La dignidad de la justicia gratuita sostenida por un trozo de celofán

Recién colegiada acompañé a una abogada veterana en una guardia de penal. Fue la primera vez que estuve en los calabozos de Plaza de Castilla. Ahora tienen un aspecto más acogedor, por lo menos, una parte de ellos.

La sala destinada a los abogados sigue siendo un cuarto de pequeñas dimensiones sin apenas ventilación, donde, en más de una ocasión, los compañeros se han visto obligados a permanecer “embutidos” sin posibilidad de salir al pasillo.

Por entonces, los más ancianos del lugar lo recordarán, la sala de espera para abogados era otra celda más, con un ventanuco en la parte superior por la que a veces se oían voces del exterior ofreciendo “un cigarrito”.

Era un ambiente sórdido y carcelario. La diferencia con otras celdas consistía en que la puerta de hierro estaba abierta o eso parecía. Desde el pasillo se podía ver un modesto sofá al fondo y en la puerta colgaba un folio pegado con un trozo de celofán y con una palabra escrita con bolígrafo azul: “ABOGADOS”.

El malestar entre los compañeros era evidente. La mayoría teníamos que permanecer de pie durante mucho tiempo, esperando. Recuerdo la frase de uno de ellos señalando de mala gana el citado cartel: “Me indigna”.

Esta imagen me impactó. Quedó grabada en mi memoria. Después de esta experiencia tardé mucho en darme de alta en el turno de oficio de penal.

A fin de cuentas, yo era una muñequita de porcelana, con mi título recién estrenado, con esa ignorancia, esa soberbia y esa ingenuidad de los primeros años de recién licenciada.

La vida da muchas vueltas. Durante la pasada guardia recibí una llamada a las dos de la madrugada para que me personara en la comandancia de la Guardia Civil de un pueblo de la Comunidad de Madrid a más de cuarenta kilómetros de mi casa para asistir a un detenido.

Al terminar, con mi carpeta rebosante de papeles, salí tan aturdida y muerta de frío que ni siquiera oía las voces del guardia que me seguía: «¡disculpe letrado: olvida firmar aquí!».

NOTICIAS «BUENAS» QUE SE TORNAN MALAS POR SER «NOTICIA»

El 26 de diciembre de 2018 un diario digital anunciaba con redoble de tambores y fanfarrias que “por primera vez” desde que la Comunidad de Madrid (CAM) asumía las competencias en materia de Justicia, allá por el 2003, los pagos por asistencia gratuita a abogados y procuradores se encontraban “al día”.

Hay noticias “buenas” que se tornan malas precisamente por ser “noticia” y otras que una no sabe muy bien cómo tomarlo, al igual que la que aparecía en prensa el 3 de mayo de 2019: el Colegio de Abogados de Málaga anunciaba haber iniciado un proceso para que 1.850 letrados adscritos al turno de oficio pudieran reclamar casi tres millones de euros a la Junta de Andalucía después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia declarase nula la Orden de 17 de septiembre de 2012 por la que el Gobierno andaluz llegó a aplicar una reducción lineal del 10% en todos los módulos y bases de compensación económica por los servicios de la Asistencia Jurídica Gratuita en aquella Comunidad autónoma.

Avanzado ya el siglo XXI los abogados de oficio tenemos que acreditar nuestra labor recabando sellos del juzgado que acrediten que hemos iniciado nuestras actuaciones y, para la administración, datos personales y económicos de los clientes de oficio, rellenando a mano, si encontramos una silla bien, sino a pie o en cuclillas, o apoyados en una pared, formularios interminables que nada tienen que ver con el asunto de fondo para el cual hemos sido requeridos, pero sin los cuáles no cobramos nuestro trabajo.

Más hiriente es advertir, en ocasiones, la poca o nula sensibilidad en nuestro gremio.

La recién proclamada “cita innovadora y centrada en el futuro de la profesión – la nuestra, entiéndase – y la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía”, es decir, el XII Congreso Nacional de la Abogacía, que, de manera inminente, se celebrará entre el 8 y el 11 de mayo en Valladolidcon un programa de más de un centenar de mesas, sólo dedicados a la asistencia jurídica gratuita. Los nombres escogidos para estas dos mesas deprimen al compañero más entusiasta: “Alcance y sostenibilidad de la Asistencia jurídica gratuita”y “Cómo asegurar una justicia Gratuita de Calidad”.

