El varapalo, de un modo específico y personal, es para el consejero del Tribunal de Cuentas por el PP, José Manuel Suárez Robledano. Es la tercera vez que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anula una propuesta de nombramiento –en este caso el puesto en liza era el de subdirector técnico de la Sección de Enjuiciamiento– impulsada por su persona.
Además, el Supremo impone al de Cuentas 3.000 euros en costas.
Suárez Robledano es el actual presidente de la Sección de Enjuiciamiento de esa institución y también es uno de los tres miembros de la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas.
La sentencia, la 590/2019 de 30 de abril, a la que ha tenido acceso Confilegal y de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, dice de forma muy clara que «El Tribunal de Cuentas ha resuelto la adjudicación del puesto de trabajo con una justificación inconsistente».
El magistrado Lucas Murillo de la Cueva ha presidido también el tribunal sentenciador de la Sección Cuarta, que ha estado formado por los magistrados Celsa Pico Lorenzo, Octavio Juan Herrero Pina, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo y José Luis Requero Ibáñez.
La propuesta de nombramiento ahora anulada fue avalada por la mayoría amplia que ahora tienen en el Tribunal de Cuentas los consejeros nombrados a propuesta del PP, bloque del que forma parte Suárez Robledano.
LA HISTORIA DEL CASO
El puesto anulado fue convocado en su día por el procedimiento de libre designación.
Al mismo concurrieron varios letrados del Tribunal de Cuentas con muchos años de experiencia. Dos de ellos ya estaban destinados en el departamento tercero del que es titular el consejero citado.
El «elegido» tenía que ser Agustín Pérez-Cruz Martín-, catedrático de Universidad de Derecho Procesal de A Coruña, quien, entre 2012 y 2013, ocupó provisionalmente ese puesto, a propuesta del consejero Suárez Robledano.
Pérez-Cruz Martín ocupó el puesto mediante un nombramiento provisional en comisión de servicio, y pasado el periodo máximo de un año, el Tribunal de Cuentas tenía que convocarlo públicamente.
Y así se hizo en el Boletín Oficial del Estado de 16 de octubre de 2013: “Número de orden: 15. Puesto de trabajo: Subdirector Técnico. Número de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento específico: 48.775,02 euros. Subgrupo: A1. Cuerpos: C.L.T.C. y C.S.A.P. Titulación: Licenciado en Derecho. Formación específica: Experiencia en emisión de informes, propuestas y consultas de carácter jurídico. Experiencia en desempeño depuesto similar”.
El problema fue que Pérez-Cruz Martín no lo solicitó.
Sí lo hicieron 16 personas, tres de ellas varios letrados del propio Tribunal de Cuentas.
DE DIECISÉIS, NINGUNO: PRIMERA SENTENCIA
Ninguno de esos candidatos cumplía los requisitos, según la propuesta del consejero citado; el puesto se declaró desierto.
La decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo por la Asociación de Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, que volvió a propinar otro fuerte varapalo a éste órgano constitucional.
“Decir que de los dieciséis solicitantes, todos los cuales reúnen los requisitos exigidos, ninguno reúne las condiciones de idoneidad y confianza necesarias, no es decir nada si no se añaden unas mínimas explicaciones que permitan descartar la utilización de esa fórmula al antojo de quien debe hacer la designación”, decía la sentencia del Supremo de la que también fue ponente Lucas Murillo de la Cueva.
“Explicaciones que deben ofrecer una concreción, aún elemental, de cuál es la idoneidad de la que se habla y de por qué ninguno de los solicitantes la posee ni es merecedor de la confianza”, añade.
VOLVIERON A CONVOCAR LA PLAZA Y LA TUMBARON: SEGUNDA SENTENCIA
La Presidencia del Tribunal de Cuentas volvió, después, a convocar públicamente ese puesto, a la que sí presentó su solicitud Pérez-Cruz Martín, junto a la mayor parte de los aspirantes anteriores.
En esa ocasión, Pérez-Cruz Martín resultó nombrado a propuesta del consejero citado y ocupó definitivamente el puesto de subdirector técnico en el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento.
El nombramiento fue recurrido, igualmente, ante la misma Sala del Tribunal Supremo por la asociación mencionada, solicitando la nulidad del nombramiento.
El Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Pérez-Cruz y como consecuencia de la anulación, se volvió al momento anterior para que el consejero Suárez Robledano volviera hacer una propuesta entre los solicitantes iniciales del puesto.
TERCERA SENTENCIA
En vez de nombrar a cualquiera de los letrados del Tribunal de Cuentas que habían solicitado el puesto y que acreditaban experiencia de muchos años en la Sección de Enjuiciamiento, el consejero Suárez Robledano decidió proponer a Manuel José Alonso Nuñez, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, quien no había trabajado anteriormente en el Tribunal de Cuentas.
La resolución de nombramiento fue recurrida por uno de los letrados del Tribunal de Cuentas solicitantes, Félix Alonso Carbajo, y por la Asociación de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas.
La sentencia citada de 30 de abril de 2019 resuelve el recurso planteado por el letrado del Tribunal de Cuentas solicitante del puesto.
Para el recurso planteado por la Asociación está pendiente de dictarse sentencia.
UN TRIBUNAL DE CUENTAS CONTROLADO POR EL PP
Al formar parte de la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas, Suárez Robledano es uno de los tres consejeros con más poder de la institución.
En julio de 2018 dicha comisión fue renovada, al cumplirse su mandato, y, por primera vez en la historia democrática, pasó a estar controlada al ciento por ciento por consejeros del Partido Popular.
María José de la Fuente y de la Calle pasó a ocupar la Presidencia, que hasta ese momento ostentó Ramón María Álvarez de Miranda García, y Suarez Robledano y Javier Medina, presidente de la Sección de Fiscalización renovaron en sus cargos.
A su compañero de comisión, Javier Medina, el Tribunal Supremo le ha infligido varios correctivos por el mismo motivo que ahora a Suárez Robledano.
Hasta ahora, el partido mayoritario había ostentado dos de los puestos y el minoritario, uno.
Además en enero de 2018, un consejero, de los cuatro a propuesta del PSOE, renunció por motivos de salud, con lo cual actualmente sólo hay tres consejeros a propuesta del PSOE.
La elección de los actuales consejeros del Tribunal de Cuentas se produjo en 2012, (con una mayoría absoluta del PP, en ese momento), y se eligieron siete consejeros a propuesta del PP entre ellos, Suárez Robledano, cuatro consejeros a propuesta del PSOE y un consejero propuesta de IU.
