A falta de un mes para el inicio de un importante ciclo electoral que afectará a todas las administraciones, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado y enviado con posterioridad a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones un documento que recoge diferentes medidas que tienen como objetivo mejorar la defensa de los derechos de los consumidores.
Para la OCU es necesario dotar de más eficacia a los mecanismos de protección de los consumidores, para conseguir que sus derechos básicos se apliquen de forma efectiva.
Entre las medias propuestas destacan la necesidad de incluir la definición de consumidor vulnerable en la Ley de Defensa de los Consumidores, primer paso para aumentar la protección de quienes más lo necesitan.
Curiosamente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) del que forma parte y que ahora preside el registrador de la propiedad, Carlos Ballugera no indica nada, cuestión que llama la atención.
Sin embargo, sí se habla de crear la llamada Comisión Nacional de Consumo y Competencia (CNCC) que aúnase la libre competencia y la protección de los consumidores.
Reforma y endurecimiento de las sanciones en materia de consumo
De la misma forma y en línea con las propuestas de revisión de la normativa europea, OCU cree necesaria una reforma y endurecimiento de las sanciones en materia de consumo, que impidan que a las empresas les salga más barato pagar una multa que cumplir con la normativa. A este respecto en el documento se reclama multa del 4% del volumen de negocio de la empresa
También se reclama que debería existir un instrumento vinculante a nivel de la UE que obligue a todos los Estados miembros a introducir sistemas efectivos de solicitud de indemnizaciones colectivas, que abarque todas las áreas de consumo y competencia.
Al mismo tiempo OCU entiende que debería ser posible obtener una indemnización tanto por daños materiales como morales y que las propias organizaciones de consumidores deben tener legitimación activa para iniciar acciones colectivas en representación de los afectados.
El documento de la OCUrecoge 73 propuestas que abarcan diferentes ámbitos como la energía, la salud, la alimentación, la vivienda, el mercado digital, la movilidad, la seguridad, los servicios financieros y el consumo sostenible, que inciden notablemente en la calidad de vida de los ciudadanos.
Entre las diferentes medidas destacan:
Impulso del bono social
Se debe facilitar su tramitación simplificando el proceso con fórmulas de aplicación automática como ya se hace en otros países para que todas las familias que lo necesitan puedan acceder a él de manera rápida, incluyendo medidas que faciliten la competencia.
Reducción de las listas de espera
Para aportar una mayor transparencia en la gestión de las listas de espera hay que desarrollar un nuevo sistema de información en el que se incluya la totalidad del proceso de atención médica .Además, se debe generalizar de la garantía de los tiempos máximos de espera.
Mejora del etiquetado de los alimentos
Para favorecer los alimentos más saludables incluyendo el origen en los alimentos procesados.
Regulación de las Plataformas online y la nueva economía
Que establezca requisitos de transparencia en las webs de búsqueda y determine de forma clara las responsabilidades de las plataformas.
Incentivos fiscales al alquiler
Para aumentar la oferta del alquiler, hay que sacar al mercado las viviendas que en la actualidad se encuentran vacías.
La solución no es elevar los impuestos sobre ellas, sino estimular a través de deducciones fiscales el alquiler de viviendas a los particulares, incluyendo ayudas a la rehabilitación de viviendas que sean puestas en el mercado de alquiler.
Fomento alquiler social
Destinar fondos públicos a subvencionar el alquiler social a consumidores en situación de vulnerabilidad y a colectivos concretos, como jóvenes y pensionistas, para que estos no necesiten destinar más del 35% de sus ingresos al pago de la renta. En España, estas ayudas prácticamente no existen
Apoyar el uso de vehículos menos contaminantes
Mediante una fiscalidad en la que se paguen los distintos impuestos de matriculación y circulación en función de lo que realmente contaminan los coches (sin que esto suponga una subida global de los impuestos que se pagan).
Mejorar la seguridad de los productos
Limitando la exposición a productos químicos peligrosos, reformando el marcado CE y obligando a los fabricantes a garantizar la seguridad de los productos.
Creación de una agencia de protección en el ámbito financiero
Que restablezca la confianza en el sector financiero, modifique el sistema de reclamaciones dotándolas de carácter vinculante y promueva una normativa sobre crédito responsable que ponga fin a los abusos en la concesión de créditos.
Carácter vinculante decisiones del regulador financiero
El actual sistema de reclamaciones en materia financiera se ha mostrado absolutamente ineficaz, abocando a los ciudadanos a acudir en masa a la justicia provocando un colapso de este servicio con enormes perjuicios para el interés general.
Por ello es necesaria una urgente reforma del sistema de resolución de reclamaciones del sistema financiero que pasa por dar carácter vinculante a las resoluciones del supervisor y establecer sanciones a las entidades financieras en caso de incumplimiento.
Desarrollar estrategias para incentivar al ciudadano sostenible
Incentivando fiscalmente las opciones más éticas y ecológicas, promoviendo la reducción del consumo de plásticos, de productos envasados y sobre todo mejorando la información sobre el impacto de los distintos bienes y servicios.
Medidas para combatir la obsolescencia prematura
Mejorando la durabilidad de los productos, la reparabilidad, la información sobre la vida útil y aumentando las garantías de los productos.
