Sergio M., de 29 años, ha sido condenado a un año de cárcel efectiva por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, por un delito probado de maltrato animal del artículo 337 del Código Penal.
El hombre arrojó a su perra a la basura cuando se encontraba gravemente herida, tras ser atacada por otros perros de su propiedad, en octubre de 2012.
«No se concede la suspensión de la pena de prisión de un año, debiendo cumplirse en su totalidad, denegando todo beneficio penológico a la suspensión de la condena, vía artículo 80 y 84 del Código Penal (…) y todo beneficio suspensivo», dice la sentencia suscrita por la juez Sandra Barrera Vinent, en el procedimiento abreviado 164/2013.
La sentencia, hecha pública este lunes, recoge, por expresa petición de la Fiscalía, de que la condena no sea suspendida, solicitud que asumió la juez.
El hombre deberá cumplir la pena de prisión en su totalidad si la sentencia se declara firme.
Asimismo, se le impide ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con animales y la tenencia de animales domésticos durante 3 años. Y deberá indemnizar al Albergue de Valle Colino, por los gastos realizados en la recuperación de la perra.
SIN SIGNO DE ARREPENTIMIENTO
Dicha indemnización se llevará a cabo a través de la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (FECAPAP), con los gastos dispensados a la perra desde que llegó al complejo hasta su total recuperación física y mental.
La petición de cumplimiento completo de la pena realizada por la Fiscalía se basa en la consideración no sólo la «saña» con la que actuó el acusado, sino por el hecho de que durante el proceso y en el juicio no mostró «el más mínimo signo de arrepentimiento».
Así, se considera probado que el joven, de 29 años, introdujo a su perra, de raza pitbull y nombre ‘Isa‘, en una maleta tipo «trolley» gravemente herida por todo el cuerpo y sin que pudiera moverse y respirar, con el «ánimo de darle muerte».
«Sobre las 20,30 horas del día 30 de octubre de 2012 la perra fue objeto de lesiones y gravemente herida en cuello, cabeza, dorso patas y otras partes del cuerpo, cuyas lesiones son compatibles con mordeduras de otro perro. A continuación, en lugar de prestarle asistencia debida, actuando con animo de darle muerte, introdujo a la perra en una maleta azul a modo de trolley pequeño, que cerró con la cremallera, sin que la perra pudiera moverse ni respirar y la llevó, tal y como presenció un vecino desde su balcón, a un contenedor de basura ubicado en la Calle Los Molinos, cerrando el container, y marchándose del lugar. Y cuyo fin era la espera de que los servicios municipales de recogida de basura la vertieran si advertir que estaba la perra, con el resto de residuos sólidos urbanos donde inevitablemente fallecería», dicen la sentencia en sus hechos probados.
«La perra permaneció dentro de la maleta en el interior del contenedor hasta las 21.00 horas del día meritado, momento en que fue escuchada por los vecinos, gemidos y jadeos que no pasaron desapercibidos para una vecina que abrió el contenedor, sacó las bolsas de basura y halló la maleta cerrada, con un ínfimo agujero roído por la perra para poder respirar. Solicitó la ayuda de otro vecino que por alli pasaba habitualmente y entre ambos sacaron la maleta, advirtiendo que lo que había dentro era un perro. Tras llamar al 112, Policía Local, Protección Civil y al Albergue Comarcal Valle Colino, procedieron a abrir con una navaja un trozo de la maleta para que la perra pudiera sacar la cabeza y respirar, dándole agua y tranquilizándola. Posteriormente la liberaron, y en ese ínterin pasó el camión de recogida de basura», añaden.
La perra, que asistió a su propio juicio en calidad de testigo, fue rescatada y derivada al albergue de Valle Colino, donde fue asistida por los veterinarios con tratamientos que duraron casi un mes.
«SADISMO» DEL CONDENADO
En la sentencia se acredita que la perra era sumisa y no violenta, lo que descarta que su agresividad fuera la causa del ataque de otros perros, y advierte de «cierto sadismo» en el condenado al introducir a la perra viva en una maleta, cerrada con una cremallera y con muchas dificultades para respirar.
La perra vivía en un inmueble abandonado en Santa Cruz de Tenerife junto a otros perros de la misma raza, y la magistrada, Sandra Barrera, expone que el condenado sabía «que los perros podrían atacarse y provocarse un sufrimiento inaceptable» y no hacía «nada por evitarlo».
Contra la sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
En la actualidad, la perra se encuentra totalmente recuperada y en manos de otros propietarios.
