, capacidad y paridad de género para compensar la actual infrarrepresentación de mujeres en la cúpula judicial».
RESTAURACIÓN DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL
Por último, el partido de Pablo Iglesias plantea la recuperación completa de la Jurisdicción Universal, que fue reformada en 2009 y 2014.
«Recuperaremos la jurisdicción universal en su forma previa a las vergonzosas reformas del PSOE en 2009 y del PP en 2014, lo que situará de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo», proponen.
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