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Abogados de víctimas de tráfico reclaman un nuevo procedimiento monitorio que agilice el cobro de las indemnizaciones

También piden que la prescripción de las reclamaciones suba de 1 a 3 añosDe izquierda a derecha, Manuel Castellanos presidente de ANAVA RC, Francisco Canes presidente de Asociación DIA, y Amalia Segarra Secretaria General de ANAV.
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Los abogados de las víctimas de tráfico reclaman la puesta en marcha de un procedimiento civil especializado, llamado Monitorio del Automóvil, similar al ya existente para el cobro de deudas en nuestro ordenamiento,  con menos trabas, sin coste para la víctima,  y que sea más ágil en la consecución de las indemnizaciones.

También piden que la prescripción de dichas reclamaciones suba de 1 a 3 años.

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En el resto de países de nuestro entorno la prescripción oscila entre 2 y 3 años.

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Un grupo de abogados formado por Manuel Castellanos, presidente,  Ignacio Valenzuela Vice-Presidente y  Juan José Marín, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Abogados de Víctimas y Responsabilidad Civil  (ANAVA-RC) mantuvieron hace unos días con una reunión de trabajo con Bartolomé Vargas, fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, a fin de tratar diferentes cuestiones en materia de seguridad vial que preocupan a las víctimas de tráfico.

ANAVA-RC organizó, junto con la editorial SEPIN y la Asociación Día de Víctimas de Accidentes, el pasado mes de marzo el primer Congreso Nacional de defensa de los derechos de las víctimas de accidentes y sus resarcimientos por responsabilidad civil.

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“Fue una reunión productiva, Vargas nos comentó que prepara una Circular del tipo de la 3/2016 que hizo sobre la reforma del baremo sobre la última reforma del Código Penal operada mediante L.O. 2/2019, de 2 de marzo, que penaliza nuevos delitos por imprudencia menos grave, incrementa las penas en otros delitos de imprudencia grave e introduce el nuevo tipo delictivo del abandono del lugar del accidente».

«Así sabremos la opinión de la fiscalía sobre las imprudencias menos graves “, apunta Castellanos, presidente de ANAVA-RC

Castellanos, profesional vinculado al mundo de responsabilidad civil y seguridad vial, muestra la preocupación de su asociación por el nivel tan bajo de los atestados en estos tres últimos años donde entró la Ley del Baremo de Tráfico “como no eran ya penales, los ayuntamientos han logrado otra fuente de financiación con estos documentos, escasos en su contenido y se lo cobran a las víctimas».

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«Así han pagado entre 35 euros y 300 las víctimas por tener sus propios datos por este tipo de documentos”, aclara este letrado que espera que con la vuelta al sistema penal se reconduzca esta situación.

La falta de medios influye directamente sobre las víctimas de tráfico.

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“La cuestión de contar con buenos forenses también es fundamental. Los que hay ahora no están cualificados y no han actualizado sus conocimientos. Siempre te valoran menos de lo que se pide”.

Queda por saber si con la vuelta a los juicios penales mejorarán la actuación de estos profesionales.

“También hay problemas con los Institutos de Medicina Legal que no tienen medios ni personal cualificado y ante esta avalancha de trabajo que les vuelve a venir estarán saturados”, apunta el presidente de ANAVA-RC

Las primas de seguro han bajado un 9,6%; los beneficios de las aseguradoras han subido un 40%

Manuel Castellanos revela unas estadísticas que su despacho ha realizado que en estos últimos tres años las primas de seguro han bajado un 9,6% y sin embargo los beneficios de las compañías subieron un 40%.

“Las aseguradoras han conseguido lo que buscaban con el baremo indemnizatorio pagar menos a las víctimas».

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«Al suprimirse los juicios de faltas y tener que acudir a la oferta motivada para poder reclamar se ponen más trabas a las víctimas de tal manera que para reclamar 4000 euros hay que contratar abogado y procurador y otras cuestiones, lo que hace que muchas víctimas no reclamen”.

Respecto al baremo desde ANAVA-RC se indica que sus cuantías están por debajo de las cantidades que se reclamaban en el pasado 1991.

“En esa fecha en Madrid por cada año de baja nos ofrecían 10.000 pesetas, 60 euros. En el 2019 nos ofrecen 52 euros”.

Para Castellanos es un baremo bueno técnicamente porque vertebra el daño pero las tablas económicas es muy bajo y su propio espíritu y texto articulado no llega a conseguir la plena indemnidad.

En el caso de una pérdida de un familiar, si tienes que ir a un psiquiatra por una depresión, «el baremo te deja que vayas seis meses, después de esa fecha te lo tienes que pagar tú, víctima del siniestro”, aclara este experto.

Para este experto no tiene mucho sentido que dentro de la Comisión de Seguimiento del baremo estén los profesionales que lo pusieron en marcha. “Las víctimas en muchas situaciones no saben como está su caso”, denuncia.

A nivel de la propia abogacía, ANAVA-RC quiere que “tal y como señala la Ley de Contratos del Seguro, se permite a las víctimas elegir un abogado libremente, que sea ajeno a las compañías de seguros».

«Antiguamente esas Pólizas de Asistencia jurídica tenían una cobertura que oscilaba entre 3.000 y 6.000 euros y permitía tener un buen abogado”.

Castellanos explica que las compañías de seguros han limitado esas pólizas porque “las víctimas no se fían de los abogados de las aseguradoras y tienen solo una cobertura de 200 euros pero no es suficiente para pagar un buen letrado».

«Nos reunimos con Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española para que los honorarios de esas pólizas sean dignos. No se pueden dejar de contenidos esas pólizas. Daña la defensa de las víctimas de los siniestros”, explica.

Otra cuestión que se pide desde ANAVA -RC es que en estos procedimientos, “una vez que se pone en marcha la oferta motivada, habría que hablar con abogados en ejercicio. y no tramitadores, para que sean los que intervengan a partir de la reclamación de oferta motivada iniciada por la víctima o iniciación de las diligencias penales».

«Eso generó en su momento que muchas aseguradoras dejaran de trabajar con muchos despachos de abogados, algunos de ellos sin trabajo por la aparición de dichos administrativos”.