La juez sostiene que Camps "impulsó" y "permitió" la construcción del circuito "con la única intención de proyectar su imagen" como máximo representante de la Comunidad valenciana.
Camps, imputado por la construcción del circuito de F1 de Valencia
También han sido encausados Vicente Rambla, Mario Flores, cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat, y empresarios
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03/5/2019 12:40
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Actualizado: 03/5/2019 16:01
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La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, la magistrada María del Carmen García Mingo, ha imputado al expresidente valenciano Francisco Camps en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en Valencia, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008.
La magistrada, que ha abrierto la fase de procedimiento abreviado, paso previo al juicio, señala en el auto que existen indicios «suficientes, sólidos, razonables y consistentes» contra Camps como autor de los presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y cohecho y/o tráfico de influencias.
También ha encausado al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconsejero de Infraestructuras Mario Flores, a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP), y a empresarios.
Hay un total de 16 imputados, entre ellos también está el exdirector general de Obras Públicas y más tarde secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui; tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (mercantil en la que trabajaba la hija del exconsejero de Infraestructuras) y dos de Ayesa.
Otro de los encausados es el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja -hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros).
Asimismo, la juez ha procesado a los hermanos Tomás y Rafael Martínez Berna, de Hormigones Martínez, ya condenados por conformidad por la Audiencia Nacional por facturas falsas por reflejar servicios inexistentes prestados por Orange Market para pagar actos del PP (hasta 172.000 euros), y al presidente de Construcciones y Estudios (Cyes), Felipe Almenar, sobre el que consta en otras causas la entrega de 200.000 euros a la Caja B de Orange Market bajo el concepto de ‘El Príncipe’, en septiembre de 2007.
En ambos casos se infiere correlación temporal entre esas actuaciones y las adjudicaciones de que fueron objeto para el circuito, señala el auto.
Por otra parte, ha acordado el archivo para otras 17 personas, entre ellas, el que fuera secretario autonómico de Deportes y exsecretario general del PP, David Serra, y la asesora del expresidente Belén Reyero, trabajadores y representantes legales de otras constructoras y empresas, al considerar que si bien intervinieron y participaron en el proceso su actuación no tiene relevancia y trascendencia penal.
La magistrada ya ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a la Abogacía de la Generalitat para que en 10 días formulen escrito de acusación, pidan apertura de juicio oral, el archivo de la causa o soliciten la práctica de diligencias complementarias.
La resolución no es firme, cabe la interposición de recurso de reforma.
CAMPS ‘CAPITANEÓ’ AL RESTO DE PROCESADOS PARA OBTENER UN ‘RÉDITO POLÍTICO Y PERSONAL’, SEGÚN LA JUEZ
La magistrada sostiene que Camps «capitaneó» al resto de procesados para obtener un «rédito político y personal» como «máxime artífice» de un evento de interés mundial.
Señala que Camps «impulsó» y «permitió» la construcción del circuito -«con la única intención de proyectar su imagen» como máximo representante de la Comunitat- «al margen de las funciones propias» de su competencia de presidente; de la legislación aplicable y «utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos, dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares».
La magistrada indica que pese al anuncio publicitado por Camps de «coste cero» para la Generalitat del evento, lo que sí hubo fue «una merma para las arcas públicas, con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente», el GTP, designado para ello mediante el Decreto 3/2007 del propio jefe del Consell.
Por este decreto se asignó a la Consejería dirigida por Flores la competencia para, a través de ese ente, desarrollar las actuaciones necesarias para ejecutar las infraestructuras de conexión de la Avenida de Francia, Alameda y Puerto y la construcción del circuito urbano.
En total, según un informe de Intervención, este órgano, por asignación de competencias de Camps, licitó, adjudicó y ejecutó la totalidad de las obras del circuito urbano entre 2007 y 2008, con un coste total que ascendió a 88.829.624 euros.
La juez informa que, de acuerdo con Intervención, se analizaron 20 expedientes de contratación que tramitó GTP relacionados con el circuito, de los que 19 fundamentan su actuación y necesidad «de manera explícita» en ese Decreto 3/2007, y el primero, el E07/4, de soluciones para las vías de acceso y conexión a la ciudad desde el Puerto, vino motivado por encargo de la Consejería sin establecer criterios de adjudicación, ni informe de servicios jurídicos de los pliegos, ni fórmula para determinar la oferta más ventajosa.
En relación a las empresas adjudicatarias, consta en la resolución que a Tysa y Ayesa, en UTE, se les adjudicó las tres primeras fases del proyecto de construcción del circuito urbano, y trabajaron y realizaron labores y actuaciones antes de las fechas de licitación y adjudicación de sus cometidos, en sucesivos meses de 2007; adelantándose a fechas de apertura de ofertas y admitiendo algún responsable la «presión» de la administración para que el circuito estuviera listo en agosto de 2008.
EXPEDIENTES FIRMADOS EN DOMINGO
Se da la circunstancia que en uno de estos expedientes -el E07/6 que modificaba un contrato inicial para añadir un importe adicional de 1,3 millones de euros-, fue firmado por el consejero Flores un domingo, el 15 de julio de 2007, lo que para la magistrada evidencia el «actuar precipitado y a contrarreloj» en el que se movían.
Apunta que FCC fue adjudicataria del expediente E07/23 -relativo a la conexión Alameda-Avenida Francia y Puerto, que ascendió a más de 57 millones de euros y que acabó divido en dos- que fue cuestionado por la Intervención por faltar facturas u órdenes de pago, entre otras, y del que la UDEF hizo mención a esa división.
En la adjudicación a Cyes, adjudicataria de las obras de jardinería y mobiliario urbano de infraestructura de conexión Alameda-Avenida Francia-Puerto y acondicionamiento de la Marina Real, la magistrada refleja también modificaciones de contrato y que la Intervención apreció igualmente falta de facturas u órdenes de pago y la UDEF, irregularidades por discrepancias en fechas, así como puntuaciones con «consideraciones genéricas».
En el auto de incoación de procedimiento abreviado, la juez García Mingo explica que alcanza esta decisión tras el resultado de las diligencias de investigación e instrucción practicadas; las declaraciones de investigados y testigos; informes de Guardia Civil y Policía; documental procedente de los registros o requerida a la administración y el informe de la Intervención de la Generalitat, que revelan indicios «suficientes, sólidos, razonables y consistentes» contra Camps por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, cohecho y/o tráfico de influencias.
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