Cuando Manuel Marchena, presidente del tribunal que está enjuiciando a los 12 procesados en el Supremo, va a dar pie a un interrogatorio a cada uno de los testigos que son llamados a declarar, siempre les repite las mismas cinco preguntas.
Primera pregunta: ¿Es usted Fulano de tal, o el oficial del Cuerpo Nacional de Policía (o de cualquier otra fuerza policial) 0120XX…?
A lo que la persona responde afirmativamente.
Segunda pregunta: ¿Ha estado alguna vez procesado?
La persona en cuestión responde lo que corresponda.
Tercera pregunta: ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con alguno de los acusados?
Contesta.
Cuarta pregunta: Ya sabe que se comete un delito cuando se falta a la verdad en causa penal.
Responde.
Quinta pregunta: ¿Jura usted, o promete, decir la verdad?
Después de que haya jurado o prometido, el magistrado le dice que conteste a las preguntas del Ministerio Fiscal, de las acusaciones o de las defensas, dependiendo de quién lo haya requerido como testigo.
Estas cinco preguntas conforman lo que se conoce como las «generales de la ley» y vienen referidas, de forma expresa, en el artículo 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Procesal Penal español.
El precepto legal, en cuestión, dice: «El testigo manifestará primeramente su nombre, apellidos paterno y materno, edad, estado y profesión, si conoce o no al procesado y a las demás partes, y si tiene con ellos parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, si ha estado procesado y la pena que se le impuso. Si el testigo fuera miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, será suficiente para su identificación el numero de su registro personal y la unidad administrativa a la que está adscrito».
Y añade: «El Juez dejará al testigo narrar sin interrupción los hechos sobre los cuales declare, y solamente le exigirá las explicaciones complementarias que sean conducentes a desvanecer los conceptos oscuros o contradictorios. Después le dirigirá las preguntas que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos».
Las «generales de la ley» no se aplican a los acusados.
Estos, a diferencia de testigos y peritos, no están obligados a jurar o prometer decir la verdad.
Otra cosa que especifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que todos, encausados, testigos y peritos declararán de pie ante el tribunal…, a no ser que el magistrado, en su potestad de «policía de estrados», que es como se define al poder que ostenta el presidente del tribunal para dictar cómo debe desarrollarse un juicio, ordene lo contrario. Que es lo que ha ocurrido en este caso.
En este caso, todos están declarando sentados, frente a una mesa.