En una de las naciones con más desigualdad social y económica en el seno de la UE, el/la abogado/a de oficio, además de ejercer la defensa de los ciudadanos más vulnerables en todos los órdenes jurisdiccionales (civil-familia, hipotecario- penal, vigilancia penitenciaria, laboral, contencioso administrativo-extranjería, asilo, protección internacional, o para la interposición de recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional), actúa a través de turnos especializados para la asistencia y defensa de menores, de víctimas de delitos comunes, de violencia de género, de delitos de odio, para la asistencia y defensa de víctimas de delitos relacionados con la trata de personas o de discapacitados o personas que sufren una enfermedad mental y que están sufriendo o han sido sometidos a algún tipo de abuso.

Las recientes elecciones del 28 de abril ponen en evidencia la brecha democrática existente en un país donde la abstención de la España empobrecida supera, y con mucho, la registrada en zonas de mayor poder adquisitivo.

En este contexto, el profesional de oficio hace pedagogía del derecho con aquellos que más lo necesitan.

Hace con su cliente lo que no hace el político con sus programas, es decir, explica al ciudadano la terminología legal que no entiende, el significado de las resoluciones y sus implicaciones. Aconseja. Orienta. Escucha. Dialoga.

A través de la justicia gratuita se otorga voz a personas que no la tienen por circunstancias diversas o porque simplemente no saben leer o escribir. Hablamos de hacer un país mejor.

Hablamos de creer, en serio, en el Estado democrático de Derecho.

El abogado de oficio no es un espíritu soñador y bohemio que en su tiempo libre revolotea etéreo por juzgados y comisarías como mero elemento más del decorado.

Es la única figura que actúa como interlocutor entre su defendido y los tribunales. Hace suya la realidad de su cliente, sea la que sea, y la transmite. Su figura es indispensable a la hora evitar una justicia de palos de ciego.

UN TRABAJO DIFÍCIL

El abogado hace un trabajo difícil, promueve la adaptación del derecho a una realidad cambiante. Se da cabezazos contra muchas paredes de nuestro ordenamiento o contra costumbres inveteradas y monolíticas, sabedor de que, en algún lugar, en algún momento, él u otro como él, terminará abriendo alguna grieta por la que entrará aire fresco y saludable.

En una inusual muestra de lucidez de las administraciones a la hora de atender a nuestras observaciones, el Ayuntamiento de Madrid anunciaba a primeros de 2019 haber concedido el acceso a Madrid Central a los letrados del Turno de Oficio, de forma que los compañeros que prestasen ese servicio de guardia tuviesen garantizado el acceso a la Comisaría de Centro (situada en calle de Leganitos nº19) y a la Comisaría de Retiro (Calle Huertas, nº 76-78) en el plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo.

La misma lógica exigimos por coherencia, que se extienda a todos los centros de detención (comisarías, centros de internamiento y aeropuertos internacionales) así como a juzgados y tribunales.

Hablamos de dignidad. Hablamos de respeto. Hablamos de sentido común.

La abogacía es una profesión de riesgo. Visitamos cárceles, centros de detención, calabozos. Tratamos a menudo con personas que acarrean amplios historiales delictivos o patologías derivadas, por ejemplo, de la adicción a estupefacientes.

En momentos muy críticos y delicados venimos obligados a decirles verdades que no aceptan o que no quieren oír.

Somos profesionales independientes que, en plena sociedad de la información, con los “smartphones” activos las 24 horas del día, y en la mayoría de los casos, sin más estructura que nuestro propio despacho y en algunos, integrado en domicilios particulares, hacemos frente a conductas de acoso, hostigamiento, amenazas y otras agresiones de tipo verbal, cuando no físicas.

Cada vez más voces, la más reciente que yo he escuchado, la de nuestro compañero Antonio Abellán Albertos, abogan por una protección penal específica hacia la figura del abogado de oficio similar a la proporcionada al personal sanitario o al docente, en el ejercicio de sus funciones.

A la hora de la verdad, minimizamos los episodios violentos. Los sufrimos en soledad, sin apoyos y con miedo a eventuales denuncias, quejas o reclamaciones infundadas.

Tampoco estamos a salvo de oportunistas que, sin ningún escrúpulo, hacen un mal uso de la justicia gratuita, y pervierten a diario y con asombrosa reincidencia, su “para nosotros” sagrada finalidad.

No sólo somos los “hechiceros” o los sacerdotes tribales modernos de los que habla Yuval Noah Harari, y que con “conjuros” y “juramentos” a modo de “ritual”tratamos de ahuyentar los malos espíritus.

Somos eso y más. Procuramos al ciudadano un servicio público, exclusivo, indispensable, integral y personalizado.

Somos inclusivos. Simple y llanamente, trabajamos para una mayor cohesión de una sociedad cada vez más fracturada en compartimentos estancos y merecemos mayor reconocimiento que el rudimentario rótulo escrito a bolígrafo que aún permanece en muchas mentes.

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