En la foto, de izquierda a derecha: Javier Guillén (Consultant, Herbert Smith Freehills), Henar González (Socia, Herbert Smith Freehills), José María Marín Quemada (Presidente, CNMC), Iria Calviño (Of Counsel, Herbert Smith Freehills), Manuel Contreras (Asociado Senior, Herbert Smith Freehills), Javier García-Verdugo (Asesor Económico del Presidente, CNMC), Joaquim Hortalá (Secretario del Consejo, CNMC).
Lucha contra los cárteles en licitaciones públicas y economía digital, prioridad para la CNMC en 2019
José María Marín, presidente de la CNMC, invitado del Foro de contratación pública y competencia del despacho internacional Herbert Smith Freehills, abordó los temas más candentes a nivel de competencia
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07/6/2019 06:15
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Actualizado: 07/6/2019 01:11
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El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín, aseguró que la lucha contra los cárteles en los procesos de licitación pública seguirá siendo una prioridad para la CNMC en el año 2019.
Así lo destacó en la mesa redonda organizada por el despacho de abogados Herbert Smith Freehills, durante la que se abordaron cuestiones como el Plan de Actuación de la CNMC para el año 2019, la reforma de la Ley 15/2007, la actualización de la Guía sobre Contratación Pública y Competencia, o la reciente activación de la prohibición de contratar con la Administración Pública.
En particular, Marín abordó la problemática sobre la compatibilidad de la constitución de las Unión Temporal de Empresas (UTEs) para que varias empresas acudan conjuntamente a un proceso de licitación pública con las normas de competencia.
En opinión de Henar González, socia directora del área de Competencia y Comercio de Herbert Smith Freehills en España, habría que saber si estas normas se respetan sólo cuando la concurrencia conjunta es “objetivamente necesaria” al no tener las empresas capacidad para licitar individualmente.
Osi también se tiene en cuenta por parte de la CNMC objetivos empresariales que justifiquen la UTE como, entre otros, “que la actuación conjunta genere ahorro de costes, permita reducir los plazos de entrega o el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas”.
A este respecto, aseguró el presidente de la CNMC que “no existe ningún problema por el hecho de que varias empresas consideren que deben concurrir conjuntamente por aunar sinergias”.
Ahora bien, matizó que estas sinergias “tienen que ser necesarias porque si se trata de empresas competidoras que podrían acudir solas a la licitación y no lo hacen sin justificación alguna, estamos ante un claro reparto de mercado”.
En este sentido, señaló que “son casos que vemos cada día desde la Comisión”, y sostuvo que “diferenciar las UTEs ficticias que tratan de manipular la competencia de las que no lo son, es bastante fácil en la práctica”.
Además, aprovechó para aclarar, que “en caso de duda, lo mejor es pedir una reunión con los técnicos de la CNMC para que las empresas expliquen su pretensión y despejar cualquier incertidumbre sobre si la licitación conjunta es respetuosa con las normas de la competencia”.
Prohibición de contratar con la Administración
Otra cuestión que se debatió fue la reciente resolución de la CNMC que activa por primera vez la prohibición de contratar con la Administración a varias empresas sancionadas por repartirse de manera ilícita varios concursos y, especialmente, al hecho de que se deja en manos del Ministerio de Hacienda la fijación del alcance y duración de la prohibición.
Explicó Marín que desde la CNMC “somos conscientes de la singularidad de la medida por lo que hemos intentado imponerla con rigor y mesura”.
En su opinión, “el marco jurídico no es claro” por lo que “no queríamos incurrir en alguna causa de nulidad por lo que optamos por ser prudentes» en referencia a la posibilidad de que la determinación del alcance y la duración de la prohibición de contratar se llevase a cabo por la propia CNMC.
En este sentido, puso de manifiesto que, para la determinación del alcance de la medida el Ministerio consultará a la CNMC. “Cuando tengamos más experiencia en estos casos podremos actuar con más contundencia”, apostilló.
En el encuentro, se puso también de manifiesto la importancia de la adopción de medidas de self-cleaning o autocorrección una vez activada la prohibición de contratar como mecanismo para reactivar a las empresas afectadas por una causa de exclusión de los procesos de licitación.
Una situación que, en última instancia, podría dejar al mercado con pocos operadores, perjudicando así la competencia.
A este respecto, el presidente de la CNMC señaló que “los programas de cumplimiento son muy positivamente valorados por la CNMC como elemento moderador de la decisión final”.
En este sentido, celebró que “las empresas españolas están implantando programas de Compliance y la cultura de cumplimiento está calando en nuestro país”.
Ahora bien, “el programa de Compliance debe ir acompañado de una realidad de Compliance dentro de la empresa, de modo que no se trate de una mera pantalla”.
La economía digital, vigilada
El presidente de la CNMC también avanzó que entre los retos a los que se enfrenta el organismo para este año 2019 está el de “dar prioridad a la vigilancia y supervisión de los nuevos modelos de negocio en el ámbito de la economía digital y las plataformas de comercio electrónico que ocupan cada vez un lugar más importante en el mercado”.
Señaló Marín que desde el organismo que preside, “estaremos muy atentos al correcto funcionamiento y al respeto de las reglas de competencia en este mercado digital”, para lo que “prestaremos especial atención a la apertura de expedientes”.
Un reto para el que, aseguró, “llevamos tiempo preparándonos”, y para el que “las herramientas con la que contamos van a seguir siendo útiles”.
Explicó que, desde la CNMC “cada vez queremos ser más competentes desde el punto de vista tecnológico en las inspecciones, porque las partes investigadas también van avanzando en tecnología.
Del mismo modo, el presidente de la CNMC adelantó que la Comisión tratará de elevar el límite de 60.000 euros de multa a los directivos sancionados por incumplir normas de competencia.
AL mismo tiempo indicó que, once años después de la promulgación de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia “se ha quedado obsoleta para atender al objetivo disuasorio que persigue”.
Y recordó que desde la CNMC activan estas sanciones “con enorme mesura y responsabilidad” porque, “si bien el coste económico parece bajo, no lo es el coste reputacional que puede llegar a ser muy grave”.
Finalmente, se refirió a la transposición de la Directiva ECN+, para lo que España tiene un plazo de dos años a contar desde el pasado mes de diciembre.
Un paso próximo, que para Marín es “una oportunidad de oro para revisar la Ley de 2007” que, si bien aseguró es una buena norma, “hay aspectos que deben ser revisados”.
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