Torra pide a Sánchez y a la Fiscalía que reclamen la libertad de los separatistas presos y una ‘indemnización’ para ellos
El presidente catalán, Quim Torra. Foto: EP

Torra pide a Sánchez y a la Fiscalía que reclamen la libertad de los separatistas presos y una ‘indemnización’ para ellos

El Gobierno tilda de 'despropósito' la carta de Torra
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31/5/2019 14:59
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Actualizado: 31/5/2019 16:56
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El presidente catalán, Quim Torra, ha enviado hoy una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a la Fiscalía General del Estado en la que les pide que exijan la libertad de los «presos políticos» y una «indemnización» para ellos, después de que uno de los grupos de trabajo de la ONU calificase de «arbitraria» la prisión preventiva de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, y Jordi Cuixart.

El Gobierno ha tildado de «despropósito» esta carta de Torra instándole a que pida a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que reclamen la libertad de los dirigentes catalanes juzgados por su papel en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

En la misiva remitida a Sánchez, Torra le exige liberar a los presos separatistas a través de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado para cumplir el citado informe del grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que pide la liberación inmediata de Cuixart, Sànchez y Junqueras.

La carta de Torra al presidente del Gobierno en funciones.

ESPAÑA PROTESTA ANTE LA ONU POR LOS ‘ERRORES’ Y ‘DISTORSIONES’ EN EL INFORME SOBRE PRESOS, CON DOS AUTORES PRÓXIMOS A UN ABOGADO DE PUIGDEMONT

Cabe destacar que el embajador de España en Ginebra, Cristóbal González-Aller Jurado, ha protestado hoy ante la ONU por los «errores» y «distorsiones» que contiene el citado informe realizado por uno de los grupos de trabajo de esa organización.

Así lo ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por este trabajo del grupo sobre detenciones arbitrarias de la ONU.

El Gobierno pide transparencia sobre la financiación de estos procedimientos especiales de la ONU para evitar «intoxicaciones». Foto: EP

Ha explicado que el embajador ha presentado lo que se denominan «notas verbales», una para solicitar la revisión de esa «opinión» porque incluye «errores y distorsiones» y otra en la que alega que ha habido conflicto de intereses.

Con respecto a la primera, Celaá ha asegurado que los redactores del trabajo «parecen desconocer el delito» por el que los dirigentes catalanes han sido procesados, «desconocen aparentemente la separación de poderes» y que su situación está en manos del Poder Judicial.

El Gobierno también entiende que el documento supone, además, una «interferencia clara» en el trabajo judicial, porque llega «justo antes» de que el Tribunal Supremo cierre el juicio oral y deje el asunto visto para sentencia.

Por otro lado, España protesta porque dos de los cinco miembros del grupo de expertos han tenido «estrechas relaciones» con uno de los letrados de los políticos independentistas, Ben Emmerson, letrado de Carles Puigdemont y los presos ante la ONU.

El Ejecutivo señala a José Antonio Guevara Bermúdez (México) y a Seong-Phil Hong (Corea del Sur), cuyo contacto con Emmerson «hubiera exigido su abstención», según el Gobierno.

Además, Celaá ha informado que el Ejecutivo también reclama «transparencia» en la financiación de estos procedimientos especiales de la ONU, como el que lleva este grupo sobre detenciones arbitrarias, para impedir que se produzca ninguna «manipulación e intoxicación».

Después, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, también ha informado que ha escrito una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para expresar varias «quejas y solicitudes» en relación con este informe del grupo de trabajo.

Preguntada por la carta de Torra, la ministra Celáa la ha tildado de «despropósito».

Asimismo, ha destacado que corresponde al Tribunal Supremo decidir si los políticos juzgados por el proceso independentista en Cataluña vuelven a cárceles de esta comunidad cuando acabe la vista oral, a la espera de sentencia.

Y ha añadido que «el Ejecutivo no tiene competencia al respecto».

Fuentes del Gobierno han explicado que se confía en que una vez quede visto el caso para sentencia, el Supremo aclare si precisa que los presos permanezcan cerca o no, si pueden esperar el fallo fuera de Madrid, y que será ese el momento de tomar decisiones.

LA FISCALÍA NO SIGUE DIRECTRICES POLÍTICAS

Al parecer, el gobierno catalán todavía no sabe que el Ministerio Fiscal no forma parte del Gobierno ni sigue directrices políticas, sino que el Ministerio Fiscal es autónomo, independiente. 

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal regula en el artículo 8 la emisión de directrices de contenido general por el Gobierno, y señala que la Fiscalía no está obligada a cumplirlas, sino que lo valora después de oír a la Junta de Fiscales de Sala.

El pasado febrero ya se produjo un caso similar por parte de una formación política separatista. ERC reclamó al Gobierno, como condición para aprobar los Presupuestos, que «instara» al Ministerio Público a que no acusase a los separatistas presos. 

BUDÓ: EL GOBIERNO DEBE ‘ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LIBERACIÓN’

La portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, ha manifestado en una rueda de prensa tras un Consejo Ejecutivo extraordinario que el Gobierno debe «adoptar las medidas necesarias para la liberación de los presos políticos» (políticos presos).

Ha dicho que Sánchez «tiene la obligación de dar respuesta a lo que le pide el grupo de trabajo».

La portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó. Foto: EP

Además, ha informado que ha enviado una petición formal a la Fiscalía General del Estado, a través del Fiscal Superior de Cataluña, para que promueva en el Tribunal Supremo «la libertad inmediata de todos los presos políticos» y reconozca el derecho de los encarcelados a ser indemnizados y reparados.

El gobierno catalán considera que el Supremo debe reconocer el «derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional», y que esto lo debe promover tanto la Fiscalía como Sánchez.

Budó ha dicho que la decisión del grupo de trabajo de la ONU concluye que en el caso de los presos separatistas «se han vulnerado varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos», por lo que cree que el Gobierno de Sánchez está interpelado por este informe y debe actuar para cumplirlo.

Si el Gobierno no atiende a sus peticiones, Budó se ha comprometido a «denunciarlo en todos los sitios» y ha afirmado que el grupo de trabajo de la ONU puede tomar medidas y llevar sus demandas a otros actores de Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de los Derechos Humanos.

«Sánchez tiene la obligación de dar respuesta porque, pese a que no hay un régimen sancionador, sí que de alguna manera es vinculante esta decisión del grupo de trabajo. Si Sánchez no contesta, esto no acaba aquí, tiene una continuidad», ha expresado.

En la carta, Torra también insta a Sánchez a difundir el informe de la ONU por todos los medios posibles y a realizar una investigación exhaustiva y de manera independiente del encarcelamiento de los presos, así como adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de «la violación de sus derechos».

Budó ha explicado que el ejecutivo catalán se hace suyas las conclusiones del grupo de trabajo y reitera la demanda de liberar a los presos, y ha trasladado estos acuerdos a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

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