La Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática ha pedido un informe a la Policía Nacional para que le comunique las circunstancias sobre el caso de la mujer que se suicidó el pasado sábado tras difundirse un vídeo suyo de contenido sexual, para determinar si hay relevancia penal en los hechos y abrir una investigación, han informado fuentes jurídicas.
El vídeo se grabó hace cinco años y fue difundido entre gran parte de la plantilla de la empresa Iveco en San Fernando de Henares (Madrid), en la que trabajaba la mujer.
Si los investigadores ven delito en lo sucedido, el Ministerio Público lo investigará y si procede, lo llevará a un juzgado para que se judicialice el caso, señalan las mismas fuentes.
La comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Henares ha abierto de oficio una investigación.
Los agentes están analizando el vídeo que se filtró y comprobando quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa que trabajaba, del grupo Iveco.
De momento, no hay detenidos. Se investiga si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma por un error la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas.
También ha iniciado actuaciones de oficio La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión por lo que opinaría su marido, que lo vio el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa.
Al día siguiente, se suicidó en su casa, en Alcalá de Henares.
Tras la reforma del Código Penal de 2015, a raíz del caso de Olvido Hormigos, se establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, «sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona».
CCOO, sindicato al que estaba afiliada, ha anunciado que denunciará a Iveco ante la Inspección de Trabajo.
CCOO entiende que lo ocurrido es un accidente laboral y que, además, la empresa, no activó el protocolo de acoso sexual, incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
