La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) ha confirmado la condena de 100.000 euros al Servicio Extremeño de Salud (SAS) y a la aseguradora Mapfre por la muerte de una mujer embarazada que murió por culpa de la Gripe A, enfermedad que le fue diagnosticada tarde.
La indemnización es para los padres de la joven.
El tribunal, formado por los magistrados Daniel Ruiz Ballesteros, como presidente, Elena Méndez Canseco, Raimundo Prado Bernabéu, Casiano Rojas Pozo, Carmen Bravo Díaz y Mercenario Villalba Lava –éste último como ponente–, afirma que «A juicio de la Sala existe una mala praxis medica derivada de no realizar tal prueba médica pautada por el Jefe de Ginecología del Hospital y una responsabilidad patrimonial de la Administración, por inadecuada prestación del Servicio por no realizarse tal pruebas de exudado faríngeo por falta de reactivos para realizarla».
Y añaden: «En estas circunstancias consideramos que la cantidad otorgada se acomoda a las circunstancias» por tratarse de «mujer embarazada de joven edad».
La sentencia, en sus fundamentos jurídicos, recoge que la mujer, embarazada de 15 semanas, ingresó el 15 de enero de 2014 en el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata en donde fue tratada de “síndrome gripal y cólico nefrítico”.
El día 16 ante la gravedad del cuadro que presentaba, continua la sentencia, el Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital pidió que se practicase una prueba de exudado faríngeo que en esas circunstancias aparece en los protocolos médicos para detectar la Gripe A.
El informe pericial, recoge, que “el Servicio de Ginecología manifiesta que carecían en el Hospital de los medios para practicar el exudado faríngeo y que cuando los síntomas fueron más graves se aplicó el tratamiento más adecuado para la gripe A y que la evolución fue muy rápida”.
TRES DÍAS DESPUÉS
En cambio, los síntomas se agravan el día 19 de enero y al día siguiente es trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y el día 22 es trasladada al Hospital Universitario de Salamanca, donde ingresa con una insuficiencia respiratoria grave y fallece al día siguiente.
La recurrente alega un error en la valoración de la prueba y señala que “hubiera sido deseable tener un diagnóstico de certeza desde el comienzo de los síntomas, especialmente por ser una mujer embarazada, y haber utilizado el tratamiento pero no se puede asegurar que hubiera sido efectivo”.
De lo expuesto deduce la Sala que “existía una sospecha por el conjunto de circunstancias en que se encontraba la persona” y que “el ginecólogo solicitó una prueba de exudado faríngeo para el que se carecía de medios en el hospital y que no se le realizó, de manera que no se siguieron los protocolos”.
Asimismo apunta la resolución que “se debe tener también en cuenta que ninguna prueba se ha aportado por la Administración que permita considerar que aún en el caso de que se hubiera diagnosticado a tiempo la infección, el resultado no se hubiera producido”.
La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
