La Mesa del Congreso de los Diputados que se constituya, y que tendrá como presidenta a la diputada del PSC-PSOE, Meritxell Batet, tendrá que emitir una resolución sobre la suspensión de los diputados separatistas que actualmente están siendo juzgados por el Tribunal Supremo: Oriol Junqueras, Jordi Turull y Josep Rull y Jordi Sànchez, todos ellos en prisión preventiva.
Resolución que, con toda seguridad, requerirá un informe de los servicios jurídicos de la Cámara Baja que, por lógica, tendría que ratificar la suspensión actual.
Es la primera vez en la historia del Parlamento español que se da esta situación.
De hecho, el Reglamento del Congreso de los Diputados lo único que contempla es que la solicitud de suplicatorios sólo se puede realizar para proceder contra miembros parlamentarios que hubieran cometido supuestos delitos ostentando previamente esa naturaleza de diputados.
Y no que, a toro pasado, personas que están siendo enjuiciadas por graves delitos por el Supremo, se conviertan en diputados en unas elecciones que se han celebrado mientras tiene lugar el juicio, que es lo que ha pasado.
Una naturaleza que han adquirido a posteriori.
Una lectura del artículo 2.2 del mencionado Reglamento de la Cámara Baja dice que dichos parlamentarios quedarán suspendidos de sus derechos y deberes : “Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”.
La primera premisa –la concesión, por la Cámara, de la autorización objeto de suplicatorio– no puede cumplirse por lo ya mencionado.
POR LÓGICA
Por lo tanto, por lógica el Congreso de los Diputados debería permitir la continuación del juicio hasta su final, que se prevé para mediados de junio.
Dicha resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, si se produjera en el sentido que se espera –ratificando la actual situación– sería susceptible de ser recurrida por los abogados de los diputados separatistas ante el Tribunal Constitucional, que tendría la palabra final.
No puede ser de otra forma.
En modo alguno el tribunal enjuiciador puede tomar esa decisión que podría tener como consecuencia la alteración de la mayoría de la Cámara Baja a la hora de elegir al nuevo gobierno, porque supondría una interferencia en el ejercicio de la libertad política, un matiz de sensibilidad extrema y que tendría una respuesta negativa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Y lo mismo sucede en el Senado, en el caso de Raül Romeva.
Para ello, la Mesa del Congreso tendrá que decidir si sigue vigente, para este caso, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que les fue impuesta por el magistrado instructor del caso, Pablo Llarena, cuando, el 23 de marzo de 2017, confirmó los procesamientos por los delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia.
Dicho artículo dice: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».
En el caso del Congreso, si los cuatro diputados fueran suspendidos, la mayoría absoluta pasaría de los 176 votos (la mitad más uno de 350) a los 174, aunque faltaría por ver si la Mesa toma alguna decisión alternativa.
La pelota queda, en este caso, en su tejado.
Lo que sí está seguro es que los cuatro políticos presos podrán recoger sus credenciales mañana y tomar parte, el próximo martes, en la sesión constitutiva de las Cortes, en la que se convertirán en diputados.
Más allá, todo está por ver.
