El Juzgado de instrucción número 17 de Madrid ha aceptado una denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y ha citado a la consultora Ernst & Young y a personal del Ministerio del Interior.
El objetivo de la investigación es que declaren sobre la consultoría contratada para reajustar las cantidades del acuerdo de equiparación salarial entre policías.
Según ha informado AUGC, la titular del Juzgado de instrucción número 17 de Madrid considera que «es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado».
Para ello, la juez convoca para el próximo 10 de junio las declaraciones testificales de representantes de la consultora y a personal funcionario que ha estado presente en el proceso de negociación de equiparación salarial que se firmó en 2018, con el anterior Gobierno del PP.
El actual equipo del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, respetó este acuerdo.
Perjuicio ante la Guardia Civil
Seis asociaciones de la Guardia Civil presentaron la denuncia contra el Gobierno por presuntas irregularidades en el proceso de equiparación salarial por el reparto para 2019, en perjuicio de los guardias civiles.
«Unas irregularidades que incumplen el acuerdo firmado entre las asociaciones y el Gobierno en marzo de 2018″, destacaron.
La demanda la suscribieron la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), la Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional (UO), la Unión de Guardias Civiles (UnionGC) y la Asociación Profesional de Cabos (APC).
Falta de transparencia e irregularidades
También se cita al periodista que el pasado 26 de marzo publicó en ‘El Independiente’ una información con el siguiente titular: «Interior ordenó maquillar el informe de la equiparación salarial diciendo que no habría más dinero».
A juicio de AUGC, «la admisión a trámite de la denuncia por parte del juzgado viene a confirmar que existe una sobrada base para la preocupación por la falta de transparencia y las presuntas irregularidades que se observan en este proceso».
Las dudas surgieron con el reparto del segundo tramo, el de 2019, de un acuerdo que contempla 807 millones a repartir entre policías y guardias civiles.
Según esta asociación, el juzgado ha solicitado que la consultora que tenía que recalcular el reparto puesto a puesto le remita los documentos e informes que hayan elaborado en relación con el contrato de los servicios de consultoría para el análisis de la retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
